El Senado ha rechazado este miércoles, por 144 votos en contra, 104 a favor y 8 abstenciones, la moción presentada por el senador de las Pitiusas, Juanjo Ferrer, para aumentar el control en la adjudicación de las 532 viviendas protegidas que se construirán en el barrio de Ca n’Escandell, en Ibiza, y excluir a los funcionarios del acceso a estas promociones, entre otras medidas.
En su intervención, el integrante del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal ha explicado que la finalidad de su propuesta era “poner freno a las corruptelas políticas” y evitar que “se desvirtúen los procedimientos de adjudicación de vivienda protegida”, como ha ocurrido en ciudades como Alicante, Valencia y Logroño.
“No solo cambiaron los requisitos para adjudicarse las viviendas, sino que también las usaron para hacer negocio y especular. Siempre que hay corrupción de este tipo está el Partido Popular”, ha afirmado Ferrer.
La moción pedía supervisar de manera exhaustiva el proceso de adjudicación y garantizar la incompatibilidad absoluta para acceder a estas promociones de cargos públicos y personal eventual de la administración.
También proponía la incompatibilidad para funcionarios o empleados públicos con capacidad de decisión directa o indirecta en el proceso, así como para sus familiares directos.
Además, solicitaba priorizar a la población residente, con un mínimo de cinco años de empadronamiento, dar preferencia a colectivos en situación de vulnerabilidad e implantar un sistema de inspección periódica y efectiva.
De las enmiendas presentadas por PP, Vox y PSOE, Ferrer solo ha aceptado la socialista, que proponía sustituir el requisito de los cinco años de empadronamiento por la obligación de que las personas adjudicatarias se empadronen en las viviendas del municipio.
También planteaba criterios de renta en función del tipo de vivienda, basados en el 30 % del esfuerzo financiero máximo de la unidad de convivencia.
El principal desacuerdo ha llegado desde el Partido Popular, cuyo senador, el también ibicenco Miquel Jerez, ha cuestionado que el texto contiene “discrecionalidades y arbitrariedades” al excluir a los funcionarios.
Los populares habían presentado tres enmiendas para reforzar el control de la adjudicación a través de la Ley de Incompatibilidades y, sobre todo, para defender a “los grandes excluidos de la moción”, en referencia a los funcionarios, “que sostienen los servicios públicos”.
El PP proponía ceder de forma gratuita al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) el 60 % de la parcela 10 del ámbito de Ca n’Escandell para construir 170 viviendas, con el compromiso de reservar una parte para funcionarios.
Jerez ha calificado de “inaceptable” que se considere que tienen “incompatibilidad absoluta” para acceder a una vivienda protegida.
Ferrer ha rechazado la enmienda del PP y ha recordado que el Gobierno aprobó una inversión de 33 millones de euros para construir viviendas para Policía Nacional y Guardia Civil en dos solares de la isla. Ha insistido en que, a su juicio, hay personas en Ibiza que “necesitan estas viviendas por delante de estos colectivos”.
Tampoco ha aceptado la enmienda de Vox, que rechazaba priorizar a la población residente y pedía garantizar la “prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda”.
EFE
la/ja / Redacción
