El Consell Insular de Formentera ha movido ficha este martes para proteger la economía de la isla ante el complejo escenario internacional. Con la constitución de la primera Mesa de Diálogo Social, la institución insular no solo ha abierto un canal directo con patronales y sindicatos, sino que ha lanzado un mensaje claro al Gobierno de España: es urgente que se permita a los consells utilizar sus remanentes de tesorería para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.
El presidente insular, Óscar Portas, junto al conseller de Hacienda, Javier Serra, se ha reunido con representantes de la PIME, la Cámara de Comercio, CAEB y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. El objetivo es articular una respuesta conjunta ante la incertidumbre económica que ya amenaza a sectores clave de la isla, como el transporte y el sector primario.
Gestión responsable frente a limitaciones estatales Desde el Consell se defiende que aquellas administraciones que han mantenido una gestión saneada deben poder movilizar sus recursos propios ahora que el contexto lo exige. «Limitar nuestra capacidad de reacción reduce el margen de maniobra justo cuando más útiles podemos ser para las familias y empresas», sostienen desde la institución.
A pesar de que, por el momento, no se ha registrado un aumento masivo en las peticiones de ayuda en Formentera, Portas ha apelado a la prudencia y a la cautela. «Era importante escuchar de primera mano cómo creen los agentes sociales que este conflicto puede afectar a la isla. Las ayudas deben estudiarse con seriedad para que sean útiles y bien enfocadas», ha remarcado el presidente.
Foco en la triple insularidad La Mesa de Diálogo Social nace como una herramienta estable de coordinación para compartir diagnósticos antes de concretar medidas de apoyo. En este sentido, Portas ha recordado que el Govern balear ya tiene presente la «triple insularidad» de Formentera, un factor agravante que obliga a que cualquier respuesta económica esté estrictamente ajustada a la realidad única de la menor de las Pitiusas.
El Consell queda ahora a la espera de las directrices que se marquen desde la Unión Europea, manteniendo todos los canales de escucha activos para intervenir de forma inmediata si la situación empeora en las próximas semanas.
