La comunidad de propietarios de Vadella Pueblo, situada en Cala Vedella, en el municipio de Sant Josep, denuncia una situación que califican de “insostenible” tras años de conflictos derivados del uso irregular de locales comerciales reconvertidos en «viviendas clandestinas».
Según ha explicado a Noudiari la comunidad de vecinos, hay varios bajos del complejo que están siendo transformados en “pisos patera” sin contar con cédula de habitabilidad ni licencias de obra. Estos espacios, originalmente destinados a uso comercial, se estarían alquilando de forma irregular, principalmente a trabajadores temporales como conductores de VTC, entre otros ejemplos.
Reformas sin permiso y riesgo eléctrico
Los vecinos denuncian que las reformas se realizan sin autorización y de manera precaria, con derribo de tabiques, instalación de cableado improvisado y conexiones irregulares de tuberías y suministros de agua y luz. Esta situación ha provocado ya incidentes como chispazos, subidas de tensión y calambres en distintas zonas de la urbanización.
Además, aseguran que estos locales carecen de suministros legales y que sus ocupantes estarían “enganchados” tanto a la red eléctrica como al agua comunitaria sin contrato, lo que incrementa el riesgo para el conjunto del complejo.
Enganches ilegales y deudas con la comunidad
La comunidad también denuncia el uso fraudulento de infraestructuras comunes, como arquetas eléctricas y desagües. Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, se han detectado conexiones ilegales que han motivado advertencias internas y posibles sanciones, incluyendo la desconexión inmediata del cableado irregular y reclamaciones económicas.
A esto se suma una importante deuda: solo una de las propiedades acumula unos 13.000 euros en cuotas impagadas a la comunidad, mientras que otras adeudan “varios miles de euros adicionales”.
Empresas interpuestas y sospechas de actividad criminal
Los denunciantes sostienen que detrás de estas operaciones habría una estructura organizada con empresas interpuestas como Activos Inmobiliarios y New Mediterranean, así como la participación de testaferros.
Lo más grave, según afirman, es la posible conexión de algunos de estos propietarios con redes de narcotráfico, en relación con detenciones producidas en la denominada Operación Spider en la que estaban implicados estibadores de Valencia. De hecho, la redada en Ibiza vinculada a estos hechos fue en la urbanización.
Falta de respuesta institucional
La comunidad denuncia una total falta de respuesta por parte de las administraciones. Se han presentado denuncias ante el Ayuntamiento de Sant Josep, así como ante compañías suministradoras como Endesa y Aqualia, sin obtener resultados.
“Cada vez que llamamos, nos dicen que no consta la denuncia anterior”, lamentan en referencia a Endesa. Incluso aseguran que, tras avisar a la policía, se presentó una persona que dijo ser de urbanismo pero que no se identificó y que, siempre según su versión, dio vía libre a continuar las obras.
Apropiación de espacios comunes
Otro de los conflictos deriva de la propia configuración histórica de la urbanización, construida en 1984 como complejo turístico. Según explican, el proyecto inicial contemplaba más viviendas de las que finalmente se ejecutaron, lo que ha generado discrepancias sobre la titularidad de ciertos espacios.
Algunos propietarios habrían adquirido sobre plano zonas que nunca llegaron a construirse y que, en la práctica, han sido consideradas siempre elementos comunes. Ahora, denuncian los vecinos, estos espacios están siendo ocupados y transformados sin consenso.
Clima de tensión y posibles acciones legales
Los residentes aseguran sentirse “desamparados” y denuncian haber sufrido en ocasiones comportamientos intimidatorios. Aunque señalan que la situación se ha calmado tras recientes detenciones relacionadas con el narcotráfico, el malestar persiste.
Ante la falta de soluciones, la comunidad advierte que llevará el caso ante la Guardia Civil si no se actúa con urgencia. También han decidido hacer pública la situación para visibilizar un problema que, según indican, refleja el impacto de la crisis de vivienda en Ibiza y la proliferación de prácticas ilegales al margen de la normativa.
Noudiari ha tenido acceso a diversa documentación que respalda estas denuncias, incluyendo actas comunitarias, burofaxes, comunicaciones oficiales y registros de impagos.
