La Junta de Gobierno Local del Ajuntament de Santa Eulària ha aprobado una propuesta de resolución para imponer una sanción de 59.481,62 euros por el cambio de uso de residencial a turístico sin título habilitante en una vivienda unifamiliar situada en suelo rústico del término municipal, en el entorno del polígono 7.
Tal y como informa el Consitorio, el expediente se inició a raíz de un acta de control de alquiler vacacional levantada por la Policía Local el 13 de julio de 2025, así como de un informe posterior fechado el 14 de julio, en los que se constató que el inmueble se estaba comercializando como estancia turística a través de la plataforma digital Secret Escapes durante el periodo estival.
Según el expediente, los agentes comprobaron la existencia de una reserva de cuatro noches, del 13 al 17 de julio, por un importe de 1.065 euros, confirmada por el turista que se encontraba en la vivienda en el momento de la inspección. El informe también recoge que la vivienda podía encontrarse en otros portales de comercialización turística como Voyagé Privé.
La vivienda inspeccionada se encuentra en una edificación unifamiliar ubicada en suelo rústico común. En este tipo de suelo el uso turístico puede ser compatible, pero requiere la correspondiente inscripción en el Registro de Actividades Turísticas. En este caso, según recoge el informe jurídico municipal, no constaba la existencia de título habilitante que amparara el cambio de uso detectado.
La propuesta de resolución plantea la imposición de la sanción en el tramo medio previsto por la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB) para los cambios de uso legalizables, equivalente al 32,5% del valor de la edificación.
Confirmada la sanción por comercializar en Airbnb una vivienda en es Coloms
Además, el Ajuntament resolvió las alegaciones de otro expediente sancionador por un cambio de uso de residencial a turístico sin título habilitante en una vivienda situada en la zona de es Coloms, también en suelo rústico.
La Junta de Gobierno Local aceptó las alegaciones de la propiedad por no tener responsabilidad sobre la infracción, aunque desestimó las de la persona que comercializó la estancia y confirmó la multa de 46.361,60 euros.
La actuación se inició tras una inspección de la Policía Local realizada el 25 de mayo de 2025, en la que se constató la comercialización de la vivienda como alojamiento turístico a través de Airbnb. Durante la inspección se verificó una reserva de una noche, del 24 al 25 de mayo, por un importe de 159,23 euros, así como la prestación de servicios propios de la actividad turística, entre ellos recambio de toallas, servicio de habitaciones, aguas e infusiones.
