El Consell de Ibiza ha obtenido un nuevo respaldo judicial en su lucha contra el intrusismo en el sector del transporte. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma ha desestimado íntegramente el recurso presentado por las mercantiles contra una resolución del Consell que las sancionaba por prestar un servicio de transporte público discrecional de viajeros sin la autorización correspondiente.
La sentencia considera ajustada a derecho la actuación de la institución insular, confirma la validez del expediente sancionador tramitado por el Consell y condena además a las empresas recurrentes al pago de las costas procesales.
Según recoge la resolución judicial, la documentación presentada por las empresas resultó “insuficiente e incoherente”, avalando así el criterio mantenido por el Consell durante la tramitación del expediente. Las mercantiles trataban de justificar la actividad mediante contratos de alquiler de vehículos sin conductor, aunque, según quedó acreditado, los vehículos terminaban utilizándose para prestar servicios de transporte público sin la preceptiva autorización administrativa.
Desde el Consell d’Eivissa destacan que esta sentencia supone un nuevo aval a la labor que desarrolla la institución contra aquellas prácticas que intentan esquivar la normativa mediante estructuras empresariales o fórmulas contractuales aparentemente legales.
La institución insular subraya además que la resolución tiene una relevancia especial porque confirma que la Administración no está obligada a aceptar una mera apariencia documental cuando el conjunto de indicios apunta a una actividad irregular. En este sentido, el juzgado respalda el trabajo realizado por los servicios de inspección y los departamentos jurídicos del Consell en defensa de la legalidad y de los profesionales que cumplen con la normativa vigente.
El conseller de Movilidad y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha señalado que “esta sentencia demuestra que el Consell está preparado para perseguir no solo el transporte ilegal evidente, sino también aquellas fórmulas que intentan disfrazar actividades irregulares bajo una apariencia de legalidad”.
Asimismo, ha añadido que “quien cumple la normativa debe saber que tiene al Consell a su lado, mientras que aquellos que intenten operar al margen de la ley se encontrarán con inspecciones, sanciones y una defensa jurídica firme por parte de la institución”.
Desde el Consell también han querido poner en valor el trabajo coordinado de los servicios de inspección, los técnicos del área de Movilidad y los servicios jurídicos, una colaboración que permite detectar estas prácticas, sancionarlas y defender con éxito los expedientes ante los tribunales.
La institución ha reiterado finalmente su compromiso de seguir intensificando la lucha contra el transporte ilegal en la isla, con el objetivo de garantizar la competencia leal en el sector, proteger la seguridad de los usuarios y defender los derechos de los profesionales que desarrollan su actividad conforme a la normativa.
