La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha participado este miércoles en el Senado en el debate de una moción centrada en la protección de las actividades tradicionales vinculadas al litoral y del patrimonio social, cultural y económico de los municipios costeros. Durante la jornada, Ferrer defendió la necesidad de establecer una moratoria para aquellos establecimientos tradicionales afectados por la aplicación de la normativa de Costas mientras se estudian posibles soluciones que aporten mayor seguridad jurídica.
La alcaldesa estuvo acompañada por el senador Miquel Jerez y por representantes municipales de distintos puntos del litoral español. Antes del debate, los alcaldes mantuvieron una reunión con miembros del Grupo Popular en el Senado para analizar la situación de diversos negocios ubicados en la costa que afrontan procedimientos administrativos o incertidumbre sobre su futuro.
La iniciativa debatida plantea la suspensión temporal de actuaciones con carácter irreversible sobre determinadas actividades tradicionales mientras se revisa el marco normativo vigente. Asimismo, propone avanzar en mecanismos que permitan compatibilizar la protección del medio ambiente con la conservación de actividades que forman parte de la historia y la identidad de numerosos municipios costeros.
Durante su intervención, Carmen Ferrer señaló la importancia de abrir espacios de diálogo antes de adoptar decisiones definitivas. Como ejemplo, se refirió a los establecimientos de Cala Llonga afectados por procedimientos que podrían desembocar en su demolición. En este sentido, defendió la conveniencia de disponer de más tiempo para estudiar alternativas y alcanzar soluciones consensuadas.
La alcaldesa destacó también el valor social y económico de estos negocios, muchos de ellos gestionados por familias desde hace décadas. Según explicó, forman parte del tejido económico local, de la oferta turística y de la memoria colectiva de Santa Eulària, por lo que considera necesario tener en cuenta estas singularidades en cualquier proceso de revisión o adaptación normativa.
Ferrer subrayó además que la conservación del entorno natural y la protección del patrimonio tradicional no son objetivos incompatibles, y apostó por impulsar fórmulas que permitan avanzar en ambos ámbitos mediante la colaboración entre administraciones y agentes implicados.
Por su parte, el senador Miquel Jerez señaló que la preocupación expresada por alcaldes de diferentes municipios refleja una cuestión que afecta a distintos puntos del litoral español. En su opinión, resulta necesario seguir trabajando en medidas que aporten certidumbre a las actividades tradicionales y a los municipios afectados.
Jerez consideró que una posible reforma de la Ley de Costas podría contribuir a clarificar el marco jurídico aplicable y adaptar la normativa a las particularidades de los municipios costeros, con el objetivo de garantizar tanto la protección ambiental como la continuidad de actividades con arraigo histórico y social.
