La polémica macrofiesta organizada en Sant Mateu, dentro del término municipal de Sant Antoni, e interrumpida por las autoridades el pasado 10 de junio, se ha saldado con una multa de 180.000 euros, tras el pago anticipado resuelto por los responsables ante el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento declarará así la conclusión del expediente abierto por la celebración de una fiesta ilegal en una vivienda situada cerca del Camí Vell de Sant Mateu, después de que los promotores hayan reconocido su responsabilidad en los hechos, renunciado a recurrir y hayan efectuado el pago anticipado de la sanción.
El Consistorio inició el procedimiento tras la intervención del evento y formuló una propuesta de sanción de 300.000 euros, al considerar que los hechos constituían una infracción muy grave de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Baleares.
Inicialmente, los promotores presentaron un escrito de alegaciones negando los hechos, siguiendo su curso la tramitación del expediente. Sin embargo, hoy han presentado un escrito de reconocimiento de la responsabilidad por la infracción, la renuncia a recurrir la resolución por vía administrativa, así como el pago anticipado de la sanción.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, esta circunstancia permite aplicar una reducción del 40% sobre el importe de la sanción, por lo que finalmente los responsables han abonado 180.000 euros.
La propuesta de imponer la sanción en su grado máximo, dentro del intervalo legalmente previsto, se fundamentó en la especial gravedad de los hechos y en el elevado riesgo generado para la seguridad de las personas, el medio ambiente y el orden público.
Según indica el Ayuntamiento en un comunicado, entre los elementos que motivaron esta calificación destacan la concentración de aproximadamente 1.000 personas en un espacio no habilitado ni autorizado para este tipo de actividades; la celebración del evento en suelo rústico protegido SRP-ARIP (Es Amunts), además afectado por un Área de Prevención de Riesgos de Incendio (APR); la ausencia de las medidas técnicas esenciales en materia de seguridad, control acústico y prevención de riesgos; y la instalación de infraestructuras temporales y un sistema organizado de transporte y accesos para facilitar la asistencia masiva de público.
Todos estos factores evidenciaban una especial intensidad del riesgo generado y una afectación potencial a intereses públicos esenciales, como la protección del medio ambiente, la seguridad de las personas y la tranquilidad vecinal, circunstancias que justificaron la imposición de la sanción en su cuantía máxima.
Intervención policial
Durante la intervención conjunta de la Policía Local de Sant Antoni y la Guardia Civil del pasado 10 de junio, se constató la existencia de una organización logística propia de un evento multitudinario, con personal encargado de regular los estacionamientos en las inmediaciones, aseos portátiles y grupos electrógenos para el suministro eléctrico.
En el interior de la finca los agentes localizaron a unas 1.000 personas, todas ellas portando pulseras identificativas de acceso. Asimismo, comprobaron la existencia de diferentes espacios con varios ambientes musicales y servicios.
Como resultado de la inspección, el técnico municipal de Actividades levantó acta por presuntas infracciones de la Ley 7/2013, dando lugar al correspondiente expediente sancionador que ahora concluye con el reconocimiento de responsabilidad por parte de los promotores y el pago de 180.000 euros.
La misma ley permite otro tipo de sanciones, no solo a responsables de la organización sino también a empresas proveedoras o incluso a participantes. Noudiari ha consultado al Ayuntamiento de Sant Antoni, a la espera de respuesta, si se han abierto otros expedientes en relación a esta macrofiesta que continúen abiertos.
