El Consell Insular de Formentera ha dictado una resolución para ordenar la demolición y el restablecimiento de diversas actuaciones urbanísticas ejecutadas sin título habilitante en un hotel ubicado en Punta Prima. La resolución desestima íntegramente las alegaciones presentadas por la propiedad del establecimiento hostelero contra la propuesta de demolición y confirma de forma rotunda las conclusiones de los informes técnicos y jurídicos del expediente.
En concreto, la institución insular ha ordenado la demolición de seis actuaciones consideradas manifestamente incompatibles con la ordenación urbanística:
- Un nuevo volumen de aproximadamente 80 metros cuadrados.
- Tres ampliaciones de una edificación preexistente mediante nuevos volúmenes de 10, 50 y 70 metros cuadrados.
- Un porche de estructura de madera situado sobre una cubierta.
- Una escalera de acceso a dicha cubierta.
Asimismo, la resolución exige el restablecimiento de la realidad física alterada en una larga lista de intervenciones no autorizadas. Entre ellas figuran la construcción de un muro de cerramiento, una puerta corredera y una rampa de hormigón; la ampliación de cinco terrazas en planta baja; la reforma integral del edificio de recepción y oficinas; diversos trabajos sobre otro inmueble del complejo; la reforma de una piscina; el derribo de una cubierta inclinada y la reforma interior con ampliación de una terraza.
Rechazo a los argumentos de la propiedad
El informe jurídico elaborado por los servicios del Consell ha rechazado el argumento de la propiedad, que sostenía que las actuaciones eran compatibles con el planeamiento al no haberse agotado la edificabilidad teórica disponible. La administración recuerda que disponer de edificabilidad no implica automáticamente que las obras sean legalizables, ya que deben cumplir la totalidad de los parámetros urbanísticos y contar con la preceptiva licencia.
El expediente concluye que parte de las obras no constituían simples reformas o adecuaciones, sino verdaderos nuevos volúmenes de nueva planta. Asimismo, desestima que la existencia de otros procedimientos judiciales o administrativos paralelos impida la prosecución de esta orden de restablecimiento.
El vicepresidente segundo y conseller de Territorio, Javier Serra, ha remarcado el compromiso de la institución con la legalidad: «La administración insular actuará siempre con rigor, con criterios técnicos y jurídicos y con el mismo nivel de exigencia para todo el mundo. Cuando se detectan actuaciones que no están amparadas por la legalidad urbanística, nuestra obligación es actuar y restablecerla».
Plazos y ejecución subsidiaria
La propiedad del establecimiento dispone ahora de un plazo de dos meses para presentar el correspondiente proyecto técnico de restablecimiento, y de doce meses en total para llevar a cabo la restitución de la legalidad urbanística.
En caso de incumplimiento por parte de la empresa hotelera, el Consell Insular asumirá la ejecución subsidiaria de las demoliciones y obras necesarias, repercutiendo íntegramente los costes a las personas interesadas.
Me parece muy bien. Deberían revisar más y de paso demoler las casas de Mango.