Hoy, fui a comprar vinagre de manzana a Mercadona y me encontré con una amiga que me sugirió llevarme el ecológico. Yo había elegido uno de 99 céntimos, el que me recomendaba costaba 2,50 euros, una diferencia de 1,51 euros, es decir, un 152 % más.
Ella consideraba que el ecológico era una opción más responsable y yo me quedé pensando en qué consistía exactamente esa responsabilidad. Al tirar del hilo, pensé que, si uno de los criterios fundamentales de la sostenibilidad es aprovechar racionalmente los recursos, reduciendo el consumo innecesario de energía y materias primas, ¿qué sucede cuando comprar determinados productos ecológicos exige un esfuerzo económico considerablemente superior? Y, sobre todo, ¿qué sentido tiene una propuesta ambiental que termina convirtiéndose en un privilegio para quienes pueden pagarla?
Conviene aclarar, dado es escenario, que un precio más elevado no significa necesariamente una mayor calidad ni un menor impacto ambiental.
Si para afrontar ese sobreprecio una persona necesita incrementar su actividad laboral, pueden aparecer consumos adicionales. El dinero equivale directamente a energía y la actividad económica que permite obtenerlo tiene consecuencias materiales.
Pero para entender mejor la idea abandonemos la botella de vinagre y observemos el conjunto de nuestra alimentación. En 2023, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) comparó dos cestas mensuales de alimentos saludables para una familia de cuatro personas. La convencional costaba 872 euros y la ecológica, 1.465. Una diferencia de 593 euros, aproximadamente un 68 % más. Para alguien cuyos ingresos netos equivalieran a diez euros por hora trabajada, ese sobrecoste representaría casi sesenta horas de trabajo. Si se repitiera mensualmente, equivaldría a unas 89 jornadas laborales adicionales al año para acceder a esa cesta de alimentos ecológicos.
El cálculo revela una contradicción evidente: aquello que se presenta como una manera responsable exige un esfuerzo extra.
Si la sostenibilidad pretende beneficiar al conjunto de la sociedad, convertirla en un producto exclusivo resulta contraproducente para su propia finalidad. Cuanto mayor sea el esfuerzo económico necesario para consumir ecológicamente, menor será el número de personas que pueda permitírselo. En otras palabras, cuanto más inaccesible resulte la alternativa considerada ambientalmente responsable, más difícil será generalizarla.
Pero, si seguimos tirando del hilo, la cosa toma derroteros todavía más cuestionables.
Hay un metaanálisis publicado en 2023 en Agricultural Systems que concluyó que el rendimiento de cultivo ecológico son, de media, un 18,4 % inferiores a los convencionales. Esto significa que para obtener la misma cantidad de alimentos exige mayor superficie de cultivo.
Está claro que la agricultura ecológica puede favorecer la biodiversidad, pero lo verdaderamente ecológico debería ser el balance completo.
Quizá convendría introducir un concepto más preciso para describir estas cuestiones: “ecoilógico”
Una cosa es producir siguiendo determinados criterios ambientales y otra demostrar que el conjunto del proceso constituye una alternativa sostenible y al alcance de la población.
Pero el hilo es largo y quiero apuntar que esta dimensión social merece especial atención y, si estiramos un poco más, encontramos otra cuestión: quien dispone de dinero puede permitirse determinados productos ecológicos y reconocerse en una conducta ambientalmente responsable. Quien no, debe conformarse con alternativas más baratas y, en ocasiones, soportar además el reproche moral por sus decisiones. La sostenibilidad deja de ser una responsabilidad compartida para convertirse en una distinción de clase.
Así que la responsabilidad ambiental termina dependiendo menos de la conciencia que de la capacidad económica, mientras una persona puede estar perfectamente comprometida con la conservación del entorno y no disponer del dinero necesario para demostrarlo en la caja del supermercado de turno.
La protección del medioambiente necesita transformaciones amplias, capaces de alcanzar a millones de consumidores. Si las alternativas sostenibles permanecen restringidas a una minoría, su capacidad de sustituir masivamente los hábitos de consumo convencionales también queda limitada.
Y en este punto el hilo adquiere un color más que reconocible: el de cierta teatralización de la conciencia ecológica. La etiqueta verde, el envase cuidadosamente diseñado y la promesa de contribuir a salvar el planeta pueden terminar sustituyendo el razonamiento por una tranquilizadora sensación de virtud moral.
Muchas prácticas ecológicas ofrecen beneficios ambientales reales y sus costes pueden estar perfectamente justificados. Pero eso no significa que debamos dejar de examinarlos. Si producir respetando el entorno resulta más caro que hacerlo deteriorándolo, quizá debamos revisar las reglas que permiten semejante cuestión, para empezar desarrollar políticas económicas que hicieran accesibles esas alternativas sin trasladar injustamente los costes a los de siempre, los productores.
En mi opinión, la ecología no debería constituir una doctrina moral, una moda ni una categoría comercial privilegiada.
