Es una de las esquinas más cotizadas del centro de Ibiza, un lugar por el que se pelearían por estar algunas de las marcas nacionales y franquicias internacionales más potentes. Y, sin embargo, lleva cerrado casi cinco años, desde febrero de 2022. Unos cuatro años y nueves meses. Y tiene una explicación.
Está ubicado en número 1 de la calle Madrid, en la confluencia de la avenida de España con la avenida de Ignasi Wallis junto a s’Alamera – Vara de Rey, y fue sede de Sa Nostra en Ibiza, aunque, cuando cerró por completo ya era CaixaBank. Pero el local no es propiedad de CaixaBank, sino de Atela Inversiones SL, según ha informado la propia entidad.
CaixaBank mantiene sobre él un contrato de alquiler de obligado cumplimiento hasta 2030, y a partir de entonces será Atela quien decida su futuro.
Mientras dure el contrato, el propietario no puede disponer del local y tampoco hay margen para que lo ocupe otro.
Noudiari ha podido averiguar por fuentes conocedoras de la situación que la propiedad no permite el subarriendo, por lo que CaixaBank no puede ceder el local a un tercero.
A ello se suma el estado del inmueble. Las mismas fuentes de este medio señalan que necesita ser reacondicionado, una inversión que, con unos cuatro años de contrato por delante, no resulta interesante, por lo que todo apunta a que no se hará.
Lo más probable es que siga como está, cerrado y tapiado, al menos hasta 2030, una anomalía en la zona más cotizada de Ibiza, tanto en alquiler como en compra de bajos comerciales.
Una cadena de fusiones
Para entender la compleja realidad de este local hay que contextualizarlo en una cadena de fusiones bancarias. Así, ha cambiado de manos a medida que desaparecía la entidad que lo ocupaba. Sa Nostra, la antigua caja de ahorros balear, se integró en 2010 en el grupo Banco Mare Nostrum (BMN), al que traspasó su negocio financiero en 2011. BMN fue absorbido posteriormente por Bankia, en 2018, y esta entidad se fusionó con CaixaBank en 2021. Los contratos de alquiler pasaron de una entidad a otra en cada integración.
En el caso de la propiedad de Atela, los contratos que han salido a la luz judicial incluyen una cláusula que prevé que un cambio de arrendatario por fusión o integración no se considere cesión ni requiera el consentimiento del propietario. Por eso CaixaBank sigue vinculada al contrato de alquiler.
Quién es Atela
Atela Inversiones SL es la misma sociedad que el 23 de octubre de 2010 compró a Sa Nostra un paquete de 40 inmuebles por 55,7 millones de euros más IVA.
Lo hizo mediante una operación de sale and lease back: Sa Nostra vendía sus inmuebles y los alquilaba durante 20 años, con una opción de compra sobre el conjunto. La compra se financió con dos préstamos hipotecarios sobre los propios inmuebles, uno de Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida (33,4 millones) y otro de la propia Sa Nostra (22,3 millones).
Esa operación acabó en los tribunales. BMN dejó de pagar las rentas en julio de 2013 y Atela reclamó en 2017. En 2019, la Audiencia Provincial de Baleares confirmó la condena a Bankia a pagar más de 1,7 millones de euros por el alquiler de la sede de la fundación cultural de Sa Nostra, en la calle Concepción de Palma. Bankia sostenía que la operación era nula, pero el tribunal rechazó que hubiera causa ilícita y consideró que las partes actuaron en ejercicio de su autonomía de voluntad. No entró a valorar si hubo delito. El informe pericial que aportó la propia Bankia concluía que la operación se había configurado para que la entidad presentase beneficios en 2010, con 6,6 millones antes de impuestos frente a unas pérdidas de 30,8 millones el año anterior.
Bankia presentó además una querella ante la Audiencia Nacional contra los entonces gestores de Sa Nostra, Pere Batle y Pau Dols, por la venta de inmuebles a Atela. En 2019 el tribunal revocó el archivo inicial y ordenó reabrir la investigación. Los investigados siempre han defendido su inocencia y la legalidad de su actuación.
En 2025, la Audiencia de Palma confirmó el desahucio por precario de otro local de Atela, una antigua sucursal bancaria ocupada, a instancias de CaixaBank como arrendataria. La sentencia recoge que el contrato de alquiler se firmó el 23 de octubre de 2010 y que las hipotecas sobre ese inmueble vencen el 31 de octubre de 2030.
Era rara la situación, pero como todo tenía su lógica explicación.