Las casetas de pescadores, los varaderos, las rampas para sacar las barcas del agua y los refugios tradicionales para embarcaciones de Ibiza y Formentera podrían contar con nuevas medidas de protección a través del proyecto de ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de Baleares. La iniciativa contempla identificar y preservar este patrimonio costero, teniendo en cuenta sus características históricas, territoriales y jurídicas.
Esta cuestión ha centrado parte del V Fòrum de Costes i Litoral d’Eivissa, celebrado este jueves en la sede de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en Ibiza y organizado por la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera. Durante la jornada, el conseller balear del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha expuesto las principales líneas del proyecto normativo y sus implicaciones para la gestión de la costa.
El patrimonio litoral tradicional ocupa un lugar destacado en la propuesta. En las Pitiusas, las pequeñas instalaciones pesqueras, los antiguos puntos de embarque y las construcciones utilizadas para sacar, guardar y resguardar las embarcaciones forman parte del paisaje y reflejan la relación histórica de sus habitantes con el mar. El proyecto prevé establecer instrumentos para reconocer y proteger estos elementos, siempre de acuerdo con la legislación vigente y el régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre.
La situación de cada construcción deberá analizarse de forma individualizada, atendiendo a sus circunstancias patrimoniales y territoriales, su situación jurídica y las condiciones de uso del dominio público. Por tanto, la protección prevista no supone que todas estas edificaciones vayan a quedar automáticamente regularizadas o exentas de las limitaciones que establece la normativa estatal de costas.
La propuesta legislativa también aborda cómo deben distribuirse las competencias entre el Govern, los consells insulares y los ayuntamientos en materia de planificación y gestión del litoral.
Entre los ámbitos tratados figuran la ordenación de actividades, la gestión de las playas y sus servicios, la conservación de los espacios naturales y la preservación del uso público de la costa. El objetivo es establecer un marco autonómico que ordene estas funciones y su relación con la legislación estatal, especialmente con la Ley de Costas.
El foro también ha dedicado varias sesiones a las consecuencias jurídicas de la aplicación de la Ley de Costas de 1988, una normativa que afecta a terrenos y construcciones situados en el dominio público marítimo-terrestre.
José Antonio García-Trevijano, letrado mayor jubilado del Consejo de Estado, ha abordado el régimen transitorio de la ley, mientras que Francisco Jiménez de Cisneros, catedrático jubilado de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, ha analizado los derechos de los titulares registrales de terrenos incluidos en ese dominio público.
La jornada ha reunido a representantes institucionales, profesionales del ámbito jurídico y empresarial y personas interesadas en la regulación costera. El debate ha permitido poner sobre la mesa las dificultades que plantea la aplicación de la normativa y las particularidades de los distintos casos que se dan en el litoral de Ibiza y Formentera.
