El Govern balear expropiará los terrenos de las canteras que no sean restaurados

@Noudiari / El Consell de Govern ha aprobado el proyecto de Ley de Ordenación Minera de Balears para dar respuesta a la necesidad de regulación del sector y crear seguridad jurídica para asegurar la restauración de las explotaciones. El texto aprobado será ahora remitido al Parlamento para su tramitación y deliberación.

Balears se convertirá, con la futura Ley de Ordenación minera, en una de las primeras comunidades autónomas que regula las minas propias, que actualmente son canteras, salinas, aguas minerales y termales.  El texto aprobado por el ha sido previamente debatido con propietarios y explotadores de derechos mineros, consells insulares y ayuntamientos, así como con los grupos parlamentarios en más de 12 reuniones, con el fin de llegar al máximo consenso, explica el Govern balear en un comunicado de prensa.

A estas reuniones se sumó un primer plazo para presentar propuestas de mejora y un segundo plazo de exposición pública para presentar alegaciones. La Conselleria de Economía y Competitividad ha incorporado el 80% de las aportaciones realizadas y un 35% de las alegaciones hechas durante el periodo de exposición pública, asegura el Govern.

El nuevo marco legislativo nace de la necesidad de regular un sector que agrupa 124 explotaciones activas a las Baleares y más de 1.000 sin obligación de restaurar a día de hoy. Actualmente hay en las Islas 1.025 explotaciones “sin obligación de restaurar” (883 en Mallorca, 58 en Menorca, 78 en Ibiza y 6 en Formentera). El sector, que agrupa a 124 explotaciones activas, produce 2,4 millones de toneladas al año y emplea directamente a 422 personas, más toda la ocupación indirecta en el ámbito de la construcción que genera. De estas 124 explotaciones, sólo 10 están exclusivamente en restauración; el resto están explotando y restaurando.

Con la futura Ley, se pretende garantizar la protección del Medio Ambiente, apuntan desde el Ejecutivo balear. La Ley de Ordenación Minera permitirá la recuperación del territorio afectado por las canteras abiertas, abandonadas y futuras. Asimismo, el nuevo marco legal responde a una necesidad de regulación del sector, crear seguridad jurídica y asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de los derechos mineros.

Principios básicos
El proyecto de la Ley de Ordenación Minera recoge técnicamente la realidad del sector y pretende responder a la necesidad evidente de una regulación integral, moderna y eficaz del sector minero balear.  Se mantiene la no registrabilidad del territorio de las Islas, esto significa que no podrá haber expropiaciones de terrenos por parte de explotaciones mineras.

Novedades
El proyecto de Ley incorpora la obligatoriedad de “restauración” de las excavaciones o cualquier terreno afectado por extracciones. La restauración se empezará antes de iniciar la explotación. No se trata simplemente de rellenar, sino que se tiene que dejar el terreno en estado satisfactorio y que no afecte el medio natural. Precisamente, no se permitirá la caducidad de un permiso de explotación de una cantera sin que antes se haya restaurado. En caso de incumplimiento de la obligación de restaurar se contemplan duras sanciones y medidas específicas, como que la Administración podrá asumir esta tarea, y en casos concretos se podría llegar a la expropiación de los terrenos por parte de la Administración.
Un punto destacado es la obligación que todas las explotaciones mineras obtengan la declaración de impacto ambiental antes de diciembre de 2014 por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente.

Otra novedad importante es la actualización de la cuantía de las fianzas. Por primera vez se introduce el volumen de la explotación para su cálculo. Actualmente los avales se calculaban sólo en función de la superficie y a razón de 3.000 euros por hectárea, lo cual hacía que frecuentemente los explotadores renunciaran a la recuperación de su depósito sin restaurar el terreno. En el futuro se tendrán en cuenta dos posibilidades, siendo de obligada aplicación la de mayor cuantía, debiendo el concesionario de una cantera entregar 7.000 euros por hectárea o 40 céntimos por metro cúbico, lo cual significará unas cantidades muy superiores. Las fianzas se abonarán por fase de ejecución, pudiéndose recuperar cada una de ellas a partir de la restauración del terreno.

Consejo de la minería
La nueva norma prevé la creación de un registro minero para conseguir la máxima transparencia, así como la constitución del Consejo de la Minería, como órgano consultivo y de asesoramiento de la Comunidad, en el marco de defensa ambiental y el desarrollo sostenible. Su finalidad será estimular el consenso y la unidad de acción en materia de minería e impulsar la coordinación de los intereses públicos y privados para fomentar una política minera insular sostenible y estar informado de todas las actualizaciones.

De este nuevo órgano formarán parte ayuntamientos, federaciones de municipios, organizaciones sindicales y empresariales, como también colegios profesionales, asociaciones de defensa del Medio Ambiente y otros agentes socio-económicos. Tendrán, entre otras funciones, emitir informes sobre normativas, proyectos de reglamentos, planes sectoriales de actividades de extracción y de restauración.

Consells y ayuntamientos
Unos actores con especial consideración a partir del futuro marco legislativo serán los consells insulares y Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias, que se verán reforzadas. En el caso de los primeros, estos tendrán que emitir un informe previo y vinculando para que se pueda autorizar la apertura de nuevas canteras fuera de zonas de interés minero. En el caso de los ayuntamientos, estos adquieren un papel relevante en todo el proceso administrativo y, asimismo, se prevén medidas compensatorias por el municipio cuando una explotación se ubique en su término.

Disposiciones transitorias
El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno prevé un plazo de un año para la actualización y regulación de las autorizaciones y concesiones de cualquier derecho minero. Todas las autorizaciones, superficies afectadas, zonas a restaurar, etc. serán públicas para todos los ciudadanos y se podrán consultar a través de servidores web (Sitibsa).

Las explotaciones que no se acojan al procedimiento de actualización se declararán caducadas y con obligación de restaurar. En caso de no hacerlo se cursará el expediente sancionador correspondiente y la propia Administración tendrá medios jurídicos para poder restaurarlas.

En caso de que una explotación, sin los derechos correspondientes, hubiera invadido zonas que no los corresponden, tendrán que restaurar los terrenos.