20 años del movimiento antiautopistas en Ibiza: una excavadora en la puerta (I)

Era la tarde del 8 de febrero de 2006 en Sant Jordi, un pueblo acostumbrado al ajetreo tranquilo de un instituto, tres colegios –ahora son 4–, y el vaivén habitual de sus gentes, que se desplazaban a los quehaceres diarios en el supermercado, el trabajo, el bar o en Vila. Pero para Marina Ramón, que entonces tenía solo 17 años y acababa de llegar a casa del instituto, no fue un día cualquiera. Fue el principio de la peor época de su vida. 

“Estaba sola en casa, comiendo, y alguien llamó a la puerta”, recuerda Ramón ahora, 20 años después. “Era el operario de una excavadora que… básicamente, me dijo: venimos a tirar tu casa”. En su cabeza, la posibilidad de que una excavadora llegara ese día a su puerta era aún totalmente remota, a pesar de la nube de recelo que ya sobrevolaba el pueblo. Y la joven Marina se quedó de piedra. No esperaban ninguna excavadora esa tarde. Asustada y nerviosa, llamó a su padre de inmediato. La maquinaria ya había entrado en el campo de la familia. “Allí empezó todo”. 

Y cada “todo” tiene un principio distinto. 

Marina Ramón era entonces la hija menor de Francisca Marí y Joan Ramón. Su padre era encargado de almacén de una empresa de fontanería en Ibiza y propietario de una de las cuatro casas ubicadas en la finca Ca na Palleva. Estaba previsto que las cuatro casas fueran demolidas como parte de las obras de la autovía del aeropuerto que el Govern impulsó fuertemente ese año. 

Esta periodista que escribe había estado en esa casa mucho antes, cuando en los cumpleaños aún se jugaba al escondite y se permitían los sándwiches de Nocilla y los ganchitos. Pero al inicio de 2006 en Sant Jordi los juegos se habían acabado. La historia del 8 de febrero fue solo una pequeña parte de una primavera social que Ibiza no ha vuelto a vivir en 20 años. Una primavera precoz y efímera que irrumpió en pleno invierno.

Unas semanas antes, el 24 de enero de 2006, un grupo de vecinos de Sant Jordi había intentado detener el avance de varias excavadoras en una zona cercana al hipódromo del pueblo. Al día siguiente, ese grupo había crecido. Ya eran casi 50 personas, incluyendo a vecinos, propietarios y propietarias afectadas por las obras de las carreteras, algún político y ecologistas de la isla, según documentó entonces el periodista Joan Lluís Ferrer. Este espontáneo grupo se topó ese día con una docena de guardia civiles que intentaban impedirles el paso a una de las fincas afectadas por expropiaciones forzosas –la de Pere Torres, Can Pere Casetes-. 

Aunque no hubo detenciones aquel día, sí se dieron las primeras cargas policiales ante los primeros bloqueos vecinales durante el inicio de las obras del trazado de la futura autovía del aeropuerto. La prensa de Ibiza reportaba por primera vez en años experiencias de enfrentamiento entre la Benemérita y grupos de vecinos y vecinas: propietarios de viviendas afectadas por expropiaciones forzosas que comenzaban a realizarse transgrediendo la normativa, sin actas previas de ocupación, tal y como demostrarían numerosas sentencias judiciales posteriores.

Del bar a las reuniones de vecinos, asambleas y cafés de madrugada

Dos años antes, Pep Marí Marge, el estanquero de Sant Rafel, conversaba en la mesa de un bar de Forca con su amigo, el ceramista argentino afincado en Ibiza y ya fallecido Kinoto, junto con otros parroquianos. Comenzaba a hablarse de un proyecto de ampliación de la carretera entre Ibiza y Sant Antoni que el Govern balear del Partido Popular pretendía aprobar. Según cuenta el estanquero, las charlas de bar ya habían comenzado porque les había llegado “un chivatazo”. Y el chivatazo se cumplió el 16 de abril de 2004, cuando se aprobó el proyecto inicial de las carreteras de Ibiza-Sant Antoni e Ibiza-Aeropuerto. 

Numerosos vecinos de Sant Rafel comenzaron a recibir notificaciones de expropiación. Algunos se enteraron antes de que llegara la carta, tal y como recuerda con Noudiari el periodista Joan Lluís Ferrer, porque la prensa les llamó por teléfono para preguntarles sobre su situación, tomándoles absolutamente por sorpresa.

Hasta entonces no había en la isla ni túneles ni carreteras de grandes dimensiones, pero los planes iniciales que cruzaban Sant Rafel incluían un largo túnel de más de un kilómetro y una nueva carretera de seis carriles entre la ciudad de Ibiza y Sant Antoni. En algunos puntos localizados la amplitud se maximizaba aún más.

Alentados por Kinoto, tal como recuerda Marí, se organizó una primera reunión de la Asociación de Vecinos de Sant Rafel en el bar El Cruce, parroquia por excelencia del pueblo. “Los afectados nos transmitieron lo que habían podido hablar con las autoridades y ellos decían que no había nada que hacer”, dice Marí, “estaba hecho”.

Pero no se conformaron. Dos semanas después, organizaron una gran primera asamblea a la que asistieron al menos 200 personas, muchas afectadas por los proyectos de Sant Antoni, y otras personas del pueblo, como maestras, vecinas, activistas ecologistas, abogados, incluso un técnico de carreteras y gente de todo arraigo de Sant Antoni, principalmente, que observaba el avance de estas carreteras con preocupación. 

Era la semilla de la Plataforma Antiautopistas. 

Aun así, faltaban muchos y muchas por venir. Un mes más tarde se unieron los vecinos y vecinas de Sant Jordi, afectadas por un proyecto similar que entraba en el mismo modus operandi del Govern que, tras un batacazo de la izquierda, presidía desde 2003 el popular Jaume Matas (actualmente bajo la tutela de Instituciones Penitenciarias): construir carreteras de grandes dimensiones sin contar, principalmente, con la voz de aquellos a quienes afectaban más. 

Las expropiaciones de los proyectos de Sant Antoni e Ibiza-Aeropuerto afectaron a 541 fincas y a 719 propietarios y propietarias de terrenos y viviendas. En Sant Antoni, había 315 fincas afectadas, con 403 propietarios. Mientras que la carretera del aeropuerto afectó a 244 fincas, con 316 propietarios, según datos del Govern. 

Aunque la mayoría de familias perdieron solo terrenos, algunas lo perdieron todo. 

Gracias a la contribución de varios perfiles diversos en las asambleas, estas se convirtieron en un hervidero de alegaciones. Por un lado, para reclamar grandes cambios en el trazado de los proyectos –algunos de los cuáles se produjeron; y por otro, para mejorar las condiciones de expropiación forzosa y llegar a acuerdos más justos por sus propiedades, tras lo cuál, algunos se retiraron. 

En la casa payesa de Ca na Palleva la abuela de la joven Marina preparaba el café temprano, y ofrecía galletas y pan salido del horno a quienes se plantaban en su cocina de buena mañana para “proteger” la casa. Margalida, que entonces tenía 75 años había perdido a su marido Vicent apenas un año antes. Ahora amenazaban su casa los mismos a los que ella y su marido habían votado durante décadas, el Partido Popular que gobernaba en la comunidad balear.

La incredulidad que la acompañaba era un común denominador de muchos de los afectados por estas carreteras. Quizá por eso, y por cierta idiosincrasia ibicenca, aquellos con quienes hemos hablado para este reportaje hablan de “miedo” a hacerse oír en contra de este proyecto, en contra del Partido Popular o Matutes, miedo a “crear problemas”.

En ocasiones los lazos personales cruzaban cualquier línea política, y es que algunos expropiados tenían familiares en las instituciones que no les ayudaron, o incluso en las empresas que se beneficiaban de estas carreteras. 

La Plataforma Antiautopistas había señalado desde el primer día al empresario y ex-político ibicenco Abel Matutes como uno de los grandes ideólogos de la trinchera del aeropuerto y gran beneficiario de las carreteras del Govern. También denunciaron el enorme conflicto de intereses de su hija, Stella Matutes, quien era durante este período clave la consellera de Obras Públicas del PP en el Consell y se encargó de presentar el proyecto junto al presidente del Consell, Pere Palau, en 2004.

La conexión interesada de Abel Matutes en el proyecto no era ni mucho menos una teoría conspirativa del movimiento antiautopistas ante uno de los políticos y empresarios más influyentes de la historia de Ibiza.

Una jueza dio por probado, en 2008, que Matutes planeó y pactó con la constructora de las autovías para agenciarse los miles y miles de metros cúbicos de tierra extraída durante la construcción de la trinchera del aeropuerto –que ahora divide Sant Jordi– para hacer un campo de golf de explotación privada en Platja d’en Bossa. Así, el Grupo de Empresas Matutes se ahorraba, con el uso de estos áridos cualitativos que no le pertenecían bajo ningún concepto legal, millones de euros.

El destino que sufrió esta tierra merece su historia propia.

“Recuerdo que cuando mi padre recibió la carta de expropiación estaba muy enfadado porque él pensaba que esto no hubiera pasado si mi abuelo siguiera vivo”, cuenta Ramón 20 años después. “Lo sintió como una traición personal porque mi abuelo Vicent, su padre, era amigo de toda la vida de Matutes”. Consciente de que quizá no fue así de planeado o intencionado en el orden de las cosas, “a Matutes le dio igual que nos pasaran por encima”, lamenta.

En las manifestaciones de la lucha antiautopistas era común ver referencias a la famosa “curva de Matutes”, como la denunció la Plataforma Antiautopistas. 

Tras venir en línea recta hacia el sur, afectando a 16 casas que encontraba en su camino desde Can Cifre, el trazado de la trinchera planteada sufría una inclinación justo a la altura de la empresa Zumos Naturales, del Grupo de Empresas Matutes, evitando tocar este negocio, que se libró por los pelos, de sufrir alguna expropiación. Otro carril secundario paralelo al trazado de la autovía, con las mismas características, rodeaba la misma empresa del grupo. Pocos metros más al sur, en el camino del trazado de la principal autovía, se ubicaba Ca na Palleva.

“Esos meses mi madre no podía dormir, soñaba, pensaba que nos entrarían en casa mientras dormíamos y vivíamos en alerta.”, recuerda Ramón, afectada a pesar del paso del tiempo.

“Lloré mucho, sigo llorando cuando lo recuerdo, y fue muy duro ver a mi padre jodido, sufriendo porque le quitaban la casa de sus padres, su casa y la que iba a ser de sus hijos. Sufrí por mi abuela, que no volvió a ser la misma…Fue muy duro”. 

La semilla de un movimiento

Aquella entrada sin preaviso que sobresaltó a la joven de 17 años mientras comía sola en casa el 8 de febrero de 2006 no había quedado ahí. Esa tarde, casi como de la nada, unas 250 personas, según algunos testimonios, se presentaron en Ca na Palleva para evitar la entrada de excavadoras. 

“Recuerdo ver a gente conducir por la carretera, ralentizando el coche para ver qué pasaba porque veían las excavadoras y veían llegar a guardia civiles”, recuerda Ramón. “Recuerdo ver a gente aparcar el coche en la cuneta y acercarse a ayudar.”

A ayudar, casi siempre, a base de barreras humanas entre casas, máquinas y fuerzas de seguridad –Guardia Civil y antidisturbios-.

Esa tarde tres personas fueron detenidas, incluyendo el hermano de Marina, Joan Ramón, y quien era entonces miembro de Esquerra Unida, Marián Suárez, que llevaba tiempo frecuentando las asambleas a título personal, junto con una mujer llamada Aída Cortecero. 

A partir de entonces y durante más de tres meses, esta casa se convirtió en el “cuartel general” del movimiento antiautopistas. No sería el único eslabón fuerte de esa cadena de apoyo entre afectados por las expropiaciones. Otras casas, como Can Malalt, a apenas 150 metros, o la de la familia de es Puig, en Sant Antoni, sufrieron enormemente la llegada de excavadoras y también se convirtieron en bastiones del movimiento social que había nacido con la Plataforma Antiautopistas. 

Aquel invierno no quedó otra que incitar el despertar de una primavera social. El 17 de febrero 22.000 personas, según la Policía Local de Ibiza, se manifestaron bajo el lema “No volem autopistes”. 

La casa payesa del siglo XIX de Ca na Palleva, en especial, se convirtió en el punto de encuentro del movimiento en el sur de la isla durante los primeros meses del año.

La casa de Margalida fue frecuentada, entre febrero y mayo de 2006, por amas de casa convertidas en guardianas, vecinos, vecinas, payeses, votantes de todos los partidos del espectro político insular, gente joven y jubilada que de la noche a la mañana se convirtió en activista por sorpresa, en defensa, sobre todo, de un tipo de vecino o vecina que no miraba para otro lado. 

En ese sentimiento empezó todo.

Este es el primero de una serie de reportajes sobre la construcción de las carreteras de Ibiza-Aeropuerto e Ibiza-Sant Antoni que el Govern balear impulsó en 2004. En 2006 se llevó a cabo un gran número de expropiaciones forzosas y se promovió el inicio de las construcciones a gran escala, que generaron un momento casi inédito de movilización social y tensión política en la isla de Ibiza. 20 años después, Noudiari explora estos eventos.