El Ministerio de Consumo ha anunciado esta semana que ha solicitado a la plataforma Airbnb la retirada de 65.000 anuncios de viviendas turísticas que incumplen la normativa en distintas comunidades autónomas. Entre las regiones más afectadas figura Illes Balears, y especialmente Ibiza, donde el Consell insular lleva meses aplicando una estrategia «pionera» que de alguna manera está siendo replicada desde Madrid.
Así lo afirma el conseller e Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo Mariano Juan, en declaraciones a Noudiari al recordar la visita del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy el pasado mes de febrero a la isla. “Fue la primera vez que las políticas contra el intrusismo desarrolladas en Ibiza llegaban a Madrid y eran tomadas como ejemplo”, afirma y añade: “Nos dijeron que querían aprender de los mayores». Aunque esto último lo dice en tono de broma, enseguida aporta cifras que «avalan» que el nuevo sistema de detección y retirada de anuncios turísticos ilegales «está dando sus frutos».
El Consell ha apostado por la automatización, el análisis de datos y los acuerdos con plataformas concretas (Booking y Airbnb) para detectar anuncios ilegales. El resultado ha sido «un descenso del 45% en los anuncios ilegales en Airbnb en un solo año —1.150 menos que en abril de 2024—», destaca Juan y un nuevo modelo de colaboración público-privada que no tenía precedentes en ninguna otra región de España. Juan, sin embargo, no oculta su frustración: «retiras más de 1.000 anuncios en Airbnb pero cada día sale si hay una caravana nueva o un tipi nuevo colgado en Airbnb».
¿Cómo funciona?
Cada 15 días, un sistema informático contratado por el Consell realiza una “foto fija” de todas las viviendas anunciadas en Airbnb y, desde hace unas semanas, también en Booking. El software cruza esos datos con el registro de viviendas turísticas legales y detecta automáticamente las que carecen de licencia o utilizan licencias falsas. Han detectado la picaresca de algunos anunciantes que suben los anuncios en fin de semana o festivos, pensando que el Consell solo trabaja de lunes a viernes en horario de 8 a 15 horas pero la realidad es muy diferente porque esas descargas de datos se hacen en días y horarios aleatorios.
Con esta información se activa un doble proceso: se notifica a la plataforma para que retire el anuncio —en virtud de los acuerdos firmados— y se inicia el expediente sancionador al anunciante. Aunque este segundo trámite puede tardar, lo fundamental para Mariano Juan es la medida cautelar: “Que esa persona deje de ganar dinero de forma ilegal desde el minuto uno”, señala el conseller.
“No se trata solo de ponerle un precinto físico a la vivienda. Lo importante es que desaparezca del mercado, ya sea porque se retira el anuncio o porque se bloquea su comercialización”, añade.
Airbnb, de adversario a aliado (relativo)
El cambio de actitud de las plataformas también ha sido clave. “Airbnb se defiende como puede, y recurrirá la orden del Ministerio, pero lo cierto es que han entendido que ya no pueden ser cómplices del descontrol”, dice Juan al respecto de que la plataforma ha anunciado que va a recurrir la decisión del Ministerio de Consumo de retirar esos 65.000 anuncios.
Según los datos del Consell, el número de anuncios ilegales en la plataforma ha caído un 45% en un año, mientras que la proporción de anuncios legales ha aumentado. Por primera vez, los anuncios legales superan a los ilegales. “Las plataformas saben que tampoco les interesa cargarse el destino”, afirma. “Colaborar con la oferta legal de Ibiza puede ser más rentable para ellas que permitir que se anuncien tipis o caravanas”, subraya el conseller.
En esta línea, el acuerdo firmado entre Consell, Govern balear, plataformas y representantes del sector turístico incluye un protocolo que permite la retirada automática de los anuncios manifiestamente ilegales y la retirada preventiva de aquellos señalados por la administración insular.
La «superoficina» contra el intrusismo a tres años vista
La llamada “superoficina” contra el intrusismo que el Consell anunció que activaría este mes de junio pasando de 12 a 47 personas trabajando tendrá que esperar. Aunque ya han empezado a incorporarse los primeros trabajadores, tanto por promoción interna como externa, el refuerzo no estará completo este año y se trabaja con perspectiva de tres años que es lo que dura el proyecto financiado con cargo del ITS (ecotasa).
Sí que han contratado ya detectives privados para destapar redes ilegales de taxis pirata. Y también van a trabajar la comunicación, con campañas en los mercados emisores para disuadir a quienes pretenden alquilar fuera de la legalidad.
“Queremos que se sepa que esto tiene consecuencias. Que se están retirando anuncios, que se está sancionando y que se está identificando a perfiles que se creían anónimos”, apunta el conseller.
Sobre si se cobran efectivamente o no las sanciones de alquileres ilegales que se ponen (muchas veces a fondos de inversión o propietarios extranjeros difíciles de localizar), Juan subraya que desde la creación de la oficina de lucha contra el intrusismo en 2019, el Consell ha recaudado más de 3 millones de euros solo en multas relacionadas con ordenación turística. «En 2018, antes de que existiera esta estructura, la recaudación fue de apenas 200.000 euros», destaca el conseller.
“Cada año batimos récords, el año pasado llegamos a un millón de euros y este año no va a ser menos”, afirma Juan, quien ve en la automatización una herramienta que permite contener la oferta ilegal sin necesidad de multiplicar la plantilla indefinidamente.
Con la llegada del verano, los datos de las próximas descargas de anuncios en las plataformas —previstas para finales de mayo y junio— podrían confirmar una tendencia que ya se empieza a vislumbrar: por primera vez, en los picos de temporada, no crece la oferta ilegal. “La estamos conteniendo, y eso es muy significativo. Lo ilegal no aumenta. Lo legal sí”, asevera Mariano Juan.
Con el apoyo del Govern balear a través del dinero del ITS, de las plataformas implicadas y del propio Ministerio de Consumo, el modelo Ibiza apunta a consolidarse. “Por primera vez, hay una acción coordinada, con resultados, y que demuestra que se puede controlar lo que parecía imposible”, concluye Juan.
es mucha caradura decir q el gobierno central aprendió del govern balear nada sobre vivienda cuando este último se niega a declaranos como zona tensionada etc etc