Alfonso Rojo, presidente de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef), cuestiona la alarma generada por la posible salida de hasta 800 trabajadores que viven en caravanas en Ibiza, según ha denunciado recientemente una asociación de caravanistas. “Esa cifra me parece excesiva. No tenemos datos de que vaya a haber un éxodo masivo”, asegura. Sin embargo, admite que la isla vive una crisis habitacional sin precedentes: “La precariedad en el acceso a la vivienda es un drama colectivo. No podemos mirar hacia otro lado”, apunta en conversación con Noudiari.
Las declaraciones de Rojo llegan menos de dos semanas después de la puesta en marcha de la nueva normativa del Consell Insular de Ibiza que, entre otras cosas, impone restricciones al estacionamiento de vehículos-vivienda (Ley de Control de Afluencia de Vehículos en Eivissa del Consell), muchos de ellos ocupados por trabajadores de temporada. La Plataforma de Autocaravanas Autónoma cifra en 800 las personas afectadas, pero desde Pimeef, aunque reconocen el problema, llaman a la prudencia.
“Nosotros siempre hemos pedido el cumplimiento de las leyes. No nos gusta ver imágenes de desalojos, pero no podemos permitir asentamientos ilegales. Ahora bien, si hay profesionales que viven así porque no tienen otra opción, tenemos una patata caliente sobre la mesa”, advierte Rojo.
“Lo que era una anécdota se ha institucionalizado”
El presidente de la patronal recuerda que hace unos años ver a alguien viviendo en una tienda de campaña o una furgoneta era anecdótico y remarca que antes de la pandemia ya sugirió a los ayuntamientos que preparasen zonas de aparcamiento habilitadas para autocaravanas y evitar así que tirasen las aguas de sentinas en torrentes, que enganchasen la corriente a cualquier enchufe sin seguridad y otros problemas. Se le acusó de que se crearía un «efecto llamada» pero la realidad ha sido muchísimo peor de lo esperado y sin infraestructuras para, al menos, reducir la precariedad o la insalubridad.
Según Rojo, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un privilegio fuera del alcance de muchos trabajadores, incluidos aquellos con empleo estable. “Hay trabajadores cualificados durmiendo en coches, caravanas, o compartiendo una habitación por 800 euros al mes», denuncia.
“La vivienda se ha convertido en un artículo de lujo”
Uno de los factores que ha provocado esta situación, según Pimeef, es la expansión del alquiler vacacional ilegal, que ha retirado del mercado miles de viviendas residenciales.
“Antes un piso se alquilaba a una pareja de profesores o trabajadores por 800 euros. Hoy se alquila por 1.800 a veces sin contrato y en B. Eso es codicia pura, y la Administración debe actuar”, afirma.
Rojo propone usar el consumo eléctrico como indicador para detectar pisos teóricamente vacíos pero que están alquilados ilegalmente a turistas o a trabajadores pero sin declarar. “Si hay consumo de luz pero está (presuntamente) vacío es que hay fraude”, zanja.
Las empresas, obligadas a hacer de inmobiliarias
Para paliar esta situación, muchas pymes están proporcionando alojamiento a sus trabajadores. Según datos de una encuesta de Pimeef, el 30% de los empresarios encuestados paga o aporta vivienda propia a sus empleados como una forma de fidelización y salario emocional.
“Si podemos ofrecerles una habitación segura a precio de mercado, les estamos protegiendo de estafas y abusos. No es nuestra función, pero no queda otra”, señala.
Sin embargo, incluso esta solución ha sido criticada en algunos sectores, por contribuir —dicen— a encarecer aún más el mercado. Rojo responde: “No nos regalan las viviendas. Las pagamos a precio de mercado. Pero al menos garantizamos un contrato y que no les estafen”.
Rojo insiste en que la crisis no solo afecta a trabajadores de la hostelería o el comercio. También hay funcionarios durmiendo en coches, profesoras que vuelan a diario desde Mallorca y policías que rechazan venir a la isla porque el sueldo no les alcanza para vivir.
Por ello, desde Pimeef reclaman a las instituciones un plus de insularidad real, que compense el alto coste de vida en Ibiza y Formentera. “Un camarero en Soria puede vivir con 1.400 euros. Aquí, por debajo de 2.000, no se sobrevive. Eso también vale para un policía o un médico”, sentencia Rojo que precisamente esta semana tiene prevista una reunión con la delegada del Gobierno, Raquel Guasch, para exigir estas medidas urgentemente y otro encuentro con el Consell para abordar otros temas, entre ellos el de la gestión de residuos.
“No hay que hacer más leyes, hay que cumplir las que ya existen”
El presidente de Pimeef concluye reclamando más inspección, más control y menos inacción. “No es necesario inventar nuevas normas. Lo que hace falta es que se cumplan las que hay, desde el alquiler ilegal hasta las condiciones de habitabilidad. Mientras no haya consecuencias reales, la situación seguirá degradándose”, afirma.
A pesar del panorama crítico de la vivienda, Rojo quiere lanzar un mensaje: «la mayoría de los trabajadores no están viviendo en asentamientos, es una minoría a la que no podemos dar la espalda pero se está generando una imagen en la que la excepción parece la regla y eso tampoco es cierto», concluye.
