EFE / El pleno del Parlament ha instado al Gobierno este martes a legislar para regular el mercado del alquiler de viviendas, impedir los precios abusivos en los contratos de arrendamiento mediante mecanismos de control de precios y promover bajadas de precios en contratos en vigor y futuros.

La cámara ha aprobado, con 30 votos a favor (de Podemos, PSIB, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca) y 25 en contra (del PP, Cs, el Pi y Vox) este punto de una proposición no de ley del grupo Unidas Podemos sobre la garantía del derecho a la vivienda.

El primer punto de la propuesta ha recibido 30 votos a favor, 4 en contra y 21 abstenciones, para instar al Gobierno a asegurar que la próxima ley estatal de vivienda «blinde» su función social y cumpla el respeto a una vivienda digna y adecuada que recoge la Constitución, incluido el acceso a suministros básicos.

Los diputados han acordado además pedir al Gobierno que adopte mecanismos que garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda y su aplicación inmediata y vinculante en los casos de desalojo forzoso sin alternativa habitacional.

El debate se ha centrado en el control del precio del alquiler, si bien la propuesta aprobada reclama también aumentar el parque de vivienda pública en alquiler asequible y mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de viviendas vacías en manos de grandes tenedores.

Al defender la iniciativa, el diputado de Podemos Pablo Jiménez ha denunciado la preocupante subida de los precios de la vivienda sobre todo en Baleares, que «hacen imposible la emancipación de la gente joven pero también el acceso para personas más vulnerables o en situación precarizada».

Ha calificado la situación de «alarmante», con subidas de precios de un 45 % en diez años en las islas según Fotocasa, y los segundos precios de alquiler más caros de España, solo por detrás de Madrid.

Jiménez lo ha atribuido a tres factores, empezando por la reducida oferta de vivienda pública, que ha cifrado en 1.633 casas, si bien ha remarcado que hay 578 más en construcción y otras en distintas fases de licitación. Ha pedido que el Govern siga avanzando en la aplicación de la ley de 2018 y su reglamento.

Por la gentrificación y la turisficación, fenómenos especialmente acusados en Palma y en Ibiza, y por el alquiler vacacional, Jiménez ha pedido «ordenar esta oferta para que los barrios no acaben despoblándose».

Jiménez cree que planificar la actividad económica del centro de las ciudades y del litoral es la única manera de bajar los precios, sujetándose a los índices de referencia, para evitar su continuada alza y «determinar qué zonas tienen más dificultades».

El diputado de Podemos ha defendido «ese control de precios necesario para que todas las personas puedan vivir dignamente», aunque sean iniciativas que molestan «un poco o un mucho a la patronal inmobiliaria».

«No hablamos de la expropiación de nada; intentamos seguir las recomendaciones de Naciones Unidas y adecuarlo a la normativa nacional y a la autonómica», ha dicho Jiménez.

El diputado del PP Sebastià Sagreras se ha opuesto a la medida que ha dicho que «es un ataque contra la propiedad privada, demuestra el fracaso de sus políticas de vivienda y perjudicará aún más a la gente humilde y los pequeños propietarios de Baleares». «Con la izquierda no tenemos ni derecho a la vivienda ni derecho a la propiedad», ha asegurado.

Ha augurado que con el control de precios del alquiler dejará de haber viviendas en el mercado de personas a quienes ya no les interesará alquilar y se fomentará el mercado negro.

El diputado de CS Marc Pérez-Ribas ha acusado a Podemos de generar inseguridad jurídica con esta medida que ha tildado de «auténtica barbaridad que castiga principalmente a los más jóvenes que los expulsa del mercado del alquiler», y ha advertido de que estas políticas «han fracasado donde se han aplicado».

Ha defendido otras medidas como potenciar la colaboración público-privada destinando un porcentaje de esas viviendas que se obtengan del acuerdo a jóvenes, convenios de colaboración del Govern con promotores privados para construir vivienda asequible y que la obra nueva no se destine solo a personas de alto poder adquisitivo, y facilitar el cambio de uso de edificio turísticos obsoletos a vivienda privada.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha asegurado que restringir el alquiler «es comunismo de vía estrecha» y además ineficaz y ha puesto como ejemplo el «fracaso en Estados Unidos y en Francia, donde la ley de 2014 subió un 33 % el alquiler y bajó la oferta un 15 %», y que en Berlin redujo la oferta un 60 %.

Rodríguez ha recalcado que «los pequeños propietarios tienen perfecto derecho a hacer con su casa lo que les salga de las narices» y otras medidas como las que aplica Italia de beneficios fiscales a quienes bajan el precio del alquiler.

Maria Antònia Sureda, del Pi, ha pedido otras medidas como que se incentive la colaboración público-privada en las promociones de vivienda pública o a precio tasado, y se garanticen devoluciones rápidas a los propietarios de vivienda en alquiler en caso de impagos y «seguro que habría más pisos en el mercado».

Sureda cree que la limitación del precio del alquiler solo se podría plantear en algunas viviendas concretas de lugares específicos y en determinadas circunstancias «pero no lo ha de hacer el estado», sino que debería permitir al Govern legislar este hecho.

La diputada de MÉS per Menorca Patricia Font es partidaria de regímenes de contención o de moderación de precios pero ha pedido al Govern que trabaje otras medidas para favorecer el acceso a la vivienda que están pendientes, «sea coherente con los acuerdos que aprueba y enhebre la aguja».

Por parte del PSOE, Joan Ferrer ha asegurado que el Govern ha aumentado la construcción de vivienda pública y también las ayudas al alquiler y ha defendido el control de precios de alquiler «como estrategia complementaria, definiendo zonas de mercado tensionadas, grandes tenedores y prestar especial atención a quienes no tengan vivienda».

El diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas cree que «hay que hacer lo que sea para garantizar el derecho a la vivienda de las familias» porque «es evidente que el mercado no se equilibra solo», por lo que ha calificad de «imprescincible» intervenir en el alquiler en las zonas tensionadas y sobre los grandes tenedores para garantizar un equilibrio.