EFE / El Parlament balear ha reclamado este martes la modificación coordinada de las leyes europeas, estatales y autonómicas para que las administraciones de las islas puedan restringir la venta de viviendas a personas que no residan en el archipiélago.
El PSOE y Podemos, que conforman el Govern autonómico junto con Més per Mallorca, han pactado durante el pleno de la cámara regional una fórmula de consenso para evitar pronunciarse de forma opuesta sobre la prohibición de la venta de casas a forasteros.
Podemos planteaba inicialmente en una proposición no de ley instar al ejecutivo del que forma parte a promover una ley que le habilitara para limitar la compra de viviendas por parte de no residentes, algo que los socialistas consideraban generar falsas expectativas porque esa potestad excede las competencias autonómicas.
El Parlament ha aprobado finalmente una enmienda formulada por el PSOE en la que se matiza que la norma propia debe ser coordinada con el Gobierno central y las instituciones de la Unión Europea porque, según ha explicado el diputado socialista Joan Ferrer, impedir la adquisición de inmuebles a quienes no residan en las islas requiere de ajustes en las normas comunitarias sobre libre circulación de capitales y libre disposición de la propiedad privada.
La restricción de la venta en función de la residencia del comprador formaba parte de una proposición no de ley con otros catorce puntos defendida por el diputado de Podemos Pablo Jiménez con el objetivo de frenar la carestía de la vivienda en el archipiélago, un problema reconocido por todos los partidos que está en el centro del debate político en Baleares.
Jiménez, como el resto de portavoces de izquierdas, ha resaltado los avances en políticas para favorecer el acceso a la vivienda que se han dado en las dos últimas legislaturas, pero ha incidido en que «no ha sido suficiente» y que es preciso adoptar medidas más enérgicas contra la especulación.
En esta línea, otro de los puntos de la proposición no de ley reclama la supresión de la llamada «visa de oro», el permiso de residencia concedido automáticamente a extracomunitarios que compran casas por más de 500.000 euros en España.
La única medida de las propuestas por Podemos que ha sido rechazada por el Parlament, por el desmarque del PSOE de la mayoría de izquierdas, es la que abogaba por reducir de 10 a 5 el número de viviendas a partir de las cuales un propietario es considerado legalmente por la ley autonómica como «gran tenedor», y, por tanto, susceptible de la expropiación de uso cuando los inmuebles estén vacíos.
Tanto el portavoz en el debate del PP, José Luis Camps, como el de Ciudadanos, Marc Pérez-Ribas, han resaltado que las propuestas de Podemos son una constatación del «fracaso» de las políticas de vivienda del Govern, y la diputada de Vox, Idoia Ribas, las ha tildado de «ocurrencias».
El problema de la vivienda ha sido tratado también en el pleno de este martes durante el turno de control al Govern, cuya presidenta, Francina Armengol, ha reconocido que «queda mucho por hacer», aunque durante su mandato el parque público de pisos se ha incrementado un 72 %.
