Llegó la hora de hacer balance de la temporada después de un largo tira y afloja con el Consell de Ibiza y el presidente de la naviera Baleària, Adolfo Utor, se ha traslado en persona a la isla para exponer unas conclusiones demoledoras.
Utor ha reclamado este lunes en Ibiza una “revisión urgente y rigurosa” de la Ley de Control de Afluencia de Vehículos en Ibiza, en vigor desde el 1 de junio hasta el pasado 30 de septiembre, por considerar que penaliza injustamente al transporte marítimo (sobre el que ha remarcado su valor «estratégico» y «cercano» en situaciones extremas como en las recientes inundaciones, transportando a la UME y equipos esenciales) sin haber aportado mejoras reales a la congestión vial de la isla. La naviera no descarta tomar medidas como reducir frecuencias con Ibiza y repercutir en los precios las consecuencias que esta ley está teniendo en sus cuentas.
Durante la rueda de prensa, ofrecida en su sede de Ibiza junto al delegado de Baleària en Illes Balears, Joan Serra, Utor presentó las conclusiones de informe técnico y otro jurídico encargados por la compañía que analizan el impacto de la normativa y cuestionan su eficacia, dando la razón a la naviera en muchas de sus premisas.
“El transporte marítimo es un bien público, esencial para la conectividad y el suministro de las islas. Castigarlo es darse un tiro en el pie”, afirmó Utor.
Caída del 25% en vehículos y 30% en pasajeros
Según los datos de la naviera, que transporta más de 50 por ciento del total los vehículos que entran y salen de Ibiza por vía marítima, entre junio y septiembre se transportaron 15.800 vehículos menos que en el mismo periodo de 2024, lo que representa una reducción del 25%. Esta caída, según Utor, equivale a 7.900 coches menos en la isla, con un promedio de 2,8 pasajeros por vehículo, lo que se traduce en 43.800 viajeros menos.
“No podemos afirmar categóricamente que todo se deba a la ley, pero sí ha tenido un efecto disuasorio. Muchos clientes nos llamaban preguntando si necesitaban permiso o reserva; eso crea barreras de entrada”, explicó.
El descenso ha afectado a todas las rutas entre la península e Ibiza —Barcelona, Valencia, Denia y Palma— y también a los enlaces con Formentera. “Son cifras reales y preocupantes”, subrayó Utor, quien precisó que la reducción del tráfico marítimo apenas ha supuesto un impacto medio de 248 coches menos circulando al día, frente a un parque móvil total de más de 120.000 vehículos en la isla.
«La reducción del tráfico marítimo apenas ha supuesto un impacto medio de 248 coches menos circulando al día, frente a un parque móvil total de más de 120.000 vehículos en la isla«.
Así, el parque móvil, número de vehículos en Ibiza, ha crecido un 150% desde 1996, mientras que la población se ha disparado un 90%. Para Utor, por tanto, uno de los caballos de batalla de las administraciones públicas debería ser ese: la reducción de la población y el control sobre los coches de residentes, pero considera que esas medidas son impopulares y que ha sido más «fácil» ir a por las navieras.
«Efecto llamada» en las matriculaciones
El informe de Meteoclim citado por Baleària también apunta a un “efecto llamada” derivado de la normativa: las matriculaciones de coches en Ibiza aumentaron un 60% en 2025, con 3.466 vehículos nuevos registrados entre febrero y septiembre. “Mientras se restringen los coches que llegan en barco, se disparan los que se matriculan en Ibiza. El elefante está dentro, no fuera”, ironizó Utor. Una idea que remarcó varias veces durante su intervención: que es el parque móvil actual de Ibiza, sobresaturado, el que provoca esa sensación de colapso y que los residentes notan todo el año.
“La saturación no ha mejorado y el transporte marítimo se resiente”
Utor insistió en que el transporte marítimo no es responsable de la saturación de las carreteras. Según los datos oficiales de Ibestat citados en la presentación, en los últimos 16 años el tráfico aéreo hacia Ibiza se ha duplicado, un 96 por ciento más desde 2008, mientras que el marítimo se ha mantenido estable e incluso ha registrado una leve caída del -3%.
“Se ha disparado el tráfico aéreo a 9 millones. Sin embargo, el castigo se aplica al barco, que es el medio más sostenible”, recalcó Utor.
En la rueda de prensa aportaron datos de tráfico aéreo, que ha pasado de 4,6 millones en 2008 a 9 millones en 2024. Sin embargo, los datos de transporte marítimo que aportaron no incluyeron las cifras de la conexión por transporte marítimo entre Ibiza y Formentera. De ese modo, solo indicaron 716.781 pasajeros, un 3 por ciento menos que en 2008.
El presidente de Baleària advirtió que las consecuencias económicas serán inevitables: “Si se restringe la oferta, habrá ajustes. Ajustes en frecuencias, en calidad del servicio y en precios. Y esos precios no pueden ser a la baja”, dijo.
La compañía ya ha reducido servicios: el enlace Denia–Ibiza–Palma no operó este verano y el barco de Formentera dejó de prestar servicio el 15 de octubre, un mes antes que en 2024.
Defensa del transporte marítimo como bien público
Durante su intervención, Utor apeló a las administraciones a reconocer el transporte marítimo como un sector estratégico y esencial para el archipiélago. “No es una cuestión de navieras ni de beneficios empresariales: es una cuestión de conectividad, de economía y de bienestar social”, afirmó.
El presidente de Baleària recordó además el papel de la compañía durante las recientes inundaciones en la isla, cuando reprogramaron barcos para trasladar a la UME y material de emergencia. “Eso demuestra que el transporte marítimo no es un lujo, es una necesidad”, dijo.
En materia medioambiental, Utor defendió los avances de Baleària, que cuenta ya con tres buques propulsados por biogás y ha reducido su huella de carbono un 9,5%. Criticó, sin embargo, que la ley en Ibiza no distinga entre coches eléctricos y de combustión: “Penaliza igual al vehículo más limpio. Es una incoherencia que revela falta de rigor”, añadió.
Petición de diálogo y alternativas
Utor pidió una reflexión colectiva y una revisión consensuada de la ley con criterios “más técnicos y menos populistas”. Propuso restringir la circulación únicamente en los puntos críticos de la isla, en lugar de limitar la entrada por mar.
“No se trata de cerrar la provincia de Madrid porque haya tráfico en la Gran Vía. Hay que actuar en los puntos y horas donde se generan los atascos”, ejemplificó.
El presidente de Baleària aseguró que la empresa mantiene un diálogo abierto con el Consell d’Eivissa, aunque considera que la aplicación de la norma fue “precipitada” y que los sistemas de control “han funcionado con dificultades”.
Confirmó también que Baleària ha recurrido la ley por vía judicial, aunque precisó que no lo hace como “palanca de negociación”, sino para “defender el principio de proporcionalidad y la sostenibilidad del transporte marítimo”.
“No hay monopolio ni chantaje, solo advertencia”
Durante el turno de preguntas, Utor respondió a críticas sobre un supuesto monopolio y de «chantaje» de la compañía a las instituciones.
“No hay monopolio porque no hay barreras de entrada. Cualquiera puede operar aquí. Baleària es la única naviera nacional que queda; las demás han caído. No es chantaje, es sentido común: si una actividad deja de ser rentable, los barcos se irán donde lo sea”, afirmó.
A pesar de la caída de ingresos por la reducción de vehículos, Baleària cerrará el ejercicio en positivo gracias a los buenos resultados en las líneas con África, Mallorca, Menorca y Estados Unidos. “Nos adaptamos, como siempre hemos hecho, pero necesitamos un marco regulatorio estable y racional”, concluyó Utor, que también reconoció haber concluido con buenos números en Ibiza.
Utor sintetizó su mensaje con una frase dirigida a las instituciones:
“Mientras haya personas, habrá coches. Pero si se castiga al transporte marítimo, no habrá conectividad. Y sin conectividad, no habrá economía”.
Hay que recordar, además, que la naviera Baleària ha presentado una demanda contra el acuerdo del Consell de Ibiza del pasado 28 de marzo de la ley de control de afluencia de vehículos en la isla, al solicitar la nulidad de la restricción. En el escrito, la naviera pide al juez que eleve una cuestión de constitucionalidad al considerar que, con la norma de la máxima institución insular, se vulneran los derechos fundamentales de igualdad y movilidad. Sobre este tema, Utor afirmó que no hay avances y que la justicia tiene sus tiempos, que son lentos.
