Han viajado desde México a la isla, llevan apenas dos días en Ibiza con 13 días por delante de vacaciones, y, recién llegados de fiesta a las seis de la mañana, han visto interrumpido su descanso por agentes de la Guardia Civil que les han explicado que tienen que desalojar la vivienda donde se alojan porque va a ser derribada.
Esto es exactamente lo que les ha pasado a un grupo de 18 mexicanos que descansaban esta mañana en Casa Lola cuando se ha puesto en marcha el operativo para cumplir, después de 12 años de ilegalidades, la orden de demolición de más de 2.000 metros cuadrados de esta vivienda vacacional que nunca ha sido legal. Lo único legal en la propiedad es una vivienda de 125 metros cuadrados. En la inspección de hoy los técnicos municipales se han encontrado volúmenes construidos de los que no tenía constancia desde los servicios urbanísticos de Sant Josep.
Tanto ellos como otros grupos de turistas han tenido que salir de la vivienda, somnolientos y con maletas incluidas, tras la entrada de la Guardia Civil y no tienen «ni idea» de dónde van a alojarse el resto de sus vacaciones en pleno agosto y en Ibiza. «Vamos a denunciar todo esto, por supuesto», explicaba a la salida de la vivienda vacacional ilegal un joven visiblemente afectado por los hechos.
En total, cerca de 60 personas estaban alojadas hoy, día del desalojo, entre ellas bebés, familias enteras y grupos de amigos. Todos llevaban pocos días en la vivienda, por lo que el Consistorio ya aprecia un posible delito de estafa, ya que no se puede alquilar una vivienda vacacional, no solo ilegal, sino que va a ser derribada por orden judicial y «a sabiendas de ello».
«Lo tenemos grabado todo», afirmaba otro grupo, molesto con la actuación de las fuerzas del orden, mientras que otro turista mexicano aseguraba que las formas han sido adecuadas pero que «el susto ha sido grande».
Por el momento hay tres detenidos, dos personas de nacionalidad rumana que, al parecer, trabajan en la vivienda y un turista mexicano. Los tres han sido detenidos por resistencia a la autoridad. Un testigo de los hechos, otro turista mexicano, explicaba esta mañana que el compatriota detenido se ha alterado mucho al creer que estaba siendo secuestrado.
Otros turistas, que regresaban de fiesta, se han dado la vuelta al ver el despliegue policial y de medios de comunicación, mientras que alguno ha tenido que regresar a la vivienda porque, con las prisas del desalojo, había olvidado dentro su documentación.
Así, y a pesar de que la orden de entrada y derribo de Casa Lola, propiedad de la polémica empresaria Paquita Marsan (cuyo nombre real es Francisca Sánchez Ordóñez), estaba anunciado desde hace semanas para hoy 9 de agosto a las 9 de la mañana, nadie ha alertado a los turistas del desalojo.
Tal y como estaba previsto y avalaba una orden judicial, Policía local de Sant Josep, Guardia Civil, técnicos municipales y operarios de la empresa encargada de la demolición (Hermanos Parrot) han accedido a la vivienda, después de que un cerrajero rompiera la cerradura y diera acceso a la casa, ya que la propiedad no ha abierto el portón de entrada de manera voluntaria.
En la primera inspección previa a la demolición han trascendido la magnitud de las obras ilegales, que muestran estas fotografías facilitadas por el Consistorio ya que la prensa no tenía permiso para acceder al interior.
Todo lo que se ve en las imágenes es completamente ilegal: una piscina, pérgolas, construcciones para invitados…
Desde primera hora de la mañana la expectación era máxima con todos los medios de comunicación de la isla desplegados ante la entrada de la vivienda ilegal.
Poco después se ha presentado el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, que se ha mostrado «feliz» de que al fin haya llegado el día del fin de las ilegalidades en esta vivienda.
Hay que recordar que no solo casi todo lo construido es ilegal sino que funciona como vivienda vacacional sin licencia para ello (alojando a grandes grupos de turistas, como se ha podido comprobar hoy in situ).
Por si todo esto fuera poco, la vivienda ha sido el marco de grandes fiestas ilegales que han supuesto una auténtica pesadilla durante años para los vecinos del carrer de Porroig de es Cubells por el ruido y el colapso de los caminos con el tráfico rodado que generaba.
El primer expediente de infracción de esta vivienda data de 2010 y no ha sido hasta 12 años después que se ha podido acceder a su interior para comenzar las inspecciones in situ y proceder a la demolición.
Una vez abierto el portón de la entrada, los reporteros allí congregados han podido ver coches de alta gama aparcados (un Lincoln Aviator y un Range Rover, entre otros) y dos caminos adoquinados de gran anchura que dan paso a las construcciones ilegales, la mayoría de ellas camufladas entre pinos y que no se pueden ver ni siquiera con imágenes de satélite.
Tal como autoriza la resolución judicial, a petición del Ayuntamiento de Sant Josep, la entrada a la propiedad se produjo pasados solo unos minutos de las 9 de la mañana, con el objetivo de proceder al inicio de la ejecución subsidiaria de los trabajos de demolición de todo aquello levantado sin licencia. Es decir, que el Consistorio va a demoler lo que la propiedad no ha querido tirar abajo por sus propios medios y más adelante reclamarán la factura del derribo a la propietaria.
El alcalde de Sant Josep, Angel Luis Guerrero, tras conocer los detalles del informe de Policía Local de Sant Josep sobre la actuación, ha asegurado que esperan completar la operación de derribo en dos o tres semanas y que el de hoy es un día «muy importante» que marca «un antes y un después» en cuanto a protección de la legalidad urbanística en el municipio.
También ha felicitado a todos los servicios municipales implicados, que han logrado sacar adelante el expediente de demolición a pesar de todas las paralizaciones por los recursos de la empresaria infractora. «Durante mucho tiempo nos han dicho que no hacíamos nada en Casa Lola, pero todo esto se ha alargado en contra de nuestra voluntad», ha remarcado el alcalde.
Ha agradecido el apoyo de la Guardia Civil (con un enorme despliegue de medios tanto humanos, 25 agentes, como de vehículos en la zona, más de media docena).
Guerrero ha asegurado que la persona propietaria de la vivienda «ha estado estafando a la gente hasta el último momento» a la vista que tenía a 60 personas dentro de la vivienda «que no sabían absolutamente nada de todo esto». «Las fuerzas del orden han animado a los turistas a denunciarlo todo porque han sido víctimas de una estafa», ha añadido. Guerrero ha dicho que le ha sorprendido que no acudieran al desalojo los inspectores del Consell de Ibiza.
La propiedad no se ha presentado en ningún momento. Tampoco representantes legales de la vivienda.
Toda la operación ha sido grabada y documentada por motivos legales.
Las medidas para el desalojo comenzaron la noche anterior con controles en varios accesos temiendo que la propiedad cerrara con una «traca final» como una fiesta ilegal que finalmente no se produjo.
Si por algún motivo vuelven a cerrar la casa a lo largo del proceso de demolición, «volveremos a entrar», ha dicho Guerrero.
En total se prevén derribar, según recuerda la agencia EFE, 1.104 metros cuadrados de construcciones ilegales, entre entre terrazas abiertas y cubiertas, 4 edificaciones anexas, 8 volúmenes en planta baja, 3 piscinas, un depósito de agua, una cisterna en construcción y cimientos de otro anexo, así como varios muros de cierre de parcela y de divisiones interiores, que en total ocupan 1.892 metros cuadrados. A esto hay que sumar las construcciones de las que no tenían constancia clara, como una discoteca interior.
A pesar de los recursos interpuestos por la propiedad para evitar la demolición, el último rechazado por una resolución del Tribunal Supremo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma autorizó el 21 de julio la entrada al complejo turístico para la ejecución del derribo.
