Con la temporada alta tocando a su fin (algunos hoteles de las zonas afectadas por las inundaciones han cerrado ya sus puertas) la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, dibuja un balance que, sin ser pesimista, no obvia los claroscuros para el municipio y la isla. En esta entrevista con Noudiari, advierte del riesgo de perder la identidad familiar de Ibiza frente al empuje del turismo de lujo y del ocio nocturno, y reclama medidas urgentes y realistas para garantizar que los residentes puedan seguir viviendo en la isla, aunque sigue descartando declarar Santa Eulària como «municipio tensionado». Reconoce que esta ha ido una temporada turística irregular y que su municipio ha sufrido especialmente con el fenómeno de los asentamientos, un ‘modelo’ que «no se puede normalizar».
—¿Qué balance hacen desde el Ayuntamiento de Santa Eulària sobre la temporada turística 2025, partiendo de la información que les trasmiten vecinos, comerciantes, restauradores…?
—Ha sido irregular: el comienzo de temporada fue mejor que los meses centrales. La proporción de gasto por parte del visitante ha sido menor y el comercio se ha resentido. El balance a nivel global no es que sea malo, pero por sectores sí que es mejorable.
Desde el Ayuntamiento hemos notado los resultados positivos de todo el esfuerzo de eventos deportivos y culturales que se hacen durante el comienzo de la temporada. Este tipo de viajero tiene más tiempo para nuestras visitas culturales y también para degustar nuestra gastronomía. En los meses centrales de verano, el visitante se centra mucho en sol y playa y, seguramente, también en ocio nocturno.
—En Santa Eulària el turismo familiar ha sido una apuesta y un bastión. El camino que ha emprendido Ibiza hacia un turismo only adult (solo adultos) y de lujo, ¿está beneficiando o está perjudicando a la isla?
—Creo que está opacando, ocultando, lo que siempre hemos sido: un destino que empezó en los años 70 con la turoperación familiar. El Consell de Ibiza ha hecho suyo el sello Ibiza Family Moments que va a poner en valor que siempre hemos sido un destino que da la bienvenida las familias y que, quizás, no se ha potenciado lo suficiente. Hay que equilibrar la notoriedad de otras actividades que tienen muchísima repercusión, sobre todo en redes sociales, y de las que se habla muchísimo y que quizás apagan un poco todo lo que hay de oferta familiar. Siempre hemos destacado el lema ‘Ibiza, All Islands in One’ (Ibiza, todas las islas en una) porque tenemos una isla para todo tipo de público: el focalizarse solo hacia un tipo de visitante hace que se merme la facturación en otras ofertas.
No hemos de olvidar que el transporte en avión es relativamente caro. Para una familia de cuatro personas solo llegar a Ibiza en avión y después afrontar el resto de gastos hace que sea un destino caro. Uno de los factores claves en la menor facturación de cierta oferta complementaria ha sido que han disminuido las familias alojadas en la zona. Hay precios que han subido por la presión en los costes pero el abusar de ese aumento de precio, pensando que “todo vale” y que “todo lo van a pagar”, nos va a poner en nuestro sitio, nos va a obligar a reajustar esos precios. La gente no creo que se queje tanto de los precios, sino de lo que se da por ese precio, de lo que recibe por ese precio.
Yo creo en la diversidad del turista: deportivo, familiar, joven… no podemos pensar que solamente podemos vivir de una tipología.
—¿Ha notado Santa Eulària el estreno de la limitación de entrada de vehículos en Ibiza?
—Clarísimamente sí que lo hemos visto respecto a caravanas y asentamientos de caravanas. En cuanto al movimiento de vehículos creo que estamos todavía en la fase inicial: la evaluación la haremos más de cara al año que viene. Recordemos que empezamos en junio. Clarísimamente en el tema de caravanas sí que lo hemos visto.
—El Consell de Ibiza no ha cerrado todavía el acuerdo con la DGT para poder tramitar las sanciones por incumplimiento. ¿Qué les parece esto? Porque sin sanciones…
—Sí es importante cerrar el ciclo en cuanto a las sanciones, hay que pasar a la práctica y sancionar.
—¿Ha sido falta de previsión o de que hablamos de un ‘año cero’?
—Es un ‘año cero’ de una situación realmente novedosa. Todas las diferentes instituciones tenemos que colaborar y, además, ciertos sectores han estado en contra de estas medidas. Todo eso hace que se tengan que ajustar cosas. Para seguir teniendo un equilibrio en la movilidad se habrán de tomar decisiones probablemente más drásticas de las que se han tomado hasta ahora.
—¿Qué puntos del municipio consideran que están saturados, más colapsados?
—Más que de puntos, yo hablaría de momentos: en playas, mercadillos… Se ha trabajado para que no afecten al día a día de los residentes, mejorando la movilidad y gestionando horarios de visita. Con Las Dalias, por ejemplo, se han aplicado franjas horarias para distribuir mejor los flujos. El gran reto es evitar que todo se concentre al mediodía y repartirlo a lo largo del día.
—El aparcamiento es un tema siempre importante pero los paneles donde supuestamente iban a aparecer las plazas libres para evitar atascos y dar fluidez llevan meses ‘en pruebas’. ¿Qué está pasando con esto?
—Los paneles forman parte del proyecto Ibiza Smart Island, impulsado por Red.es dentro de las ayudas a destinos turísticos inteligentes. La gestión corresponde al Consell Insular y a la operadora adjudicataria, Vodafone, no a los ayuntamientos, que solo indicamos las zonas y plazas de aparcamiento. El sistema debía estar operativo, pero sigue sin funcionar. Mientras tanto, los paneles permanecen en “pruebas”. Lo lógico sería que se pongan en marcha cuanto antes o, en su defecto, que se retiren.
Crisis de la vivienda
—Santa Eulària encabeza los rankings nacionales de municipios más caros para alquilar y comprar. ¿Por qué Santa Eulària no quiere declarar el municipio como «tensionado» para poner en marcha las medidas que ha legislado el Gobierno central para intentar controlar estas subidas?
—No han funcionado esas medidas. Hay estudios que indican que esa limitación de precios no ha favorecido que lleguen viviendas en alquiler a la población donde se han puesto en marcha. Limitar los precios del alquiler no ha dado buenos resultados en lugares donde se ha aplicado, como Barcelona o el País Vasco, porque acaba distorsionando el mercado: en zonas con rentas bajas permite subir precios y en las altas no mejora el acceso para quienes tienen menos recursos. Además, los ayuntamientos no somos competentes en vivienda, ya que la responsabilidad recae en el Govern balear y también en el Gobierno de España, que no ha impulsado suficiente vivienda a precio asequible pese al crecimiento de la población.
—Pero entonces, ¿qué soluciones proponen?
—No creemos en la solución de limitar el precio de la vivienda en el mercado, precisamente por los ejemplos que hemos tenido en otras zonas. Soluciones en estos momentos a corto plazo, complicadas…
Una solución es hacer más vivienda con programas como el de vivienda a precio limitado (VPL) y otra es sacar más vivienda vacía al mercado de alquiler con el programa ‘Alquiler seguro’. Esto último se tiene que explicar mucho mejor. En estos momentos hay una clara inseguridad del propietario a la hora de poner su piso en alquiler.
Respecto al tema de las viviendas a precio limitado, nosotros hemos dado un paso cediendo un terreno y ya hay una adjudicataria para poder construir casi 100 viviendas en Puig d’en Valls de alquiler a precio limitado. Esto ayudará a los trabajadores que tienen un trabajo y una renta pero que no pueden pagar una vivienda porque queda fuera de su alcance.
Es decir, nosotros ya tenemos ayudas al alquiler, pero nos encontramos con gente con rentas por encima del máximo para acceder a una ayuda pero que tampoco pueden emanciparse pagando un alquiler al precio de mercado. Es quizás a donde dirigimos esas viviendas de precio limitado.
—¿Le preocupa que la mayor parte de los contratos de compra-venta que se están firmando en su municipio sean de personas extranjeras?
—Me preocupa que la vivienda que se está haciendo ahora sea solamente por inversión, no para vivir. Entonces, más que sean viviendas para extranjeros o no, me preocupa que el uso no es para residentes sino para gente que solamente la va a utilizar unos meses al año o que la ve como una inversión, que no tienen esa idea de vivir en ella o alquilarla a un precio asequible a residentes.
—Como alcaldesa, ¿le preocupan las consecuencias dramáticas que esto tiene y tendrá en su municipio?
—Sí, pero también es cierto que se pone mucha presión sobre un ayuntamiento y el ayuntamiento ni establece precios ni establece terrenos ni establece planeamiento ni establece esos límites. A nosotros nos interesa un pueblo que tenga vida todo el año porque, si no, pierdes ese bar, ese comercio local, esa vida local todo el año… Para nosotros es importante que haya vida todo el año.
—Más allá, hablamos de un futuro completamente incierto porque la población local, desde un funcionario que viene a trabajar a los hijos de un residente no van a tener vivienda. Se compromete el futuro de la población.
—Realmente es un problema real, actual… Se culpa mucho al turista pero hay que ver los datos de la población: en el año 2000 la isla no llegaba a 90.000 habitantes y ahora estamos en 162.000, un 80 por ciento más de residentes. Evidentemente no se ha creado una vivienda y ese problema es de necesidad inmediata y, seguramente, la solución no es inmediata. Hay que mover todas las iniciativas posibles: viviendas de protección oficial, viviendas de precio limitado y posibles aperturas de vivienda que ahora están cerradas…
Nosotros, ya desde después de la pandemia, tenemos ayudas al alquiler, ayudas a la compra de la primera vivienda y 50.000 euros para el retorno del talento. Tenemos iniciativas modestas, porque seguramente los recursos que se necesitan son mayores, pero con ellas animamos a la gente a regresar a Ibiza, porque queremos gente arraigada. Necesitamos gente que se plantee vivir por más tiempo, establecer una vida con dignidad y adecuada.
—¿Tienen pensado aplicar la ley que permite edificar vivienda en suelo rústico? Hay un plazo de un año para aprobarlo en pleno. ¿Qué áreas de transición podrían desarrollarse?
—Nosotros no tenemos muchas y no nos lo planteamos sin una puesta en conjunto con el Consell. No iremos por libre por varias cosas. Hay unas limitaciones en materia de recursos hídricos, por ejemplo, y hemos de estar seguros de que tenemos la capacidad de atenderlas bien. No nos las planteamos en zonas que no estén rodeadas de infraestructuras de movilidad, infraestructuras educativas…. serán solamente para completar tramas urbanas. Y en todo momento no es para atraer a gente de fuera, sino para poner viviendas a precio limitado, dar ilusión a la gente que realmente está viviendo en la isla y que en estos momentos se está planteando irse porque no tiene vivienda.
—¿Dónde están estas áreas de transición?
—No están ni en Santa Gertrudis ni en Sant Carles. Entonces se están planteando en Jesús y en Santa Eulària.
—¿El Ayuntamiento nunca ha cedido un terreno al Ibavi para construir VPO?
—Todos los planeamientos que se establezcan tienen que dejar un 30% de su suelo urbano a VPOs urbanizable. Con las normas subsidiarias 2011-2012, se cumplió con creces ese suelo. Pero no se hizo por parte del IBAVI sino en régimen de cooperativa. Las únicas viviendas de protección oficial en los pasados ocho años fueron 65 en la primera legislatura y 45 en Puig d’en Valls.
En la legislatura pasada le ofrecimos al IBAVI un listado de terrenos y entonces no recibimos respuesta…. Nosotros no hemos vuelto a ahondar en ello y nos hemos orientado hacia las VPLs (viviendas a precio limitado): se cede un terreno municipal durante 75 años, una empresa construye estas viviendas, las alquila y, cuando acabe este periodo, vuelve al Ayuntamiento. Vemos que es la vía más ágil y más rápida para poder tener un resultado y nosotros creemos que en el 2027 ya tendremos estas 100 viviendas a disposición.
—Por los datos que tengo, en Santa Eulària no hay ni un solo propietario que se haya adherido al programa Lloguer Segur (el programa alquiler seguro que promueve el Govern para sacar viviendas vacías al mercado con garantías) y solo uno en Vila y otro en Sant Josep. ¿Qué está pasando?
—Nos hemos de sentar y replantearlo: ¿es un tema de seguridad?, ¿es un tema de cifras?, ¿es un tema que no se ha explicado bien? Tenemos que reaccionar lo antes posible. En Ibiza hay muchas inversiones por parte de residentes para garantizar una casa para un hijo o para un familiar. Son inversiones que se quieren recuperar cuando se necesitan, pero, mientras tanto, pueden ser perfectamente un alquiler. Cuando se ve que hay poca repercusión, hemos de ver si se ha comunicado lo suficientemente bien.
—Santa Eulària ha focalizado la atención por dos asentamientos, Can Rova I y Can Rova II ¿Por qué cree que en Ibiza se ha llegado a una situación de chabolismo?
—No hay opción de vivienda y hay ciertos grupos que han optado por asentamientos, o bien a iniciativa de alguien privado que lo ha promovido, o bien ocupando un sitio a iniciativa de un grupo. Hay gente que tiene una situación irregular en la isla y un trabajo irregular y otra gente que tiene un trabajo regular, con una situación regular…. Los motivos son la falta de vivienda y buscar una solución inmediata para poder estar aquí temporalmente. Evidentemente ni es lo óptimo ni es lo deseable. Esto no se puede expandir. Cuando no se puede estar en un sitio, no se puede estar. Se ha de ayudar a recuperar la dignidad, es decir, no estar sí o sí y como sea.
—Pero muchos usuarios de estos asentamientos son mano de obra de hoteles, de constructoras…es decir, que hacen un trabajo que se necesita en Ibiza. Si no estuvieran estos trabajadores, muchas empresas lo padecerían.
—Seguro, seguro. Pero eso no es excusa para poder aceptar esa situación. Hemos de solucionar que los trabajadores estén de manera digna, no podemos seguir trabajando sabiendo que esos trabajadores no tienen un sitio donde estar.
—La solución que plantean los autocaravanistas: habilitar un terreno donde estacionar, con acceso a agua y luz, es decir, un lugar controlado y con limpieza. ¿Qué les parece?
—Yo, sinceramente, no lo veo. Ni como tema turístico ni como tema de vivienda. Es una tirita. Si estamos diciendo que ‘no’ a más camas hoteleras, ‘no’ a más viviendas turísticas, si estamos parando el incremento de plazas… Decimos que tenemos tres campings con una capacidad y esta es la máxima que puede puede abordar el destino. Son camas que el destino en estos momentos no puede absorber. Y en tema de vivienda exactamente lo mismo, es decir, tenemos que aportar soluciones: muchos establecimientos turísticos, incluso dentro de sus propios hoteles, han buscado soluciones de vivienda porque, si no, no pueden abrir. Estar dentro de una caravana viviendo no creo que sea la solución.
Si optamos por dar esa situación temporal como solución, al final lo temporal va a ser permanente y yo no lo veo como una solución a la vivienda. Oficializar que una vivienda sea una caravana no lo veo como una solución, sinceramente.
—¿El Ayuntamiento ha activado medidas preventivas para evitar otros asentamientos en el municipio?
—Estamos atentos a monitorizar que haya asentamientos. A veces ocurren en zonas privadas y a veces en zonas públicas y hacemos advertencias. En los asentamientos hay una carencia de seguridad que quedó plasmada en Can Rova II.
Hay que buscar que aquellos que llegan a la isla lo hagan sabiendo que van a tener una oportunidad de vivienda, un alojamiento. Nosotros podemos atender a personas en situación de vulnerabilidad pero tenemos una capacidad limitada. El empresario que contrata y la persona que llega tiene que tener perspectiva de alojamiento.
—¿Tienen localizado algún nuevo asentamiento en Santa Eulària?
—En estos momentos, no.
—Sigue sin cumplirse el compromiso del Consell de Ibiza de crear una estación de autobuses en Santa Eulària. ¿Qué avances hay al respecto?
—En este tema somos optimistas. En la zona de Can Blai, que es la de expansión de Santa Eulària, disponíamos de 29.000 metros cuadrados —de los que más de 8.000 ya se han cedido al colegio y accesos— donde irán la unidad básica de salud y la estación. Tras consultarlo con los técnicos cambiamos un poco las ubicaciones de una y otra cosa y se han pasado todos los planos. En estos momentos los técnicos junto con el Consell ya están trabajando en esta estación de autobuses. Lo ideal sería, como mínimo, tener el proyecto dentro de esa legislatura.
Serpientes
—El municipio de Santa Eulària es uno de los que más ha sufrido y sufre la plaga de serpientes. ¿Cómo se ha sentido al saber, tal y como hemos publicado en Noudiari, que la oposición de los técnicos del propio Consell de Ibiza frustró en 2015, hace 10 años, una campaña para erradicar las serpientes de Ibiza?
—Recuerdo que en 2019, en uno de mis primeros plenos como alcaldesa, ya presentamos una moción con medidas para erradicar las serpientes. Es decir, llevamos muchos años tomando medidas… a medias y es una lástima que ahora tengamos que redoblar los esfuerzos. Nunca es tarde, pero sí es cierto que deberíamos haber actuado antes.
Lo importante ahora es mirar hacia adelante. No sirve de mucho especular con lo que hubiera podido ser, sino trabajar con contundencia desde ya: estamos en octubre de 2025 y tenemos que asegurarnos de que todas las instituciones tomamos medidas, tanto para impedir que entren más serpientes desde fuera como para erradicar las que ya están aquí. No podemos permitirnos plagas de este tipo, ya sea de serpientes o de xylella…. El medio ambiente hay que tomárselo muy en serio.
—¿Pero alguien tendrá la responsabilidad de las decisiones tomadas o no tomadas? Ahora tenemos un problema medioambiental grave y hay unos responsables.
—Quizás sí toca pedir explicaciones a quienes tomaron aquellas decisiones. Yo me he enterado de lo ocurrido a través de informaciones periodísticas y quizás sí toca pedir explicaciones.
Can Marçà y Cruce de Cazadores
—¿Qué plazos manejan para la reforma del tramo de Can Marçà, donde este verano hemos tenido accidentes mortales terribles?
—Efectivamente, la reforma de Can Marçà es prioritaria. El Consell d’Eivissa había adquirido el compromiso y ya cuenta con el proyecto de ejecución. Lo que hemos acordado es que, si el Consell no podía ejecutarlo directamente, nos lo trasladara al Ayuntamiento.
Ese proyecto ya nos ha sido entregado, lo estamos revisando y en breve lo sacaremos a concurso. Mi intención es poder licitarlo antes de que acabe el año y, si todo va bien, que las obras puedan ser una realidad antes del próximo verano. Siempre con la prudencia de que no quede desierto el concurso y no haya que repetir el proceso.
Es cierto que el Consell tiene ahora otros proyectos importantes en marcha —como el asfaltado de la carretera de Jesús al vertedero o la reforma del cruce de Cazadores— y el de Can Marçà había quedado un poco relegado en la cola de concursos. Por eso hemos optado por esta fórmula de colaboración.
—¿Y cómo está el tema de la reforma del cruce de Cazadores, que también sufrió retrasos en la adjudicación?
—Según la información que tenemos, en octubre comenzarán las obras. Lo ideal es que empiecen fuera de temporada, y estamos preparados para que así sea.
Expediente a Valoriza
—¿En qué punto se encuentra la apertura de expediente a Valoriza por incumplimiento de la contrata?
—Tras seis meses hemos abierto un expediente administrativo porque Valoriza no había implementado en plazo lo que debía tanto a nivel documental como en la plataforma digital. No es un tema operativo todavía —eso podría llegar en el futuro si fuera necesario—, pero sí de cumplimiento administrativo. La empresa ha presentado alegaciones y también algunas rectificaciones, que estamos analizando en este momento.
—¿Esto puede llegar a la rescisión de la contrata?
—De momento, no. Se trata de programas muy complejos de implementar y aún están en ese proceso. Como ejemplo, ahora están incorporando nueva maquinaria, lo cual supone un avance. El expediente es, en este sentido, un toque de atención: se les señala lo que no han hecho bien y se les obliga a rectificar, presentar un proyecto de mejora y ponerse las pilas, ponerse al día. Ya han empezado a entrar camiones nuevos y la mejora se empieza a notar desde este primer aviso. Creo que el expediente ha sido necesario para que reaccionen y hagan las cosas bien.
—¿Cómo va Santa Eulària a cumplir los compromisos municipales de consumo de agua desalada por la situación de sequía para evitar la sobreexplotación de agua de pozo?
—Hemos tenido dos dificultades principales: por un lado, la capacidad de Abaqua para suministrar agua desalada; y, por otro, la capacidad del propio municipio para distribuirla, ya que muchas zonas funcionaban con pozos independientes y no estaban preparadas para recibir agua desalada.
En estos años hemos hecho inversiones importantes en depósitos y conexiones para poder ampliar esa red. Gracias a ello, por ejemplo, el pasado invierno el 70% del consumo fue de agua desalada y el 30% de pozo. En verano la situación es distinta porque la demanda es mucho mayor y hay municipios que dependen únicamente de la desalada, lo que hace que la capacidad de suministro sea insuficiente. De ahí la necesidad de construir la cuarta desaladora. Aun así, en el cómputo anual estamos en un consumo aproximadamente del 50% de agua desalada y 50% de pozo.
Nuestro compromiso es consumir toda el agua desalada que Abaqua nos pueda suministrar. Pero para poder hacerlo necesitamos seguir ejecutando obras de conexión: todavía hay barrios que solo se abastecen de pozos. Lo que hacemos es conectar esos pozos a los depósitos municipales, donde se mezcla con agua desalada y se redistribuye. Tenemos un plan de unos 3,5 millones de euros para avanzar en estas conexiones en cuanto acabe la temporada, en octubre.
Hay que tener en cuenta que la situación de Santa Eulària es particular: para llevar agua desalada a zonas como Sant Carles, Cala Mastella y todo el norte, el Ayuntamiento tuvo que hacer una conexión de 17 kilómetros. También en núcleos como Jesús o Puig d’en Valls se ha hecho mucho trabajo. En Jesús, por ejemplo, está previsto construir un nuevo depósito cuando acabe la temporada para mejorar la presión y la calidad del suministro, sobre todo en la zona de Cap Martinet, donde a veces el servicio resulta precario.
—¿Conoce las quejas por la cal del agua y mala calidad en Puig d’en Valls este verano?
—Ha habido alguna queja en relación con el agua calcárea. Lo estamos analizando, porque en teoría los controles diarios de calidad garantizan que el agua sea potable en todo momento. Si en algún momento hubiera una mínima duda sobre su potabilidad, se avisaría inmediatamente a la población.
Futuro político
—Después de dos legislaturas, ¿va a optar a un tercer mandato o tiene ya otros planes?
—Ahora mismo sería poco prudente pensar en qué haré en 2027. Lo que toca es centrarse totalmente en este mandato, de 2023 a 2027, y trabajar con el compromiso “a full”, como yo digo.
Estamos satisfechos con algunos avances, con otros no tanto, y la obligación es seguir mejorando con humildad. Al final estamos aquí para dar servicio a los ciudadanos que nos pusieron al frente con unos compromisos muy concretos.
Pensar en el futuro más allá de 2027 no me parece adecuado ahora. Hay cuestiones personales, de partido y de planteamiento político que se tendrán que valorar en su momento. Pero lo que corresponde hoy es trabajar intensamente: los que están conmigo saben que mi compromiso es firme con este mandato y no pienso en otra cosa.
Por supuesto, este trabajo implica sacrificios personales, pero compensa: compensa ver cómo avanzan proyectos como las escoletas, las mejoras para mayores o muchas otras iniciativas. Es verdad que siempre quedan cosas pendientes y hay problemas muy serios como la vivienda, los residuos o el agua, que debemos afrontar desde la responsabilidad institucional.
Por eso, más que pensar en qué pasará en 2027, lo que me preocupa ahora es que todas las medidas que tomemos hoy estén bien encaminadas para dar soluciones reales a nuestros vecinos. Lo importante es que, cuando llegue el momento, no nos arrepintamos de no haber actuado.
—¿Pero usted tiene ganas de seguir?
—[Sonríe ampliamente] Siempre tengo muchas ganas de trabajar.
—¿Cuáles son los cinco logros de los que estaría más satisfecha de los últimos años, incluyendo la legislatura anterior?
—Seguramente me deje cosas, pero destacaría, primero, la transparencia: hemos sido reconocidos como el municipio más transparente de España, y eso refleja el esfuerzo de todos los departamentos por acercar la administración a la ciudadanía.
Segundo, las políticas de conciliación familiar. Hemos pasado de 79 plazas públicas en 2019 a casi 190 en un año, y hemos reforzado servicios como la escuela de Pascua o los Punt Joves. Las familias y los niños están en el centro de nuestra acción.
Tercero, el planeamiento y la movilidad. Gracias a modificaciones urbanísticas desde 2019 hemos podido desbloquear proyectos como el nuevo colegio y sentar bases para mejoras en la entrada y salida del pueblo. No son obras vistosas, pero sí fundamentales para el futuro.
Cuarto, el agua. Hemos invertido 12 millones desde 2019 en tuberías, depósitos y digitalización de contadores, además de un millón en una tubería clave que permitirá aprovechar la depuradora de Sa Coma. Son pasos para reducir pérdidas y garantizar un consumo más eficiente.
Y quinto, el medio ambiente. Hemos reforzado la gestión de incendios, implementado franjas forestales y somos el único municipio con ordenanzas que incluyen el pago por generación de residuos. Aunque todavía estamos implantando la recogida orgánica en familias, ya somos el segundo municipio en recogida de orgánica con menos impropios gracias a los grandes productores. Todo ello sienta las bases para un modelo más sostenible.
