El Consell Insular de Formentera ha iniciado un expediente sancionador y ha ordenado el cierre cautelar de un taller náutico situado en el varadero de La Savina, tras detectar graves infracciones administrativas, técnicas y medioambientales en el desarrollo de su actividad.
El procedimiento se ha abierto a raíz de una denuncia formulada por el SEPRONA el año pasado y de las inspecciones posteriores realizadas por los técnicos del Consell, que pusieron de manifiesto numerosas irregularidades en el funcionamiento del establecimiento.
Según el informe técnico, el taller carecía de título habilitante y de las autorizaciones sectoriales preceptivas. Además, se encuentra ubicado en una zona de especial protección ambiental y territorial, dentro del Parque Natural de ses Salines, la Red Natura 2000 y el dominio público marítimo-terrestre.
Durante las inspecciones se constató que la empresa ejercía una actividad permanente sin licencia ni declaración responsable, sin inscripción en el registro industrial ni seguro de responsabilidad civil obligatorio. También se detectaron deficiencias graves en materia de seguridad y salud laboral, con instalaciones deterioradas, estructuras oxidadas y una gestión deficiente de residuos, especialmente de baterías, productos petroquímicos e hidrocarburos, sin sistemas adecuados de contención ni control.
Asimismo, los técnicos hallaron una instalación ilegal de vertido de aguas al medio natural, que posteriormente fue retirada.
El informe concluye que la actividad supone un riesgo grave, aunque no inmediato, para la seguridad, la salubridad y el cumplimiento normativo, por lo que se insta a la suspensión inmediata de la actividad hasta que se regularice la situación.
El Consell ha ordenado la paralización de todas las instalaciones y maquinaria, otorgando un plazo de 48 horas para el cese total del funcionamiento y 30 días para la retirada de materiales potencialmente contaminantes y la limpieza del recinto.
Las infracciones detectadas están tipificadas como graves según la Ley 7/2013 de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades, y pueden conllevar multas de entre 3.001 y 30.000 euros, así como la clausura temporal de la actividad por un periodo máximo de dos años.
Además, el Consell tramitará un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística por las construcciones realizadas sin licencia. Paralelamente, se ha remitido la documentación a las administraciones autonómicas competentes en materia de medio natural y costas para su valoración y posibles actuaciones dentro de sus competencias.
