El Consell Insular de Formentera ha ordenado el cese inmediato de la actividad de un establecimiento ubicado en el Parque Natural de ses Salines, tras detectar que operaba de forma reiterada como discoteca pese a tener únicamente licencia de restaurante. Además, se ha decretado el precinto de toda la instalación musical, incluida la terraza. Se trata del establecimiento Cala Duo, según matiza la emisora RàdioIlla. Este restaurante se hizo viral porque se lanzó en redes sociales un vídeo en el que los clientes coreaban ‘Pedro Sánchez, hijo de puta’.
La medida se ha adoptado tras una inspección conjunta realizada por los servicios técnicos del Consell, la Policía Local y agentes de Medio Ambiente del Govern balear.
Durante la inspección, los técnicos constataron que el local superaba el aforo legal permitido, fijado en 50 personas, cobraba entrada con consumición y desarrollaba una actividad musical propia de una discoteca, prohibida expresamente en este espacio natural protegido y sin contar con la licencia ni autorización correspondiente.
Asimismo, se detectaron graves deficiencias en las salidas de emergencia, que estaban bloqueadas o inoperativas, lo que supone un serio riesgo para la seguridad de los clientes.
Dado que el local solo cuenta con licencia de restaurante, se ha procedido al precinto de toda la instalación de sonido, incluidos los altavoces de la terraza. También se ha instado a la propiedad a retirar el mobiliario —tumbonas y sombrillas— instalado sin permiso en zona de dominio público marítimo-terrestre (DPMT).
La propiedad tiene 24 horas para paralizar la actividad, que solo podrá reanudarse una vez se subsanen las deficiencias. Paralelamente, se ha iniciado un expediente sancionador.
El presidente del Consell, Óscar Portas, ha afirmado con contundencia:
“La normativa es clara, y la seguridad de las personas y la protección de nuestro entorno natural son líneas rojas que no admiten interpretaciones. Actuaremos con firmeza siempre que sea necesario”.
El Consell recuerda que el cumplimiento de la normativa urbanística, ambiental y de seguridad es un requisito indispensable para cualquier actividad económica en la isla, y hace un llamamiento a la responsabilidad del sector empresarial.
Poca me parece la sanción que les caiga