Antoni Marí Marí / Sufrimos una severa convulsión política provocada por los trágicos efectos del COVID-19. Estamos ante una situación inaudita en nuestra historia reciente que pone a prueba la talla de la clase política encargada de capear esta emergencia sanitaria y su consiguiente crisis económica. Está claro que no es una situación fácil para nadie que ostenta responsabilidades públicas, pero en estos tiempos lo que nunca puede faltar es la concordia, el sentido de Estado y la lealtad institucional.
Las administraciones locales nos hemos puesto al servicio de nuestros vecinos actuando con mayor o menor acierto, pero tratando de implicar a todos los agentes políticos y sociales en la toma de decisiones. Así lo hemos hecho, al menos, desde Sant Joan. Desgraciadamente, no todos los líderes políticos pueden decir lo mismo. Es el caso de la presidenta Francina Armengol, quien está aprovechando esta desgracia para ningunear nuevamente a las instituciones de Ibiza. Sus decisiones son opacas, contradictorias y carecen del más mínimo consenso.
[…] la presidenta Francina Armengol, quien está aprovechando esta desgracia para ningunear nuevamente a las instituciones de Ibiza. Sus decisiones son opacas, contradictorias y carecen del más mínimo consenso.
Una mañana se levanta pregonando urbi et orbi la necesidad de defender la sanidad pública y al día siguiente elimina de un plumazo la ambulancia de Sant Joan y Formentera sin previo aviso. Otra mañana se inventa el término del “federalismo interior” y a la siguiente decide hacer caso omiso a la batería de 45 propuestas que le envió el Consell d’Eivissa, las cuales estaban consensuadas con su propio partido, con el resto de la oposición, y con los sectores afectados por las mismas. En otro arrebato de centralismo, expide un decreto con severas medidas territoriales que cercenan la autonomía de los ayuntamientos en materia urbanística y expropian de facto las competencias del Consell en lo que se refiere a ordenación del suelo rústico. La guinda de este amargo pastel la pone el alcalde de Vila apoyando la prohibición de cualquier edificabilidad en Suelo Rústico, mientras blinda por todos los medios la posibilidad de desarrollar su suelo urbanizable y sus convenios urbanísticos; la coherencia viste de luto en la flamante capital. Todo ello se hace, por supuesto, mediante un procedimiento legislativo (el decreto) que la Constitución reserva a causas de extraordinaria y urgente necesidad, lo cual le permite eludir el trámite ordinario de aprobación de una Ley, prescindiendo de exponerse a la sana crítica, a la posibilidad de enmendar el texto y al debate parlamentario.
Desde el Gobierno de la nación se nos reitera a diario que de ésta saldremos más fuertes pero, de momento en Baleares, sólo saldremos con nuestras competencias aún más debilitadas y con la confianza entre instituciones por los suelos. Desconozco a qué circunstancias obedece esta animadversión manifiesta por parte de la presidenta hacia nuestra isla, pero lo que más sorprende es la connivencia de sus compañeros de partido ibicencos, quienes permanecen impertérritos ante semejante desplante.
Desconozco a qué circunstancias obedece esta animadversión manifiesta por parte de la presidenta hacia nuestra isla, pero lo que más sorprende es la connivencia de sus compañeros de partido ibicencos, quienes permanecen impertérritos ante semejante desplante.
Aunque algunos crean ser una deidad infalible, los políticos erramos. Después de 21 años ostentando el honor de ser alcalde de mi municipio, puedo decir con rotundidad que la virtud se halla en saber rectificar a tiempo. Es por ello que aplaudiré a la presidenta Armengol si decide revertir este ataque frontal a la autonomía local y nos devuelve la capacidad que unilateralmente ha decidido usurparnos. Las crisis no deben ser un pretexto para aprobar a hurtadillas normas de calado que se difuminan en una opinión pública focalizada en la desgracia, sino para aportar soluciones y abandonar el sectarismo irracional.
