Dos de las víctimas del exsacerdote Juan Manuel de Souza Iglesias, condenado por abusos sexuales a menores en Ibiza, han confirmado a Noudiari su intención de acogerse al nuevo sistema de reparación impulsado por el Gobierno y la Iglesia para los casos ya prescritos. Se trata de José Juan y Sergio Lleó, ambos víctimas de tocamientos sexuales en los años 90.
El anuncio coincide con la firma, este lunes en la sede del Defensor del Pueblo, del protocolo que regula este mecanismo, un paso clave para activar el sistema acordado el pasado mes de enero entre el Ejecutivo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).
No existe aún una estimación de cuántas víctimas acudirán a este nuevo procedimiento, que busca dar respuesta a una realidad mayoritaria: la de los abusos que no pueden juzgarse por haber prescrito.
Víctimas de Ibiza dan el paso
José Juan, que denunció abusos sufridos en 1994, asegura que tiene intención de iniciar el proceso: “Les escribí un mail al Defensor del Pueblo hace meses. Nunca me contestaron, pero sí, tengo pendiente ponerme de lleno con esto». La firma del acuerdo es el primer paso en firme.
El afectado reconoce el impacto a largo plazo de los abusos, algo de lo que él no ha sido muy consciente pero que ahora quiere trabajar: “Creo que ha estado enterrado mucho tiempo, pero que sí me afectó más de lo que creo”, reconoce a Noudiari.
Sobre el tipo de reparación que espera, lo tiene claro: “Yo las quiero todas”, dice en referencia a las medidas simbólicas, restaurativas, espirituales y económicas que contempla el protocolo. Los años de silencio y de falta de apoyo han hecho mella. Para las víctimas es importante visibilizar y que los culpables ocupen, por fin, el foco. En sintonía con el famoso eslogan de Giselle Pelicot: La vergüenza que durante años persigue a las víctimas tiene que cambiar de lado.
Por su parte, Sergio Lleó, que denunció abusos ocurridos en 1996, también confirma que se informará y estudiará acogerse al sistema. “Claro que seguiré adelante, hasta el final”, señala, y añade que este paso puede suponer el cierre de una larga etapa: “Con esto ponemos fin a esta larga batalla”.
No obstante, Lleó valora el acuerdo con cautela: considera que se trata de “un paso necesario, aunque insuficiente”, y advierte de que la ausencia de baremos económicos claros en el protocolo [no contiene cantidades económicas específicas] genera incertidumbre entre las víctimas. A su juicio, el modelo español debería evolucionar hacia sistemas más definidos como el irlandés, con criterios públicos y compensaciones homogéneas, en lugar de aproximarse a fórmulas más limitadas como la alemana.
Ambos casos forman parte de un conjunto más amplio de denuncias contra De Souza en Ibiza. Noudiari, que fue el medio que avanzó y profundizó en el caso que salió a la luz en 2021, ha documentado al menos seis víctimas en la isla. Dos de ellas han obtenido sentencia contra el cura.
Un procedimiento mixto Iglesia-Estado
El nuevo sistema de reparación entrará en funcionamiento el próximo 15 de abril y establece un procedimiento mixto Iglesia-Estado. Las víctimas deberán presentar su solicitud ante el Ministerio de Justicia, que la trasladará a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.
Este organismo analizará cada caso de forma individual y propondrá una reparación en un plazo máximo de tres meses. Posteriormente, la propuesta será evaluada por los órganos de la Iglesia, que deberán asumir su cumplimiento.
Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo es la ausencia de baremos económicos. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, defendió esta decisión asegurando que las reparaciones se estudiarán “rostro a rostro”, sin establecer cantidades mínimas ni máximas.
Sin embargo, esta falta de criterios económicos ha sido una de las principales críticas de las víctimas, que reclamaban un sistema transparente y equitativo. En países como Irlanda, por ejemplo, existen rangos establecidos que pueden alcanzar hasta los 300.000 euros en los casos más graves.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una comparecencia tras la firma, justificó la decisión señalando que “una reparación justa no debe estar determinada por ninguna cifra”, sino por el análisis individual de cada caso.
Un proceso complejo y sin precedentes
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, encargado de liderar este mecanismo, reconoció la dificultad de crear un sistema “que no existía hasta ahora” y aseguró que se escuchará a todas las víctimas con sensibilidad: “No hace gracia ver a personas de 65 años llorando, convertidas en niños al recordar los abusos”, ha dicho en la comparecencia al final de la histórica firma.
El acuerdo supone además un reconocimiento explícito por parte de la Iglesia de la existencia de abusos sexuales en su seno, algo que, según destacó, marca un cambio respecto a discursos anteriores que los calificaban como casos aislados y «manzanas prodidas».
El proceso incluye varias fases y contempla incluso la creación de una comisión mixta en caso de desacuerdo entre las partes. En última instancia, prevalecerá la decisión del Defensor del Pueblo, y la Iglesia estará obligada a cumplir las medidas reparadoras.
El caso De Souza: décadas de abusos
Juan Manuel de Souza fue condenado en Ibiza a tres años y tres meses de prisión por dos delitos de abusos sexuales cometidos entre 2005 y 2010 contra menores de 12 y 13 años. Sin embargo, no ingresó en prisión al llegar a un acuerdo con las partes.
Más allá de estos dos casos, el exsacerdote acumula otras denuncias por hechos ocurridos desde los años 90. Entre ellas, las de José Juan y Sergio Lleó, así como otros testimonios que apuntan a un patrón continuado durante al menos dos décadas.
Según la información recopilada por este medio, los abusos documentados se produjeron entre 1990 y 2010, principalmente mediante tocamientos, aprovechando la confianza de las familias y su posición de autoridad dentro de la Iglesia. Sucedieron presuntamente en la iglesia de San Pablo de Casas Baratas y en la Iglesia del Rosario.
A la espera de más víctimas
Por el momento, se desconoce cuántas personas acudirán a este nuevo sistema desde Ibiza o desde el conjunto de España. Las propias víctimas creen que podrían aflorar más casos.
“Y los que no sabremos… cuanto más antiguo, más probabilidad de que el caso nunca salga a la luz”, lamenta José Juan.
El nuevo protocolo abre una vía inédita para quienes no pudieron acudir a la justicia. Ahora, víctimas como las de Ibiza empiezan a dar el paso, aunque con dudas sobre el alcance real de una reparación que, de momento, no fija criterios económicos claros.
