@Vicent Torres / El Consell de Eivissa ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que las acusaciones de la Asociación de Transporte Discrecional de Eivissa y Formentera (Atradif) son falsas y que no se está multando a las empresas a las que no se les ha renovado las tarjetas de las licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) y de transporte público discrecional de viajeros en autobús (VD).
En este sentido, la patronal afirmó ayer que están recibiendo sanciones de hasta 4.000 euros por la «lentitud e inoperancia» de la máxima institución insular a la hora de gestionar el asunto, debido a la «muy deficiente» tramitación de los documentos y a los «ridículos tiempos de espera».
«No es cierto que se esté multando o que se expongan a multas las empresas que se encuentran en trámite de renovar las autorizaciones. El Consell archiva todas las denuncias que puedan formular los inspectores o la Guardia Civil si el vehículo no dispone del distintivo y se ha gestionado de manera previa la solicitud y se cumplen todos los requisitos. Tampoco son sancionados los vehículos con la targeta de transporte en vigor y con el distintivo de años anteriores», apunta la nota.
Además, el Consell de Eivissa ha negado que se esté actuando con «exasperante lentitud», ya que el plazo máximo legal para resolver la solicitud es de cinco meses «y no se está agotando».
«Actualmente se ha reducido notablemente el tiempo de tramitación de documentos de la sección de Transportes, gracias a la ampliación de la plantilla», añade el Ejecutivo insular, que afirma que se ha pasado de siete plazas en 2015 a 13 en 2019.
Por otro lado, el Consell de Eivissa ha cargado contra Atradif, ya que entienden que las quejas llegan por las presuntas molestias que provoca el paro de sus vehículos en los diferentes controles: «Si lo que pretende la asociación es que en los controles no se detenga a los vehículos de las compañías ibicencas, advertimos que esto no se pude atender, ya que es obligación de los inspectores y de los agentes el control del cumplimiento de la normativa en materia de transporte terrestre».
