El Consell de Ibiza carga contra la inacción del Estado ante una crisis habitacional que “expulsa” a los residentes

El inicio de la temporada alta ha visibilizado todavía más la crisis habitacional de Ibiza, que expulsa de la isla a familias vulnerables y a trabajadores, o que obliga a vivir en la isla en condiciones precarias. El drama “quita el sueño” al ejecutivo insular, preocupado por la afectación general y, en concreto, a la prestación de servicios públicos por falta de personal que no encuentra dónde vivir en la isla.

Así, lo analiza el vicepresidente del Consell d’Eivissa, Mariano Juan, que carga contra lo que considera falta de implicación del Gobierno central en la búsqueda de alternativas eficaces (a pesar de que Baleares ha rechazado declarar las islas como ‘zona tensionada’ y limitar el precio de los alquileres como permite la Ley estatal de Vivienda) y afirma que, aunque el ejecutivo insular no tiene competencias directas en materia de vivienda, “la gente ni entiende ni le importa de quién son las competencias, lo que quieren es poder vivir dignamente y el Consell tiene que estar ahí”, subraya.

El conseller explica que lo que sí está en su mano es la lucha contra el alquiler turístico ilegal, donde han puesto muchos recursos y quieren poner más, aunque Juan matiza que no es del todo seguro que esas viviendas salgan al mercado de alquiler anual a precios que los trabajadores y trabajadoras puedan pagar. «En Barcelona, quizás el ayuntamiento que más ha avanzado en esta cuestión, estuvimos hace poco en una conferencia en la que explicaban que el alquiler turístico había bajado un 2% o un 3% en el Eixample, en el centro de Barcelona y el precio de la vivienda había aumentado un 30%», alerta. «Todo suma, eso está claro, pero no hay correlación directa y automática entre la eliminación de determinadas unidades de alquiler turístico y que eso implique que aumenten en ‘x’ unidades el alquiler normal a precio razonable. Las personas que alquilan ilegalmente y son sancionadas acaban vendiendo el piso a una persona extranjera que pueda pagar ese piso y que lo convierte en una segunda residencia», lamenta Juan.

También recuerda que el Consell de Ibiza es el único que ha cedido suelo al IBAVI, con un solar cerca  del paseo marítimo de Vila destinado a viviendas para personal sanitario y docente y avanza a Noudiari que están negociando una segunda cesión similar.

Viviendas vacías y falta de suelo asequible 

Miles de inmuebles permanecen cerrados en la isla, «según unas fuentes son 15.000 y según otras 4.000, pero sea una u otra cifra son demasiados», un hecho que el conseller achaca “al miedo de los pequeños propietarios a alquilar”. “Todos conocemos casos de gente que ha tenido malas experiencias, que ha estado años sin cobrar y que ahora no quiere volver a alquilar. No son excepciones, se cuentan por miles”, afirma y asegura que a su partido, el PP, se les ha acercado «una cantidad enorme de personas con problemas con los inquilinos u ocupaciones».

En este sentido, desde el Consell reclaman un cambio legislativo para proteger a los propietarios frente a los impagos y las ocupaciones ilegales e incluso recuerdan que la propia institución ha sufrido ocupaciones en varias de sus propiedades, luchando hasta dos años por la vía judicial para desalojarlas. “Si la administración, que cuenta con recursos económicos y jurídicos, ha tardado dos años, ¿qué podemos decirle a un pequeño propietario que se encuentra con una vivienda ocupada mientras paga la hipoteca?”, se pregunta.

«Hemos tenido ocupadas dos viviendas, una en Sant Francesc (casa de peones camineros) y otra en la entrada de Vila (de una expropiación) durante dos años», relata.

No hay suelo asequible en Ibiza

La falta de suelo a precio razonable es otro enorme escollo, según el Consell, para construir a precio limitado porque los solares en Ibiza son carísimos y eso ya representa el 50 por ciento del precio final de la vivienda. Por eso Mariano Juan defiende que se pueda crecer urbanísticamente en las zonas de transición que contempla el PTI, es decir rústicas rodeadas de suelo urbano, por ejemplo. «Y esto no quiere decir construir bosques ni construir parajes naturales», remarca el conseller. En ellas se podría promover la construcción de viviendas a precio limitado: entre 180.000 y 300.000 euros, de promoción privada. “No podemos aspirar a que toda la construcción sea pública”, admite el conseller, que subraya que un nicho de la población enorme, formada por clase media, funcionarios y trabajadores con recursos limitados que ha quedado huérfana tanto de VPO, porque se construyen diez al año, como de vivienda libre, porque los precios son desorbitados. «Hay que dar una salida a estas personas».

Mariano Juan considera que el Gobierno central no está trabajando de manera consciente sobre la realidad de lugares como Ibiza y exigen desde el Consell medidas efectivas para movilizar el parque de viviendas vacías y garantizar seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.