El vicepresidente del Consell Insular y conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha anunciado que la institución no continuará empleando detectives para investigar fiestas ilegales en Ibiza. Según sus declaraciones, aunque la actividad ilegal sigue existiendo, el nivel actual es similar al registrado antes de la pandemia, por lo que no consideran necesario mantener este recurso.
«No vamos a poner ya detectives. La actividad ilegal sigue, pero ya no tenemos el nivel de denuncias que hubo en 2021 y 2022. Creo que conseguimos que el modelo no arraigara», afirmó Juan.
El conseller destacó que, aunque siguen existiendo afters y fiestas en zonas discretas, las medidas adoptadas en los últimos años han logrado disuadir a gran parte de los organizadores.
Además, subrayó que el problema se afrontó desde una doble estrategia: el refuerzo de la acción policial y la modificación de la normativa autonómica. «Se consiguió que el Govern balear cambiara la ley, creando una normativa específica para fiestas ilegales, elevando las multas hasta los 100.000 euros y ampliando la responsabilidad a captadores, comercializadores, publicitadores y suministradores, además del propio organizador y asistentes», explicó.
Con estas herramientas, Juan considera que el problema no se ha cronificado y que los ayuntamientos tienen mecanismos suficientes para seguir combatiéndolo. «Pueden sancionar a los asistentes esperándolos fuera de las fiestas, lo que ayuda a disuadir la participación», señaló.
Por ello, el Consell ha decidido redirigir los esfuerzos de los detectives hacia otras áreas de lucha contra el intrusismo, como el alquiler turístico ilegal, dejando en manos de los consistorios la aplicación de la ley y la vigilancia de estas actividades ilegales.
Hay que recordar que el detective J. C. D, administrador único de INTELLIGENTIA PRO JUSTITIA, la empresa contratada por el Consell de Ibiza para vigilar en 2024 fiestas ilegales en villas y en otros lugares, fue condenado por la sección nº2 de la Audiencia Provincial de Palma a tres años y medio de cárcel por abusos sexuales a una joven, a la que practicó sexo oral y manoseó los pechos en su casa cuando ella estaba bajo los efectos del alcohol.
Intelligencia Pro Justitia dio el servicio de vigilancia al Consell por un importe de 51.836 euros más IVA durante la temporada alta.
