El Consell Insular de Ibiza tiene abiertas diligencias previas sobre la vivienda conocida como Villa Secret Paradise, situada en el municipio de Sant Josep, a raíz de las denuncias de la Policía Local en base a las quejas de los vecinos. Noudiari ha podido saber que se abrieron previamente otras dos diligencias, en 2021 y 2022, sobre la vivienda, la DP-076/2021 y la DP-069/2022, aunque los vecinos denunciantes no tuvieron conocimiento de cómo concluyeron.
Tal y como avanzó este medio, desde hace cinco años, los vecinos de la calle des Pou, en la zona de Can Burgos (Sant Jordi de Sant Josep), viven un auténtico calvario a causa de la actividad turística de una vivienda unifamiliar que, según denuncian, ha funcionado durante años de forma irregular como vivienda turística y publicitando capacidades por encima de lo legal, hasta que logró la ETV (Estancia Turística en Vivienda, que les permite operar legalmente como vivienda turística) tras presentar previamente, el 7 de septiembre de 2023, la DRIAT (la Declaración Responsable) para obtener la mencionada licencia.
La propiedad, actualmente comercializada bajo el nombre de Villa Secret Paradise, aunque ha tenido varios nombres (la ETV corresponde a otro nombre, Can Burgos), ha sido señalada por los vecinos desde 2020 como escenario habitual de fiestas, despedidas de soltero, turistas conflictivos, altercados, vandalismo y hasta allanamiento de morada (los turistas se lanzan a la piscina subiéndose a tejados de otras casas colindantes).
Las presuntas infracciones que se investigan, de detectarse, y en base a la Ley turística balear de 8/12 (artículos 50.12 y 119 a y c), pueden suponer sanciones graves de 4.000 a 40.000 euros y suspensión de actividad.
Así, la Ley 8/2012 del turismo de las Illes Balears, en su artículo 50.12, establece que las personas alojadas en viviendas turísticas deben respetar las normas de convivencia y el orden público. Ante alteraciones graves —como fiestas, allanamientos o conflictos reiterados como es el caso—, la persona comercializadora está obligada a exigir el abandono del alojamiento en un plazo máximo de 24 horas. Por su parte, la modificación del artículo 119 tipifica como infracción grave el incumplimiento de esta obligación, ya sea por no incluir dichas normas en el contrato o por no actuar ante conductas perturbadoras que causen molestias importantes a vecinos o a otros clientes. Este tipo de infracción conlleva sanciones económicas que oscilan entre los 4.001 y los 40.000 euros, según el artículo 113 de la misma ley.
El Consell ya había realizado una inspección presencial el 19 de septiembre de 2024, en la que se detectaron irregularidades entre la realidad del inmueble y lo declarado en la DRIAT. Según consta en el acta de inspección, se incumplían varios requisitos exigidos por el Decreto 20/2015 de desarrollo de la Ley Turística, y los técnicos propusieron la cancelación de la inscripción como ETV (Estancia Turística en Vivienda).
La vivienda fue inscrita oficialmente en el registro de empresas turísticas el 7 de septiembre de 2023, con número ETV-2614E y una capacidad autorizada de 4 dormitorios y 8 plazas. Sin embargo, en distintas plataformas de alquiler turístico se ha llegado a anunciar con hasta 25 plazas y seis habitaciones. Por este motivo, el Consell ha incoado varias diligencias previas por publicidad engañosa contra diferentes agencias, entre ellas Tom Benzon S.L., a la que ya se ha levantado un acta de infracción con propuesta de sanción el 2 de diciembre de 2024. La inspección considera que esta empresa es la principal responsable de la comercialización fraudulenta en este y otros portales.
A pesar del historial de quejas desde 2020 —que incluyen denuncias ante el Ayuntamiento de Sant Josep, Guardia Civil, Policía Local e incluso el Defensor del Pueblo— la licencia turística fue concedida a la vivienda tras la DRIAT de 2023, lo que encendió aún más los ánimos de los residentes. “Después de todo lo que hemos vivido y de todas las pruebas aportadas, que les dieran el ETV fue como una burla”, lamenta una vecina.
Los vecinos, organizados y asesorados ahora por un despacho de abogados peninsular, exigen que se revoque de forma inmediata la licencia turística, que se clausure cautelarmente la vivienda mientras se tramita el expediente sancionador, y que se impongan sanciones proporcionales al beneficio económico obtenido con los alquileres. También reclaman inspecciones conjuntas entre el Consell y la Guardia Civil para evitar que la casa reabra bajo otro nombre o a través de testaferros.
Los vecinos afectados están muy cansados y se sienten desamparados porque, desde 2020 a 2025, la situación «no ha cambiado» y continúan sufriendo “vejaciones, amenazas, peligros e insomnio” provocados por la actividad ilegal de alquiler vacacional y eventos en la propiedad.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Josep, que ha enviado varias veces a patrullas de la Policía Local a instancias de llamadas vecinales, explica que entienden la preocupación de los vecinos y que hacen todo lo posible. Remarcan que la Policia Local está en contacto con los afectados. Lo cierto es que han facilitado el historial de llamadas y que se han puesto en contacto con ellos para manifestarles que están a su disposición y que en ocasiones no han podido acudir por falta de patrullas disponibles en ese momento.
En el escrito de abril de este 2025, del Defensor del Pueblo, que investigó el caso a instancias de los vecinos, consta la apertura de varios expedientes sancionadores por parte del Ayuntamiento de Sant Josep por posible infracción de la ordenanza municipal de ruidos. El expediente sancionador 11042/2022, iniciado por una infracción de la ordenanza municipal de ruidos del Ayuntamiento de Sant Josep, derivó en una multa de 601 euros. La afectada presentó un recurso de reposición en enero de 2023, pero este no fue resuelto debido a la acumulación de expedientes y la sobrecarga de trabajo del personal del departamento correspondiente, tal y como reconoció el propio consistorio.
Los vecinos siguen preguntándose «cómo una vivienda que operó de manera ilegal tantos años y con semejante historial de denuncias, documentadas con fotografías y vídeos, pudo obtener la ETV y convertirse en vivienda turística legal».
