El Consell Executiu del Consell de Ibiza ha resuelto ordenar la demolición de una vivienda de nueva planta de 235 m² de superficie construida y un anexo construidos ilegalmente en la finca conocida como Villa Rocío propiedad de Francisca Sánchez Ordóñez, dueña a su vez de Casa Lola y conocida como Paquita Marsan. Esta villa de lujo ha alojado multitudinarias fiestas, bodas y todo tipo de ‘saraos’ a lo largo de estos años.
El motivo de la orden de derribo es que la vivienda está construida en Suelo Rústico Protegido y en Área de Protección Territorial de Costa (SRP-APT-Costa).
El departamento de Gestión del Territorio detectó a finales del 2021 que en la finca, situada en Can Toni Fita de Sant Josep, se estaba construyendo una nueva vivienda sin disponer de licencia urbanística que la amparara.
Como consecuencia de este hecho, el Departamento de Gestión del Territorio resolvió ordenar la paralización inmediata de las obras así como incoar el correspondiente expediente de disciplina urbanística.
«No obstante, la propiedad incumplió la orden de paralización y prosiguió con las obras de modo que se enfrenta a multas coercitivas que ascienden a 116.288,23 euros», recuerda el Consell.
Así mismo, se han remitido todas las actuaciones a la Fiscalía de Ibiza por si estos hechos fueran constitutivos de delito.
Finalmente, una vez instruido y resuelto el procedimiento de restablecimiento, la promotora ha presentado voluntariamente un proyecto de demolición ante el Consell Insular, que ha sido informado favorablemente.
Ahora, «el Ayuntamiento de Sant Josep dispone de un mes para comprobar que el proyecto presentado contiene toda la documentación necesaria y una vez agotado este plazo, la promotora dispondrá de cuatro meses para ejecutar la demolición», avanzan desde el Consell.
La vivienda se publicita como lugar para eventos de lujo en Ibiza en varios portales, en los que tiene como reclamo sus «espectaculares vistas» o su arquitectura.
El Consell subraya en un comunicado que el departamento de Gestión del Territorio ha conseguido que se echen abajo cinco construcciones ilegales (una vivienda a Cala d’Hort, una vivienda en el Pla de Corona, dos construcciones tipo yurta en ANEI y una instalación en la costa) y ha remitido a Fiscalía seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido. Además de las multas, estos hechos pueden contar penas de hasta cuatro años de prisión.
El conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, ha explicado que los expedientes de disciplina urbanística “se han multiplicado exponencialmente en los últimos años”.
En 2021 se han abierto 26 procedimientos contra posibles infracciones urbanísticas en suelo rústico, lo que supone seis más que en 2020 y 19 más que al 2018.
De estos expedientes, en 2021 se han estado tramitando 4.412.000 euros en procedimientos sancionadores, lo que supone un aumento del 3.600% respecto de 2018, cuando se tramitaron 120.000 euros.
En cuanto a medidas cautelares, como paralizaciones de obras y precintos, en 2021 fueron 16, frente a los dos de 2019 o los 7 del2020.
Las investigaciones en disciplina urbanística lograron los 76 casos al 2021.
“Trabajamos para ofrecer un balance del recientemente finalizado año 2022, pero ya podemos avanzar que los datos en disciplina urbanística continúan aumentando, lo que demuestra que se está logrando uno de nuestros objetivos de legislatura: acabar con la sensación de impunidad, de que todo no vale en Ibiza”, ha concluido Juan.
