El drama de la vivienda en Ibiza: sin agua ni luz con una menor a su cargo y en un laberinto burocrático

Sin nevera ni lavadora. Iluminándose con unos farolillos que va cargando con una batería que, a su vez, conecta a la corriente en el coche o allí donde puede. Acudiendo en días alternos al pozo de Sant Rafel a cargar garrafas a razón de 10 o 20 por viaje. Calentando agua en un cazo para poder asearse ella y su hija, de 11 años.

Separada y con una hija menor de edad a su cargo, Mónica Costa Losa, auxiliar administrativo, solo buscaba una vivienda asequible donde vivir en la isla, pero lo que se ha encontrado ha sido una auténtica pesadilla.

Hace un año y seis meses, aproximadamente, y después de pasar por el calvario de buscar sin éxito un piso en la isla, al fin encontró algo a su alcance: una vivienda ubicada en un bajo muy cerca del Mercadona de Sant Antoni. La compró y ahí comenzó la pesadilla. Aunque aparece como ‘vivienda’ tanto en las escrituras como en el registro de la propiedad e incluso en recibos municipales, en el Ayuntamiento le comunicaron que, en verdad, se trataba de un local y que, por ello, no podían darle la documentación necesaria para solicitar la cédula de habitabilidad que le permitiría, entre otras cosas, tener acceso a suministro eléctrico y agua corriente.

Tras conocer la información que le daba el Ayuntamiento y pensando que había sido víctima de un fraude, es decir, de que realmente había comprado un local engañada por la anterior propiedad, Costa Losa presentó una demanda judicial contra la persona que le vendió la casa con la intención de obtener la nulidad y recuperar su dinero.

Pero ha llegado la sentencia y ésta desestima la citada demanda de nulidad de la compraventa. El juez concluye que, según el Registro de la Propiedad, el inmueble es una vivienda y que el certificado del Ayuntamiento que señalaba que era un local se refería a un error catastral, no a la propiedad comprada. Además, la sentencia condena a Mónica Costa Losa a pagar las costas del proceso. 

Un proceso interminable

Todo comenzó cuando, en septiembre de 2023, Costa invirtió sus ahorros en una propiedad que, según toda la documentación aportada por el vendedor, se trataba de una vivienda. 

Eso sí: en el documento de compra-venta que firmó ante notario este advertía que carecía de cédula de habitabilidad. Al intentar tramitar precisamente esa la cédula de habitabilidad, en el Ayuntamiento de Sant Antoni le informaron de que la propiedad estaba registrada como un local y en una «zona no correcta», lo que podría implicar sanciones e incluso un derribo. “El ayuntamiento inicialmente me proporcionó un certificado de no infracción urbanística y ahora me quieren sancionar por infracciones urbanísticas y medioambientales que no he cometido”, explica a Noudiari.

Desesperada por la situación que se le planteaba, Costa Losa contrató un abogado de Madrid “que no gestionó adecuadamente el caso, causando más que nada retrasos y problemas, pero en el que he gastado miles de euros”, lamenta. Esto la ha dejado en una situación económica muy frágil. 

Mónica Costa Losa mantuvo una reunión con el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, quien mostró disposición a revisar la situación, pero la afectada considera que deberían darle una solución más clara, efectiva y rápida, «ya que el problema radica en la falta de claridad en la documentación del ayuntamiento».

Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni confirmaron a Noudiari el encuentro y aseguraron que se trataba de un tema “judicializado con su vendedor”. El Consistorio explicaba a este medio que tratarían de solucionar sus dudas y “ayudarla en todo lo que se pueda”, añadían. Esto fue antes de conocer la última sentencia, en la que el juez indica que se trata de una vivienda. 

Pero para la afectada no es suficiente. “Lo que ocurrió es que cuando solicité la cédula de habitabilidad para los suministros de agua y luz y saneamiento, el ayuntamiento me dijo que la construcción era incluso ilegal pero ellos mismos son los que me cobran las basuras como vivienda. Es un bucle en el que ahora me hacen a mí responsable de absolutamente todo, porque, en lugar de ayudar a arreglar la situación, ya que estoy con una menor sin agua y sin luz desde el día 6 de febrero, lo que me encuentro es que me han abierto expedientes sancionadores urbanísticos y medioambientales”, añade.

“Lo más sencillo y lo que corresponde es que el ayuntamiento me dé el papel para poder ir al Consell y tramitar la cédula de habitabilidad de mi vivienda. El abogado va a presentar la sentencia judicial que indica que tengo una vivienda al Ayuntamiento de Sant Antoni y, al mismo tiempo, también se les va a solicitar responsabilidad patrimonial”, explica la afectada a Noudiari.

Con la crisis de la vivienda en Ibiza como telón de fondo a su historia, en la que la búsqueda de una vivienda tras una separación y con hijos menores de por medio se vuelve una auténtica pesadilla, Mónica Costa se enfrenta estos días a una crisis legal, económica y personal.

“Hace un año y cuatro meses compré ante notario una vivienda. No solo tengo la escritura de compraventa de una “vivienda” ante un notario de Sant Antoni sino que tengo una nota simple del registro de propiedad como vivienda también, que es esta [la muestra]”, remarca en conversación con este medio.

Además tiene y muestra la referencia catastral como vivienda residencial y las facturas de las basuras del Ayuntamiento de Sant Antoni como vivienda, “que dentro de unos meses me tocará pagar”. “El IBI es de vivienda y así lo indica la Agencia Tributaria. También me dijeron que la plusvalía que se pagó por la compraventa es de vivienda. Además, estoy empadronada aquí y la hipoteca es de vivienda y está tasada como tal”, remarca.

Ahora que la sentencia del juez desestima la demanda de que le habían vendido un local como vivienda «ya no puede haber más evidencias de que es una casa».

El Ayuntamiento de Sant Antoni, al conocer los hechos, “no reconoció la casa como vivienda y me recomendó que denunciara a la persona que me vendió la casa por estafa”, explica “porque según ellos yo había comprado un local, aunque luego se corrigen ellos mismos y me dicen que he comprado aire, que no he comprado nada”. 

“Ahora me toca pagar las costas del juicio. Por los problemas que me está dando el Ayuntamiento estoy perdiendo dinero en un juicio y en las costas”, denuncia. “El Ayuntamiento se justifica y se quita la responsabilidad diciendo que yo era conocedora de la situación urbanística y jurídica de la vivienda, porque es una cláusula que aparece en la escritura de compraventa, y tienen razón, la conocía porque es una vivienda porque así lo dice el IBI emitido por el ayuntamiento y el cual sirvió para que el notario lo escriturara como vivienda”, relata.

“Llevo un año y dos meses hablando con el ayuntamiento”, afirma. Primero presentó varios escritos por parte de su abogado. “Esos registros quedaron en el limbo y no se les asignó ningún expediente” hasta que en enero consiguió una reunión con el alcalde y la concejala de urbanismo. “Cuando fui a hablar con el alcalde, le comenté que estaba habiendo inacción, que no me estaban teniendo en cuenta en el problema que previamente me había trasladado”, explica.

“Estoy echando bastante de menos poder hablar con un arquitecto, no estoy segura si ahora mismo habrá algún arquitecto funcionario en activo en el ayuntamiento de San Antoni”, afirma.

Estos problemas han generado una gran incertidumbre y estrés a la afectada, quien se siente atrapada en un «bucle» de responsabilidades que no le corresponden mientras vive con su hija de 11 años en una vivienda sin luz ni agua.