EFE / El Govern balear ha aprobado este lunes el decreto de medidas urgentes para reforzar el servicio público en el transportes de viajeros en las Islas Baleares.
De este modo, se agiliza la concesión de licencias temporales de taxi y se autoriza la contratación por plaza del transporte discrecional en autobús.
Este decreto ley, según ha destacado en rueda de prensa el conseller de Movilidad, Josep Marí, recoge medidas dirigidas a ofrecer un mayor servicio público en el transporte de viajeros tanto para residentes como para la gente que visita las Islas Baleares, con el objetivo de garantizar el derecho a la movilidad.
Marí ha explicado que se incluyen medidas de carácter temporal, que son de aplicación durante la temporada alta de verano, como es la contratación por plaza en el transporte público discrecional de viajeros en autobús, y reclamaciones del sector, como es la declaración del servicio de taxi como servicio público de interés general.
El decreto ley posibilita, por un lado, la contratación por plaza en el transporte discrecional de viajeros en autobús, en origen o destino en puertos y aeropuertos de las Islas Baleares.
Pueden ser objeto de contratación por plaza, con pago individual por asiento, el transporte discrecional en autobús que tengan su origen o destino en los aeropuertos de las Islas Baleares o en los siguientes puertos: La Savina, Ibiza, Ciutadella, Maó, Alcúdia y Palma.
La contratación debe realizarse con una antelación mínima de 24 horas y el servicio discrecional no puede utilizar en ningún caso las paradas reservadas para las líneas regulares de autobús.
Con carácter excepcional, el conseller de Movilidad podrá autorizar la contratación por plaza en caso de eventos de afluencia masiva de público en los que la demanda no pueda ser atendida adecuadamente por los servicios regulares existentes, entre otros supuestos.
Este servicio sólo se podrá aplicar en el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2023, prorrogable por las mismas fechas en el año 2024.
También se habilita un procedimiento excepcional para otorgar licencias temporales de autotaxi.
Excepcionalmente, para el año 2023, los ayuntamientos podrán otorgar licencias temporales de autotaxi sin la previa aprobación del plan regulador establecido en el artículo 53.4 de la Ley 4/2014.
Esto dará mayor capacidad de respuesta a los ayuntamientos frente a incrementos de demanda porque reduce los plazos de tramitación.
Estas licencias temporales se podrán otorgar mediante un acto administrativo motivado que determine su adjudicación, las condiciones de prestación del servicio, el número mínimo y máximo, las condiciones a las que deberá ajustarse, los derechos y obligaciones, la cuantía de la tasa, supuestos de revocación, plazo de duración y demás condiciones que consideren adecuadas o necesarias.
El decreto establece una serie de medidas para las autorizaciones de los vehículos de alquiler con conductor (VTCs) que quieran realizar servicios de ámbito urbano.
Necesitarán de la autorización del municipio donde esté residenciado el vehículo.
Las nuevas VTC tendrán que pedir licencia municipal y seguir el correspondiente procedimiento competitivo para conseguirla.
También se reconoce en el servicio de taxi la condición de servicio de interés público. Se le considera parte integrante de los servicios de movilidad pública, como medio para asegurar un servicio de calidad suficiente y homogénea para todos los ciudadanos.
Y se establece que en el plazo de un año, desde la entrada en vigor del decreto ley, el Govern debe determinar, con el acuerdo de los ayuntamientos, las condiciones de un régimen especial unificado de recogida de viajeros en la isla de Mallorca para taxis, un régimen unificado basado en la utilización de una aplicación tecnológica única y un sistema tarifario homogéneo.
El decreto ley incluye la distribución de la ayuda estatal para el establecimiento del descuento del 100 % en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre de las Islas Baleares.
Los presupuestos generales del Estado para el año 2023 contemplan un importe de 43 millones de euros, que el Govern distribuye entre las diferentes administraciones o empresas gestoras de transporte terrestre colectivo de la siguiente forma: 18.785.755 euros para la EMT; 8.619.248 euros para el Consorcio de Transportes de Mallorca; 6.046.935 euros para Servicios Ferroviarios de Mallorca; 5.602.059 euros para el Consell Insular de Eivissa; 3.516.811 euros para el Consell Insular de Menorca; y 429.191 euros para el Consell Insular de Formentera.
También se modifica la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Islas Baleares en lo que se refiere a la inmovilización de vehículos.
El nuevo texto reduce a 3 meses el período de aplicación de la medida cautelar de inmovilización del vehículo.
