@C. V. / El presidente del Consell Insular, Vicent Serra, y la consellera de Família i Serveis Socials del Govern balear, Sandra Fernández, han garantizado la estabilidad de los puestos de trabajo y de las plazas de las residencias de Can Blai y Can Raspalls, que desde el pasado 1 de enero de 2015 han pasado a depender de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears.
Vicent Serra y Sandra Fernández, junto al gerente de la Fundació, Javier Ureña, y la consellera insular de Benestar Social, Mercedes Prats, se han reunido esta tarde con representantes del comité de empresa de las residencias para comunicarles, de primera mano, todos los detalles de una operación que se ha adoptado, en palabras de la consellera de Família i Serveis Socials, para «solucionar los problemas administrativos que provocaban hasta ahora los continuos retrasos en los pagos a trabajadores y proveedores».
«En un primer momento, y debido a la deuda millonaria que arrastraba el Consorci de Gestió Sociosanitària d’Eivissa, se optó por un proceso de externalización, porque la situación económica de hace un año no hacía posible asumir esas residencias. Sin embargo, ahora sí se dan las condiciones económicas para gestionarlas de forma directa, por lo que se ha descartado la externalización», comentó el presidente del Consell Insular.
La Fundació d’Atenció a la Dependència, que hasta ahora gestionaba dos residencias y un centro de día en Palma, cuenta con 315 trabajadores y un presupuesto de algo más de 22 millones de euros para 2015. Ahora se suman los cerca de 150 empleados de las residencias de Can Blai y Can Raspalls, por lo que, según afirmó Ureña, «hay que hacer los cálculos económicos pertinentes y una modificación presupuestaria».
La residencia de Can Blai tiene en la actualidad 114 plazas para personas dependientes, 94 de las cuales son residenciales, y el resto, de estancias diurnas. Por su parte, Can Raspalls, además del centro de día para personas con discapacidad, dispone de 15 plazas residenciales ocupadas por pacientes de salud mental. Está previsto que este año se puedan poner en funcionamiento las 14 plazas restantes de salud mental y las 36 plazas previstas para personas con discapacidad intelectual.
