@Noudiari/El coordinador de Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, y el portavoz de la plataforma, Raúl Luna, han entregado hoy al conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, y al director general de Pesca y Medio Marino, Joan Mercant, la Proposición de ley para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas como zona libre de prospecciones de hidrocarburos.
El conseller había encargado a la Alianza la elaboración de esta ley porque «hacía falta un instrumento más fuerte para hacer frente a todos los proyectos actuales y futuros», ya que aunque se han logrado archivar proyectos pueden surgir otros nuevos.
«Cada victoria representa también una nueva amenaza», ha justificado Vidal, en referencia a los archivos de los proyectos de Schlumberger en el golfo de León y de Cairn Energy en el golfo de Valencia, que pueden ser sustituidos por otros.
La propuesta se presentará a todos los grupos parlamentarios y se tendrá que aprobar en el Parlamento autonómico para después debatirse en el Congreso de los Diputados, donde tendrán que defenderla tres diputados de la Comunidad Autónoma.
Estructura de la ley
Carlos Bravo ha explicado que la nueva ley «se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria, y prohíbe la exploración, la búsqueda y la explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el cual el Estado español tenga jurisdicción».
También ha explicado que «prohíbe en este espacio marino la exploración por medio de adquisiciones sísmicas, sea cuál sea la finalidad, excepto en el caso que esté científicamente demostrado que se utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino».
La disposición transitoria establece que la Ley es aplicable a todas las solicitudes de exploración, búsqueda y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que no hayan sido resueltas cuando la Ley entre en vigor.
La disposición adicional, por su parte, establece que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en la Ley que se hayan concedido antes de que la Ley entre en vigor, permanecen vigentes hasta que se extinguen, y no pueden ser objeto de ninguna prórroga.
La exposición de motivos recuerda que el Estado español forma parte de la mayoría de los acuerdos internacionales de protección del Mediterráneo y que, como miembro de la Unión Europea, ha adaptado el sistema jurídico a las normas comunitarias de protección de la biodiversidad, como la Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad y geodibersidad y la de protección del medio marino.
Además del Parlament de las Islas Baleares, se han añadido a esta petición el Govern de las Islas Baleares, en la reunión del Consell de Govern del 27 de mayo pasado; la Generalitat de Catalunya, mediante un acuerdo del 19 de julio; los consells insulares de Mallorca, Menorca y Formentera, y más de diez ayuntamientos de las Islas Baleares y, más recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona.
