El Govern prohíbe el consumo de alcohol en la calle en Sant Antoni

El Govern reservará un máximo 16 millones de la recaudación del impuesto de turismo sostenible (ITS) a seguridad, inspecciones y concienciación a los turistas en las zonas de turismo de excesos, 4 millones por zona y año, para hacer cumplir la prohibición de beber alcohol en la calle.

Se mantiene que el decreto se aplica en zonas de turismo de excesos de Llucmajor, Palma, Calvià y Sant Antoni, pero Llucmajor la extiende hacia el interior del municipio, y Calvià reduce la zona afectada y la plaza queda excluida.

Esa prohibición del consumo de alcohol en las calles por salud pública tiene como excepción las terrazas y zonas legalmente habilitadas.

Es una de las medidas que incluye la modificación del llamado decreto de turismo de excesos, que desde este viernes pasa a llamarse «de turismo responsable y para mejorar la calidad en las zonas turísticas», ha anunciado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en la rueda de prensa del Consell de Govern.

Las sanciones por consumir alcohol en las calles en estas zonas van de 500 a 1.500 euros, ha detallado Bauzà.

Bauzá ha puntualizado que la interpretación correcta del decreto es que es obligatorio «el cierre total para vender alcohol entre las 21.30 y 8 de la mañana», en los establecimientos situados en las zonas definidas como de turismo de excesos, y no solo el cierre de las vitrinas de alcohol.

El decreto aprobado este viernes tiene fijada una duración de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2027, porque «el objetivo es que un día no sea necesario», ha destacado el conseller.

Otro cambio del decreto es que define la distancia de prohibición de los barcos con fiestas, las llamadas ‘party boats’, que no pueden celebrarse a menos de 1 milla náutica (1,852 Km) de las zonas que delimita el decreto, y además está prohibida la recogida y desembarco de personas para participar en esas fiesta en las zonas de excesos.

Hasta ahora «no estaba muy bien definido donde podían estar o no» esas embarcaciones.

La norma anterior establecía una comisión y una subcomisión para garantizar el cumplimiento del decreto, que ahora se unifican en una sola, la ‘Comisión para el fomento del civismo en zonas turísticas’, de la que formarán parte representantes de la Conselleria de Turismo, de los dos consells afectados (Ibiza y Mallorca) y los consulados británico y alemán.

También dará cabida al Institut Balear de la Dona (IBDona) y a representantes del tejido asociativo sectorial, sindical y empresarial. Además invitarán a la Delegación del Gobierno y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

El decreto establece la obligación de los ayuntamientos de comunicar, con periodicidad mínima anual, a los consulados el número de incidencia detectadas por el incumplimiento de ordenanzas cívicas y las administraciones también deberán informar a los consulados de los incumplimientos del decreto de excesos.EFE