@B.R./ El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma de Mallorca ha desestimado el recurso interpuesto por la Comunidad de Propietarios del Edificio BES contra la concesión de la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Ibiza para la instalación de la discoteca Booom! en el Paseo Juan Carlos I de Vila.
En la sentencia, el juez avala el permiso otorgado por el Consistorio para la instalación de una actividad permanente mayor de sala de fiesta, con aforo para 940 personas.
La resolución judicial llega cinco años después de que la junta de gobierno de Vila, presidida entonces por la exalcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui, aprobara la licencia en mayo de 2013, con los informes técnicos favorables.
La sentencia se emite también casi cuatro años más tarde del cierre de la discoteca, en noviembre de 2014, motivado por los conflictos entre su promotor, el empresario Giuseppe Cipriani, y la propiedad del local.
No estaba caducada
La comunidad de propietarios recurrió la concesión del permiso de instalación que permitía legalizar, adaptar a la normativa técnica y acometer una reforma de mejora en la sala de fiestas.
Los vecinos argumentaban que la licencia se había extinguido como consecuencia de la realización de obras sin licencia, que implicaron «importantes modificaciones en el establecimiento y fundamentales cambios en la actividad desarrollada».
Entre otros argumentos, también justificaban que el Plan General de Ordenación Urbana prohibe nuevas discotecas en el municipio.
El Consistorio respondió que la licencia de actividad, que había sido otorgada el 30 de junio de 1989, se había paralizado de forma cautelar porque el estado de la discoteca no se correspondía a el permiso solicitado. Como consecuencia, recuerda el escrito judicial, la Alcaldía adoptó en 2007 la paralización y clausura de la actividad y de las instalaciones del lugar.
Sin embargo, el permiso nunca se caducó y por lo tanto la actividad se podía desarrollar siempre que se solucionaran los incumplimientos urbanísticos que tenía el edificio.
Esto implicaba también que en el momento de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 2009, que impide la apertura de nuevas discotecas en el municipio, la actividad de discoteca ya estaba instalada.
La sentencia avala los argumentos del Consistorio y da la razón así a la concesión de un permiso que fue muy polémico por la oposición vecinal a tener una nueva discoteca en la zona.
