NouDiari / El administrador diocesano de la Diócesis de Ibiza y Formentera, Vicente Ribas Prats, ha informado al clero y a los fieles a través de la web del Obispado de Ibiza de que han presentado un recurso contra la decisión del Govern balear de cerrar las dos parroquias de la ciudad de Ibiza dentro de la zona confinada, dentro de las medidas de contención de contagios tomadas por la conselleria de Sanidad.
Se trata de las parroquias de Santa Cruz, en la calle Aragón, y de Nuestra Señora del Rosario, en la calle País Valenciano, ambas dentro del perímetro de la zona de restricciones de movilidad que marca el triángulo de avenida de España, la avenida de la Paz e Ignasi Wallis.
Una medida que desde la Diócesis tachan de «injusta y desproporcionada» y que les ha llevado a presentar «un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra la medida que afecta a los lugares de culto».
Ribas Prats, en una larga misiva, recuerda que «el pasado día 15 de este mes, la consellera de Sanidad, la Ilma. Sra. Dª Patricia Gómez Picard, hacía publica una resolución en la que se adoptaban una serie de medidas temporales para la contención de la Covid 19. Esta resolución fue publicada en el BOIB (nº 160) al día siguiente y entraron en vigor el sábado día 18 a las 22 horas».
Entre las medidas adoptadas hay una que hace especial referencia a los lugares de culto y que dice textualmente: “Se suprime la actividad de los lugares de culto, con excepción de la celebración de funerales, que podrán hacerse siempre que no se supere el 33% de la capacidad y con un máximo de 15 personas. La capacidad máxima ha de ser publicada un lugar visible del espacio destinado al culto. Se han de cumplir las medidas generales de seguridad y de higiene establecidas por las autoridades sanitarias”.
Esto ha llevado al cierre de los dos lugares de culto mencionados.
«Al reflexionar y meditar sobre tan desproporcionada e injustificada medida, no puedo dejar de preguntarme por los criterios objetivos que han llevado a la responsable de salud a nivel autonómico a la adopción de suprimir el culto. Y cuanto más reflexiono y medito sobre la objetividad de esta medida, más claro se muestra que, tras esta supresión, no hay absolutamente ningún criterio objetivo, excepto la pura y más absoluta arbitrariedad», relata el administrador diocesano.
Y argumenta que la libertad religiosa «está recogida por la Declaración de los Derechos Humanos y en las constituciones o cartas magnas de todos los países que se declaran y son democráticos, como es el caso del nuestro».
«Los Derechos Humanos son facultades legítimas del ser, del haber y del tener, y han de ser protegidas por el orden legal. Los derechos no son expresiones del individuo, ni privilegios de algunas personas, ni prerrogativas de una cierta categoría de personas, grupos, sociedades o países. El poder político no concede los derechos, los reconoce, los respeta y los promueve. Por ello, la dignidad del ser humano y de todo un país está en intrínseca relación con los derechos y deberes de hombres y mujeres», matiza Vicente Ribas.
«La ley no puede suplantar ni a la justicia ni a la ética. No todo lo legal es siempre ético», prosigue la misiva, que recuerda que la ley «debería cumplir tres principios fundamentales: que sea justa, buena y conveniente (según el bien común)».
«Se impone denunciar todos los abusos que se cometan en nombre de la justicia. Porque la justicia no se reduce a los resultados de la mayoría democrática, a la estadística o a la sociología. Tampoco se identifica con lo legal y porque la libertad humana no se puede comprender al margen de la justicia ni de la verdad ni del bien», relata en la misiva.
«A todos los fieles cristianos de Ibiza que se han visto privados de este derecho fundamental les pido que sobrelleven esta dificultad con ánimo evangélico», concluye la carta que se puede leer en la web del obispado.
