EFE / El Parlament balear ha aprobado hoy con el apoyo de todos los partidos, aunque con la crítica severa del Partido Popular, el pago de 142,7 millones de euros en indemnizaciones judiciales por la «ley Carbonero» del Govern socialista de Francesc Antich, que protegió 1.500 hectáreas de Baleares y siete kilómetros de costa.
La ley de 2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible supuso numerosos contenciosos judiciales de particulares. Hoy, la cámara legislativa ha aprobado el decreto ley del Govern balear que prevé el pago extraordinario de un crédito de 142,7 millones con cargo a los presupuestos autonómicos de este año.
Una de las indemnizaciones asciende al pago de 86 millones de euros a las entidades propietarias de terrenos protegidos en Punta Pedrera, en el municipio de Sant Josep.
Con ocasión del debate parlamentario, la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, ha defendido la «ley Carbonero» porque sirvió para la protección del medio ambiente y la preservación del paisaje.
Además, se impidió la construcción de nuevos campos de golf, como el de Son Baco de Campos. En definitiva, la ley socialista sirvió para actuar «de manera decidida contra un urbanismo desbocado que implicaba más masificación y más presión sobre el territorio».
La deuda, por debajo de la línea roja de Hacienda
A pesar del elevado importe de estas indemnizaciones, la comunidad autónoma cerrará 2018 con una deuda pública del 28,1 % sobre el PIB, por debajo del 29,1 % autorizado por el Ministerio de Hacienda, ha destaco Cladera.
Desde el PP, la portavoz adjunta, Marga Prohens, ha calificado la «ley Carbonero» como «la primera ley Frankenstein de la historia socialista de esta comunidad» y ha mantenido que la misma supuso un «ataque frontal a la propiedad privada».
Prohens ha acusado al Govern presidido por los socialistas de «jugar con el dinero de los ciudadanos sin que esto les importe lo más mínimo»
El diputado del PI Josep Melià ha coincidido con el PP y ha criticado al Govern que estos dos decretos «nadan tienen que ver» el uno con el otro. A petición del PI, ambos decretos serán tramitados de manera conjunta como proyecto de ley tras contar con 28 votos a favor de los de los partidos que apoyan la gestión del Govern y 26 en contra de la oposición.
