El Parlament balear ha aprobado este martes la primera ley que regula los consells insulars de las Islas Baleares, unas instituciones creadas hace 44 años. La ley de los consells insulars ha sido adelante con un apoyo muy amplio de los partidos políticos: 49 votos a favor, cuatro en contra (Vox y Maxo Benalal) y dos abstenciones (MÉS per Menorca y Grupo Mixto).
La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha afirmado que esta ley es un «hito muy importante» ya que refuerza los acuerdos democráticos que definieron en su día cómo tenía que ser la comunidad autónoma, desde un modelo de «federalismo interior» que representan los consells.
El propósito último es que la gestión de sus competencias sea «mucho más ágil y eficiente en nombre del principio constitucional de eficacia”. Con ocasión de su intervención en el pleno, Garrido ha explicado que el objetivo “es responder a las necesidades de modernización de los consells insulars y a la exigencia creciente de eficacia y de eficiencia en la gestión pública, así como contribuir a articular mejor las relaciones entre las administraciones insulares con la autonómica y municipal”.
La ley, ha señalado la consellera, reitera la idea central de que los consells son las instituciones de gobierno de cada una de las islas y ejercen el gobierno, la administración y su representación. «Son, por lo tanto, Comunidad Autónoma», ha subrayado Garrido.
A partir de ahora se fortalece la posición de la presidencia de los consells y de sus consells executius, que pasan a asumir algunas de las competencias de carácter administrativo que hasta ahora eran responsabilidad del pleno: la intención es dotar de más operatividad a los gobiernos insulares «sin menguar» el poder de decisión que corresponde al pleno elegido democráticamente y a sus comisiones.
Una de las novedades en materia organizativa es el tratamiento específico del sector público instrumental que se puede implantar en cada isla: organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades públicas, fundaciones del sector público y consorcios. Por primera vez se establecen reglas para la creación, la organización, el funcionamiento y la extinción de estas entidades con objeto de buscar la racionalidad, la eficacia y la eficiencia de estas estructuras.
La normativa también dedica un apartado al buen gobierno y al gobierno en funciones, con objeto de completar el marco regulador de los consells insulars con aspectos relativos a la governanza, los principios de transparencia y de acceso a la información pública y a los derechos de la ciudadanía.
Asimismo, ha comentado la consellera, otra novedad reseñable es la introducción de reglas para la transición entre mandatos y equipos de gobierno, trasladando así al ámbito de los consells la normativa prevista, por ejemplo, para las administraciones estatal y autonómica. Finalmente, la ley prevé un régimen especial para la isla de Formentera. Así, la nueva ley es «sensible» a las características específicas de su insularidad y a sus vínculos geográficos, económicos y sociales con Ibiza.
EFE
