El TTIP y Bruselas preparan una nueva legislación que favorecerá las prospecciones

@D.V./ Los aires que se respiran en Bruselas son cada vez más favorables a las prospecciones petrolíferas. Si hasta ahora la lucha contra las prospecciones en la Balears podía jugar con ‘la carta de Bruselas’, a causa de la gran sensibilidad ambiental que ha caracterizado hasta ahora a la Unión Europea y por su legislación medioambientalmente garantista, este escenario ya ha empezado a cambiar.

Las nueva directrices que impulsa la Comisión Europea presidido por el democristiano Jean-Claude Juncker por un lado, y el contenido de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (TTIP), que han trascendido hasta ahora, marcan un cambio de rumbo y la sustitución de los criterios proteccionistas por otros más partidario de conceder manga ancha a la explotación de hidrocarburos y otras energías contaminantes.

Nuevos criterios
Así, por un lado, y según publica eldiario.es, la Comisión Europea ha preparado un documento en el que se eliminan las exigencias a los Estados para que reduzcan sus emisiones de gases contaminantes. Tras un reunión con la patronal europea de la energía, Juncker ha anunciado «menor interferencia de la Unión Europea en estos asuntos”, dejando las manos libres a los países para que establezcan su propio cupos contaminantes.

Pero lo que afecta más directamente a Eivissa y a las Balears son algunos aspectos del TTIP que se están conociendo y que se han divulgado en el seminario organizado por el grupo parlamentario de Izquierda Unitaria Europea que se desarrolló la semana pasada en Bruselas. En ellas expuso la Cláusula de Protección de Inversiones, que literalmente ‘blinda’ los derechos adquiridos de las multinacionales, complica la revocación de autorizaciones ya concedidas y deja los conflictos entre Estados y empresas no en manos de los tribunales estatales, sino de unos tribunales de arbitraje conocidos como Mecanismo de Defensa del Inversor (ISDS – Investor-State Dispute Settlemen), de funcionamiento opaco y que suelen dar la razón siempre a las empresas litigantes.

Concesiones sometidas a arbitraje
Así, según el artículo H de uno de los borradores que han trascendido, el TTIP contempla que los Estados deben adoptar “todas las medidas necesaria” para “garantizar que las licencias a través de las cuales una empresa tiene derecho a ejercer, en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, el derecho a las prospecciones o exploraciones o producir hidrocarburos en una zona geográfica”. Unos derechos que se protegen con una cláusula de irrevocabilidad para que las concesiones no puedan ser anuladas.

Así, el borrador del acuerdo que UE y EUA están negociando -y que no se contempla que se someta a referéndum- establece que en el caso que una empresa energética considere que se ha visto perjudicada por la actuación de un Estado o de un tribunal, podrá dirigirse al Organismo Regulador sobre Energía y posteriormente a los tribunales de arbitraje del ISDS, y que serán estos los que tendrán la última palabra.

En el caso del conflicto con la petrolera Cairn Energy supondría que aunque el Gobierno español tumbe el proyecto y decida no autorizar las prospecciones, la compañía podría alegar que esta decisión perjudica sus legítimos intereses y exiga recuperar la inversión realizada hasta la fecha o, si así lo estima, una indemnización millonaria por daños perjuicios.

Estas apelaciones a tribunales de arbitrajes ‘neutrales’ supranacionales son cada vez más frecuentes en los tratados de comercio internacionales y un ejemplo paradigmático es el Tratado de Libre Comercio (ATLAN) entre Estados Unidos y Méjico de 1994, que estableció que los arbitrajes los realizaran los ISDS, y que se rigen bajo las reglas del CIADI -Centro Internacional del Arbitraje de Diferencias relativas a Inversiones- una institución que depende del Banco Mundial, cuyo objetivo es “blindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales” y que ha sido fuertemente criticado por diversas organizaciones que consideran que su posición tiende a beneficiar a las empresas.