Antonio Morales, de 71 años, anda inquieto. Hace 18 años que vive de alquiler en el edificio ubicado en el número 1 de la calle del Sol, en Santa Eulària, y ayer recibió un primer aviso judicial de desahucio.
No está sorprendido. Lo esperaba, porque hace ya varios años que vecinos de este edificio se enfrentan a la amenaza de abandonar sus viviendas tras la compra de este bloque residencial en 2021 por parte de una empresa inmobiliaria alemana con al menos 25 propiedades en la isla: C3-Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG – o en corto, C3-Primus.
Ya en julio de 2023, numerosos medios de comunicación locales y nacionales se hicieron eco de las protestas de 16 familias inquilinas, que entonces denunciaron que la empresa –que rechaza el apelativo de fondo de inversión–, les había comunicado que debían abandonar sus viviendas cuando terminasen sus contratos de alquiler, ya que querían hacer reformas en todo el edificio.
Para entender el caso de algunas de las inquilinas actuales hay que remontarse a aquel momento. Las reclamaciones de esta comunidad, apoyadas por el Sindicato de Inquilinas, propiciaron que C3-Primus llegase a un acuerdo con las familias arrendatarias, permitiendo extender algunos contratos que estaban a punto de terminar en 2023 o 2024 durante uno o hasta dos años, todos hasta diciembre de 2025. Todo ello con algunas condiciones importantes.
Una antigua vecina del número 1 de la calle del Sol que dejó la isla tras la llegada de C3-Primus para volver a su tierra natal después de toda una vida de arraigo familiar en Ibiza, explica a Noudiari que la empresa aceptó extender contratos a cambio de que las vecinas detuvieran las protestas y sus apariciones en prensa –un punto que C3 Primus niega–.
Entre aquellos testimonios, de los que se hicieron eco medios como EL PAÍS, El Diario o el propio Noudiari.es, había numerosos casos de madres separadas que convivían con sus hijos, algunos menores, o personas con mayores a su cargo. También había personas con situaciones de discapacidad.
Ante la directriz de que debían irse, como tarde, al terminar las extensiones acordadas, 12 de estas familias han abandonado ya el edificio, la mayoría dejando atrás la isla pese a su arraigo o incluso a haber nacido aquí, ante la falta de una alternativa habitacional.
Otra condición impuesta por C3-Primus fue que, una vez transcurrido ese año o dos años de extensión, ya no habría más concesiones y tendrían que marcharse de sus viviendas.
Otra condición fue que quienes quisieran aceptar la extensión debían asumir también una importante subida del alquiler. Algunos inquilinos aseguran que pagaban una renta de 725 euros y ante las nuevas condiciones de C3-Primus pasaron a pagar 1.100 euros.
La compañía alemana ha indicado a Noudiari.es que cuando establecieron nuevas rentas en las extensiones no hubo subidas tan fuertes, y los nuevos precios que acordaron con las familias existentes en el edificio se situaron en 1.000 o 1.100 euros más gastos según el tamaño de los apartamentos, de entre tres y cuatro habitaciones y entre 100 y 140 m2.
Antonio, encofrador jubilado, llegó de Uruguay a Ibiza hace 24 años. Vive junto a su mujer, Carmen, y su hija de 38 años, que trabajan en el sector de la limpieza, en el cuarto piso del edificio.
Con la pensión de jubilación de Antonio, de 604 euros, y los trabajos como limpiadoras de su mujer y su hija, asegura que no han encontrado una vivienda segura que puedan permitirse.
La extensión de su contrato terminó el 31 de diciembre de 2025. La familia de Antonio decidió, sin embargo, seguir pagando los 1.100 euros mensuales de alquiler y permanecer en la casa en la que viven desde hace 18 años. “Si no encuentras algo que puedas pagar, te tienes que quedar donde estás”, afirma Antonio.
En ese pulso con C3-Primus, el pasado 28 de septiembre recibió un primer aviso judicial de desahucio, aún sin fecha programada. Pero, en otros términos, para la familia de Antonio este no era el primer aviso.
Según denuncia, entre septiembre y octubre de 2025, cuando la extensión de su contrato aún estaba vigente, unas obras en la azotea del edificio causaron importantes daños en su vivienda. “Levantaron toda la azotea, justo encima de nuestra casa, y después de la DANA del pasado otoño nos salía el agua por los enchufes, las lámparas del techo y los marcos de las puertas, nunca antes habíamos tenido un problema igual”, explica Antonio, mientras muestra vídeos e imágenes que complementan su relato.
Antonio asegura que C3-Primus ignoró sus peticiones para resolver los desperfectos causados en su vivienda y sus pertenencias por las obras que se estaban llevando a cabo.
Según explica, C3-Primus comunicó a la familia de Antonio que su vivienda presentaba ahora “daños estructurales”.
C3-Primus confirma este último punto, pero niega que los desperfectos fueran causados por sus obras en la azotea del edificio y defiende que el tejado ya estaba en malas condiciones antes de la compra del bloque. Los techos de los pisos de la cuarta y última planta del edificio en la que vive Antonio se encuentran actualmente apuntalados, excepto el de la vivienda de esta familia.
La empresa argumenta que ofreció a la familia de Antonio una vivienda en el tercer piso durante varias semanas hasta que terminasen las reformas en la parte superior del edificio, a pesar de que ya había caducado el acuerdo de extensión de contrato. También se les ofreció marchar del edificio y volver tres meses después, pero estas opciones fueron rechazadas.
“No querían darme ninguna garantía, ni un documento firmado ni un papel escrito a mano, nada que me asegurase que podíamos vivir en esa otra vivienda o que podríamos volver a nuestra casa de 18 años después de esas reformas”, explica Antonio sobre su rechazo. “Yo tenía documentación justificando que había vivido y pagado el alquiler 18 años en mi casa del 4º piso pero de esta otra vivienda no tenía nada”.
Ahora, la familia sobrepasa en diez meses su acuerdo de alquiler hasta diciembre de 2025 y continúa pagando la renta mes a mes mientras sigue buscando una alternativa al desahucio.
El agotamiento de luchar por tu casa
Amelia González es otra vecina del número 1 de la calle del Sol que se mantiene en sus trece para quedarse en la casa que habita en régimen de alquiler desde 1998.
Su caso es algo diferente al de la familia de Antonio, ya que su contrato formal de arrendamiento terminó el 31 de agosto de 2026. En marzo, mientras estaba vigente el real decreto aprobado por el Gobierno para establecer una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que fueran a finalizar en 2026 y 2027, Amelia comunicó a C3-Primus a través de su abogada su voluntad de acogerse a esa prórroga.
Aunque aquel decreto fue posteriormente derogado por el Congreso, el nuevo Real Decreto-ley aprobado esta semana, pendiente de luz verde en el Congreso, establece que las solicitudes de prórroga formuladas durante el periodo en que estuvo vigente la norma de marzo se consideran válidamente realizadas y no requieren una nueva comunicación.
En base a la comunicación de la prórroga la pasada primavera, Amelia sostiene que tiene derecho a continuar en la vivienda después del pasado 31 de agosto, una posición que C3-Primus no comparte y que rebatirá judicialmente si el Congreso deroga los últimos decretos de vivienda aprobados en Consejo de Ministros.
Desde las protestas de 2023 para renovar sus contratos, Amelia se ha involucrado en otras luchas y en otros casos de desahucio en Ibiza ajenos a su situación. Incluso se ha movilizado por la vivienda en manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas en la isla.
“Pensé que podía ayudar desde mi experiencia, pero ahora creo que no merece la pena si luego vas a una protesta por la vivienda y no hay ni tres personas para sujetar una pancarta”, lamenta Amelia, agotada de defender su techo.
Amelia, de 62 años, es camarera de comedor en un hotel de Santa Eulària en el que lleva trabajando 30 años en turno partido. Tiene claro que buscar una casa era una prioridad desde la llegada de C3-Primus, cuya forma de comunicarse con los antiguos inquilinos ella define como “amenazante”.
“Estoy a punto de jubilarme y por cuatro años que me quedan me voy a ver en la calle”, lamenta esta mujer de origen asturiano, que asegura que ha llamado a todas las puertas en Santa Eulària para buscar una alternativa habitacional que pueda costearse sin renunciar a su trabajo en el municipio.
Tras la llegada de C3-Primus a sus hogares y al ver cómo temblaba su situación residencial, Amelia cuenta que pasó por un periodo de depresión, ahora superado, aunque continúa con apoyo psiquiátrico. “No podía con mi vida, solo llorar”, recuerda ahora.
Tras la aprobación este pasado martes, 29 de septiembre, de los nuevos decretos del Consejo de Ministros para responder a la emergencia habitacional tras el caso de Mari Carmen Abascal, una anciana de 87 años desahuciada por el fondo Urbagestión, Amelia quiere mirar hacia adelante.
Según C3-Primus, que ha respondido a la consulta de Noudiari.es sobre los actuales precios de alquiler en el edificio, los pisos del número 1 de la calle Sol los están alquilando a algunas familias y también directamente a empresas locales para alojar en ellos a sus trabajadores. Las mensualidades de alquiler que cobran a estas empresas y familias oscilan entre los 1.800 euros y los 2.686 euros (+IVA en el caso de las empresas). El precio más alto de la mensuadlidad de la renta con IVA incluido establecido en este edificio se sitúa en 3.250 euros.
Representantes de la empresa con quienes ha podido hablar Noudiari, aseguran que han realizado reformas en aquellos apartamentos del edificio que han ido quedando disponibles y en los cuáles han podido intervenir. Aseguran que no era posible realizar estos trabajos sin que los antiguos inquilinos abandonasen el edificio al terminar sus contratos.
Salvo cuatro pisos, en los que aún residen familias con considerable antigüedad en el edificio, la cartera de inquilinos del nº1 de la calle Sol ha cambiado por completo. Amelia lamenta que el edificio ha pasado de ser una comunidad de vecinos a un lugar de caras desconocidas que van cambiando.
El reciente caso de Mari Carmen Abascal en Madrid, que ha generado una ola de movilizaciones en todo el país y la aprobación en Consejo de Ministros de dos nuevos decretos que aún están pendientes de luz verde en el Congreso, tampoco permite que Amelia deje de mirar por encima del hombro: “Hay cientos de miles de ‘Maricármenes’ y ‘José Antonios’. Es desesperante y la gente tiene miedo”.
