@Noudiari/ Esquerra Unida (EU) afirma que no era necesario regular el alquiler turístico de pisos residenciales, «sino perseguir la oferta illegal», según ha explicado su coordinador en las Pitiusas, Artur Parrón. En cualquier caso, la formación celebra «que el borrador del proyecto de Ley tenga un carácter restrictivo».
Desde EU creen «imprescindible una moratoria de nuevas plazas turísticas en suelo rústico» porque en los úlimos años «se ha producido en las islas una gran reconversión de pisos de alquiler en edificios plurifamiliares residenciales, que se ha transformado en una nueva oferta turística clandestina que ha elevado considerablemente el número total de plazas turísticas comercializadas, contribuyendo significativamente a la saturación, a generar problemas de convivencia y ha provocado un encarecimiento exagerado del precio de las viviendas de alqiuler para los residentes de todo el año».
La Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada por el Partido Popular, según EU, «a pesar de dejar en manos de las comunidades autónomas la regulación turística, favorece esta reconversión, ya que permite el alquiler por días o por semanes de las viviendas residenciales».
Es evidente, dicen desde EU, «que esta circunstancia dificulta el control de las comercializaciones turísticas irregulares pero aún así, hay mecanismos en manos de las administraciones que permiten vigilar, sancionar y sacar del mercado esta oferta clandestina. Desde EU hemos dicho de manera reiterada que el alquiler turístico de pisos residenciales en edificios plurifamiliares, no se debía ‘regularitzar’, sino que se debía combatir», concluyen.
Cesión a intereses y presiones
El Govern, según Esquerra Unida, «se ha debatido entre las presiones de los comercializadores de plazas irregulares y el poderoso ‘lobby’ hotelero y ha optado por una solución ‘salomónica’: autorizar este tipo de oferta, pero someterla a restricciones importantes».
De una primera lectura, «que deberemos de profundizar», del borrador presentado por el Govern, la izquierda sí valora positivamente «como un mal menor dentro de una regulación que consideramos perfectamente prescindible, el aumento del importe de las sanciones, las atribuciones que se dan a los Consells insulares para delimitar o excluir zonas en las que se pueden autorizar los alquileres turísticos en edificiones residenciales, el establecimiento de parámetros de calidad en las viviendas sometidas a comercialización turística, la exigencia de una antigüedad mínima o la necesidad de contar con la autorización de la comunidad de propietarios».
Desde EU concluyen que «se traslada sobre los Consells insulares y los ayuntamientos unas presiones y responsabilidades perfectamente evitables si se hubiese optado por mantener la prohibición».
También han expresado su desacuerdo «en el hecho de que hasta ahora ni el Govern no los consells hayan limitado los denominados alquileres vacacionales, que también liberalizó el PP y que suponen también un gran número de plazas turísticas atípicas y una agresión más al suelo rústico de las islas».
La misma formación que quiere legalizar el consumo de cannabis para acabar con las mafias quiere empezar una guerra contra las personas que quieren alquilar sus casas con fines turísticos.
Aclárense.
Que legitimidad democrática directa tienen??? Ninguna