Evasión fiscal, mafias y exclusión social, claves en el problema de la vivienda en Ibiza

@L.Aversa/La primera Jornada Técnica de la Vivienda en Ibiza, una verdadera maratón de ponentes y expertos que ha durado seis horas en la sala de plenos del Consell, ha dejado claro que el problema de la vivienda en Ibiza está rodeado de mafias y de evasión fiscal, y que conlleva irremediablemente a la exclusión social, no sólo de los más desfavorecidos, sino también de las clases medias.

Además, se ha puesto sobre la mesa la forma en que la falta de vivienda está afectando a la isla como destino turístico: faltan trabajadores consolidados y con experiencia, lo que provoca que Ibiza pierda competitividad como destino de calidad.

La jornada ha comenzado con una petición por parte del presidente Vicent Torres, de «no criminalizar a la actividad turística», aunque ha reconocido la necesidad de un mayor «control público» en la problemática.

Por su parte, la consellera de Vivienda, Viviana de Sans, encargada de dirigir la jornada, ha recordado que la falta de vivienda tiene unas «consecuencias devastadoras en la vida de muchísimas personas», pero se ha mostrado positiva en conseguir una solución.

De la misma forma, la consellera de Presidencia, Pilar Costa, ha celebrado que «se pueda tener un debate sereno» en torno al problema porque cada vez que se plantea «un debate que es una obviedad, que estamos en una isla frágil y limitada, siempre salen voces que dicen que se quiere paralizar todo». «Hay que hablarlo con naturalidad, porque nuestros recursos están sobreexplotados», ha añadido Costa.

Exclusión social

La consellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, la representante de Cáritas, Maite Barchín, y de Cruz Roja, Silvia Carrillo, fueron las encargadas de exponer los problemas de exclusión social.

Jurado ha recordado que las mujeres víctimas de violencia de género han triplicado el tiempo que permanecen en los pisos de acogida del Consell porque no encuentran vivienda.

Maite Barchín, de Cáritas, ha destacado que un trabajador debe dedicar el 80% de su salario a pagar un alquiler, y que la situación es tan «insostenible» que incluso ya hay anuncios en los que se cambia vivienda por sexo.

En la misma línea, la trabajadora social Silvia Carrillo ha confirmado que «hay gente que está trabajando y que vive en la calle».

Como ejemplo de Mallorca, Víctor Cornell, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la capital balear, ha explicado que los problemas de los desahucios y los alquileres están provocando que cada vez se extienda más «la ocupación», y que el perfil de los okupas, «sea cada vez más familiar»: «Tienen trabajo, pero no llegan a pagar el alquiler», ha señalado.

Mafias y propietarios extranjeros

El representante de la Plataforma de Afectados por los Alquileres, Pedro Gil, ha explicado que la asociación ha logrado dibujar «el mapa de la oferta ilegal», que contrariamente a lo que se piensa, no pasa por «propietarios avariciosos».

Según ha explicado, pasa por dos grandes bloques, que son las páginas webs y los portales. Las páginas webs, que incluyen los alquileres turísticos ilegales, «son un 20% de la oferta global», y se están retrayendo con la campaña de inspección iniciada por el Consell. A su vez, el «ruido social» ha provocado lo mismo en los agentes inmobiliarios, por lo que «ha bajado mucho la presencia de apartamentos» en internet.

No ocurre lo mismo con los portales, donde se anuncian pisos en manos de «organizaciones muy bien montadas desde el extranjero, Italia y Reino Unido, que comercializan una gran parte del pastel», ha señalado.

«Los grandes agentes», fuera del alcance de Consell

Esta oferta está incluida en los portales, «que se han convertido en cooperador necesario de toda la trama», como son Tripadvisor, Homeaway y Airbnb, que aunque parecen «muchísimos», en realidad son estos tres. Por ejemplo, webs como VRBO (1.200 apartamentos en Ibiza) Homelidays y Homeaway, «son la misma empresa».

Al profundizar en los perfiles descubren que el 18% son propietarios y el resto son «home manager». Este 82%, se reparte entre agencias legales y grupos organizados.

De esta forma se explica, según Gil, que de los 5.400 pisos anunciados, 5.281 se mantienen en portales y «no se han retraído». «Los principales agentes no son susceptibles de ser intimidados con la campaña del Consell, porque operan desde fuera, viven fuera, y no están inmersos para que les afecte», ha añadido Gil.

Según ha detallado, la oferta no se muestra tal cual es, ya que un mismo apartamento puede aparecer siete veces o un edificio puede anunciar un sólo apartamento, que siempre tiene disponibilidad «porque tiene un montón, pero sólo un anuncio».

«Hay grupos organizados que operan de esta manera, en Platja d’en Bossa, ses Figueretes, y sigue en Patio Blanco, las Boas de Ibiza y White Angel, que se han hecho con el control», ha advertido Gil.

«Del 82% de la oferta, la mitad está en manos de esta gente, lo que significa que la lucha que la Plataforma de Afectados por los Alquileres establecía contra el propietario avaricioso, no existe. El problema es la gran proliferación de mafias. Y las villas están en una situación igual o peor», ha denunciado, y ha explicado que estos casos están siendo investigados por la Guardia Civil.

«El coco no es el Consell, el coco es Hacienda»

Gil ha señalado que este problema es «más de encaje de bolillos» que el programa informático empleado por el Consell para las inspecciones, y ha planteado la idea de la campaña de inspección mixta, porque «el coco no es el Consell, el coco es Hacienda». «Y el coco es que demuestren que llevas alquilando cuatro años y te peguen un sablazo que te mueres. Ahí es donde le tiemblan las piernas a todo el mundo», ha añadido.

El representante ha indicado que aunque de esta forma no se termina con las mafias, «sí con los propietarios que se ven tentados a colaborar». «Y hemos investigado y no son ibicencos, está en manos de personas que no forman parte del tejido que vive aquí todo el año, esto es triste pero es así», ha asegurado.

Gil ha advertido de que los alquileres ilegales promueven «un masivo fraude fiscal», ya que al alquiler le acompañan toda una serie de servicios que «van en negro». «Se infecta todo», ha añadido.

El Ibavi no construirá VPO en Ibiza

La directora territorial del Ibavi en Ibiza, Lucía Prats, también ha participado en las ponencias para explicar los comienzos de la oficina, cuya actividad «no ha hecho más que ir en aumento». Desde que abrió sus puertas el pasado 2 de marzo, ha atendido a 1.310 personas.

Según ha explicado, las principales solicitudes son de demanda directa de VPO, de ayudas al alquiler, aunque «es verdad que el máximo de 600 euros no se adapta a la realidad de la isla», y personas que han acudido «en masa a buscar asesoramiento jurídico» por las reclamaciones de los propietarios para que abandonen las viviendas de cara a la temporada.

Prats ha explicado que el Ibavi no construirá nuevas VPO sino que está intentando captar viviendas ya edificadas, y que busca a propietarios para que las cedan por unos años a cambio de una inversión aportada por el Ibavi para reformas de hasta 15.000 euros.

En este sentido también ha hablado Casimir Gòdia, director general d’Arquitectura i Habitatge, que ha explicado que en los últimos 30 años en Ibiza se han construido 1.600 VPO.

Según ha anunciado, en la nueva ley de Vivienda se establecerá que las futuras viviendas sociales nunca pierdan esta condición, a diferencia de la ley actual, que permite que sean vivienda libre a los 30 años.

Pérdida de competitividad e impacto territorial

También presentaron ponencias la gerente de Fomento de Turismo, Ángeles Nogales, que ha destacado que los trabajadores capacitados se niegan a venir  a la isla, y que efectivamente, la cantidad de trabajadores durmiendo en coches es «masiva». «No sólo no tienen dónde vivir, sino que por las mafias se están produciendo casos de violaciones y de estafas que los dejan en la calle», ha criticado.

Al respecto, Nogales ha señalado que sólo los jóvenes, menores de 25 años, se animan a venir a la isla «en formato albergue». «¿Creéis que podemos sostener una industria turística puntera internacional con mano de obra de 22 años?», ha preguntado Nogales.

Nogales también ha insistido en que «el turista es un amigo». «Hay que ser muy cuidadoso porque donde sobra un turista, sobra un empleado, que es residente, que tiene hijos», ha señalado.

En Barcelona se multan y precintan

Del impacto sobre el territorio habló Jordi Salewski, del Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears, que ha recordado que el territorio es limitado, y que «el derecho a la vivienda va acompañado de muchas otras cosas, de un medio natural adecuado, con recursos» y que no debe ser  «a cualquier precio».

Por último, Jaume Barnada, director de Promoción y Vivienda Social de Barcelona, ha expuesto la problemática de la combinación de pisos turísticos y viviendas en la ciudad condal, y ha explicado que está redactando un plan de vivienda para frenar la emergencia social, intentar movilizar el parque de alquiler y la rehabilitación de barrios.

Según ha explicado, hay 73.000 plazas de hotel en la ciudad y 40.000 plazas en viviendas, que se reparten en 10.000 viviendas legales. También hay otras 10.000 viviendas ilegales, que un cuerpo de inspectores se encarga de descubrir, multar y precintar.

Barnada ha asegurado que Barcelona no incrementará las plazas turísticas.

La última comparecencia ha corrido a cargo de la directora de Turismo, Pilar Carbonell, que ha explicado que finalmente será el Consell el que decidirá si permite la regulación de los pisos turísticos en Ibiza.