EFE / La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Baleares, Pola Julià, ha asegurado este miércoles que ante el empeoramiento de la situación en los Juzgados de lo Social por la crisis sanitaria, hay expedientes con un retraso «tremendo» y ha denunciado «el sufrimiento que conlleva».

Despidos, expedientes de incapacidad temporal o permanente y reclamación de salarios adeudados están entre las cuestiones abordadas en esos juzgados, en un momento en el que «la conflictividad laboral sigue siendo alta y esta situación de crisis seguramente conllevará que se eleve todavía más», ha advertido Julià, en declaraciones facilitadas por el Colegio de Graduados Sociales.

La presidenta de la entidad ha señalado que, aunque la situación de los Juzgados de lo Social no es nueva, «esta crisis la empeorará», por lo que ha reivindicado la necesidad de «partidas presupuestarias valientes en Justicia y de dotar las islas de más Juzgados de lo Social, no sólo con más jueces sino también con personal».

Pola Julià (Felanitx, 1973), reelegida presidenta del Colegio y de la Fundación de Graduados Sociales, ha señalado que su desafío seguirá siendo la coordinación del trabajo de estos profesionales con las diferentes administraciones implicados en el ámbito de la crisis de la COVID-19, la autoridad laboral, la Tesorería General de la Seguridad Social y el SEPE.

«La multitud de normativa publicada en estos últimos meses, su interpretación y los diferentes criterios aplicados han sido un verdadero dolor de cabeza para nuestros colegiados», por lo que la entidad colegial trabaja como fuente de información para tratar de aclarar dudas.

Julià ha señalado que al principio de la crisis, la dificultad fue la tramitación de ERTE ante la autoridad laboral, «con varios cambios en el procedimiento y colapso en la presentación» y las posteriores incidencias surgidas ante el SEPE y la TGSS.

«Los graduados sociales debemos gestionar todas y cada una de las comunicaciones formales en nombre de empresas y trabajadores, en cumplimiento de la norma. En momentos de cambios legislativos estas comunicaciones siempre se complican, con cambios de procedimientos e interpretaciones, pero durante esta crisis en algunos momentos se ha hecho prácticamente imposible», advierte.

En opinión de la presidenta de la entidad colegial, la participación de los graduados sociales en las reuniones con las autoridades, patronales y agentes sociales, habría mejorado la situación: «La tramitación y puesta en práctica de lo pactado sería mucho mejor, en el sentido de dar la visión técnica-jurídica de los procedimiento y evitar así la multitud de incidencias vividas durante estos últimos meses».

Detalla que «la casuística en el mercado laboral es muy amplia y deberían abordarse cada una de las situaciones posibles en los acuerdos alcanzados».

Julià destaca la importancia de la labor de los graduados sociales, como «los mejores especialistas en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social» y la alta valoración de la que gozan en el ámbito de las Administraciones Públicas e instituciones.