EFE / El abogado de 30 familias asentadas en poblado chabolista del municipio de Santa Eulària Can Rova 2, David Fechenbach Marcos, ha presentado un escrito al juzgado contencioso administrativo número 1 de Palma para pedir que aplace al 31 de agosto el desalojo, que el Ayuntamiento anuncia para el próximo martes 15 de julio a las 9 horas.
El representante legal ha señalado que el incendio del pasado 26 de junio en una de las infraviviendas ha motivado el levantamiento de la medida cautelar que tenía paralizado el desalojo y ha considerado “curioso” que aunque en Ibiza se ha registrado muchos incendios, un “pequeño incidente” al que se le ha dado “una magnitud exagerada” se ha utilizado para “perjudicar” a las personas residentes en el terreno.
“Lo único que van a conseguir es que esto vuelva a ser un campo abierto. Estas personas lo que necesitan es una alternativa habitacional y el único que tiene la capacidad de realizar esto es el Ayuntamiento de Santa Eulària a través del departamento de Asuntos Sociales”, ha reclamado el abogado.
Para el letrado, “no es suficiente” que diga que ponen a disposición los Servicios Sociales. Ha pedido que estos servicios acudan al asentamiento, “estudien la situación”, hablen con las familias y den las ayudas que cada una necesita”.
“Algunas necesitan un realojo, otras necesitan ayudas para volver a su país, otras necesitan ayudas para salir de la isla, dependiendo un poco de las circunstancias en las que nos encontramos”, ha añadido.
El abogado ha denunciado que tanto el Ayuntamiento de Santa Eulària, como otros consistorios de la isla, incumplen la Ley del Padrón al no dejar empadronarse a las personas sin residencia legal en España. Entre ellas, ha añadido, hay menores del asentamiento que por este motivo no pueden acceder a las ayudas sociales.
También ha rechazado que no se deje entrar a los servicios técnicos y sociales municipales al poblado y, de hecho, ha pedido que acudan y que se revisen las “instalaciones que ellos quieran” para garantizar la seguridad del terreno para que puedan permanecer hasta finales de agosto y hacer un “desalojo controlado”.
El abogado recurrirá la notificación del desalojo porque esta medida causará “más daño de lo realmente necesario», y ha remarcado que nadie vive en el asentamiento por “capricho”, puesto que las familias no pueden pagar “1.500 euros mensuales por una habitación o pisos a 2.000 y 2.500 euros semanales para tener una alternativa habitacional en plena temporada alta”.
La concejala de Unidas Podemos en Ibiza, Guadalupe Nauda, ha acusado al Ayuntamiento de Santa Eulària de “poner muchísimas trabas para que estas personas puedan acceder a los servicios sociales y a las ayudas”.
Entre los afectados se encuentra Manuel Contreras, de 27 años, que llegó a la isla en abril por trabajo. Ha pedido que les den tiempo para retirar sus enseres: “Tenemos aquí nuestra casa, nuestra vida”, ha afirmado.
«Incluso, si estamos en la calle la policía nos denuncia con 700 euros. Si no podemos estar aquí, no podemos estar en la calle, ¿dónde nos quedamos? No tenemos dónde”, ha añadido. “Tenemos trabajo pero es imposible pagar una habitación que vale lo mismo que cobramos», ha remarcado.
El representante de estos vecinos, Richard Medina, con tres años de residencia en Ibiza y procedente de Can Rova 1, ha pedido que los Servicios Sociales que acudan para buscar formas de ayudarles porque tienen “mujeres embarazadas, niños escolarizados y realmente la gente está muy preocupada”.
Medina ha explicado que las ayudas que ofrece el Consistorio “no son suficientes” y ha puesto como ejemplo que a las mujeres y con niños les dan alojamiento por un mes. “¿Y después de un mes dónde van a ir?”, ha preguntado.
El asentamiento de Can Rova se divide en tres parcelas y, en su caso, Medina representa a 96 personas, seis de ellos menores. Entre las tres parcelas, los moradores rondan las 300 personas.
EFE
