El Pleno del Consell Insular de Ibiza ha aprobado por unanimidad un ambicioso paquete de medidas para reforzar la gestión del agua en la isla, con el objetivo de garantizar el abastecimiento presente y futuro de la isla. Esta decisión llega en un contexto de creciente preocupación por la sequía y la sobreexplotación de los acuíferos, problemas que amenazan seriamente la sostenibilidad hídrica del territorio.
Entre las acciones más destacadas figura la apuesta decidida por modernizar las infraestructuras del ciclo integral del agua, mejorar y ampliar las plantas desaladoras y fomentar el uso de agua regenerada tanto en el ámbito agrícola como en el ambiental.
Asimismo, se llevarán a cabo estudios de viabilidad para la recarga de acuíferos y el almacenamiento de agua desalinizada, con el fin de aumentar la seguridad hídrica de Ibiza. Otra medida relevante es la creación de nuevas balsas de riego, que facilitarán un mejor aprovechamiento del agua depurada.
El Consell también ha decidido dotar con recursos suficientes a la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, para que pueda ejercer plenamente sus competencias, y ha anunciado una colaboración estrecha con los ayuntamientos de la isla para que las inversiones se distribuyan de forma equitativa en todo el territorio.
La transparencia y la participación ciudadana serán pilares clave: se publicarán informes y diagnósticos periódicos sobre la situación del agua en Ibiza, y se garantizará la voz del sector primario y la sociedad civil a través de la Junta Insular de l’Aigua.
El conseller de Gestió Ambiental, Ignacio Andrés, ha sido claro: «La situación actual nos obliga a actuar con determinación para asegurar el suministro y proteger nuestros acuíferos. La reutilización del agua depurada y la modernización de las infraestructuras son imprescindibles, y debemos hacerlo de la mano de los ayuntamientos y los sectores implicados».
Estas medidas responden a una realidad urgente: los periodos reiterados de sequía, la presión sobre los acuíferos y el retraso acumulado en inversiones por parte de otras administraciones. Ahora, los acuerdos serán trasladados a las instituciones y organismos competentes para su evaluación e implementación.
