Con un plano sobre la mesa que los identifica y sitúa y con una batería de medidas para controlar una situación que estalló en 2024 con el desalojo de Can Rova I, el Ayuntamiento de Ibiza ha celebrado este jueves una «reunión institucional de urgencia» para abordar el aumento de asentamientos y poblados de chabolas en distintas zonas del municipio.
«La proliferación de estas estructuras precarias ha encendido las alarmas ante el creciente riesgo que suponen para la seguridad pública, la salud y la protección del medio ambiente», explican en un comunicado tras el encuentro en el que han formado parte representantes del Consell Insular de Ibiza, la Policía Local de Ibiza, Servicios Sociales, IBANAT, SEPRONA, Guardia Civil y técnicos municipales.
Vila afirma que todos coinciden en la necesidad de «incrementar actuaciones coordinadas y urgentes».
Durante la reunión se ha constatado la existencia de «zonas especialmente sensibles, donde la acumulación de materiales inflamables y la precariedad de las construcciones suponen un alto riesgo de incendio».
«Como primera medida, se ha decidido aumentar los dispositivos de vigilancia reforzada y se ha alertado a SEPRONA, IBANAT y Guardia Civil para llevar a cabo actuaciones preventivas inmediatas«, apuntan.
Tras instalar gálibos en las entradas de los aparcamientos disuasorios para impedir que entren caravanas y furgonetas camperizaras, Vila propone ahora un Plan de Acción para hacer frente al problema con tres acciones principales: «Continuar con el diagnóstico y seguimiento de los asentamientos existentes, con un mapeo actualizado, análisis técnico y social, y coordinación con Servicios Sociales para detectar casos de alta vulnerabilidad»; una intervención social directa, con el refuerzo de los equipos de mediación y educadores de calle, y la articulación de un protocolo específico para familias con menores y medidas de orden público y recuperación del espacio común, que incluyen «desalojos ordenados en aquellos casos que supongan un riesgo para la seguridad, siempre con el acompañamiento de los Servicios Sociales».
«Esta problemática no puede recaer exclusivamente sobre las administraciones locales, y por ello reclamamos la implicación urgente de todas las instituciones con competencias en vivienda, inclusión social y medio ambiente», ha afirmado la concejala de Bienestar Social, Lola Penín.
