@Noudiari / El año 2016, la Inspección de Lucha contra el Fraude Agroalimentario llevó a cabo veinticinco controles oficiales de abonos (nueve en Mallorca, ocho en Menorca, seis en Eivissa y dos en Formentera), y en el análisis de las muestras en el Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Madrid) se detectaron diecinueve presuntas infracciones.
Dado que los payeses no tienen la consideración de consumidor en la actividad profesional, la Dirección General de Agricultura y Ganadería, que es la autoridad competente para defender sus intereses económicos, lleva a cabo estos controles. Los controles tenían como objetivo comprobar la riqueza, la composición, el etiquetado y la trazabilidad de los abonos, con el fin de asegurar que la información que se proporciona al agricultor es correcta.
Las actuaciones de la inspección han permitido detectar ciento veintisiete presuntas infracciones, ochenta y dos relacionadas con la composición, cuarenta y dos con el etiquetado y tres de documentación.
Las de composición están relacionadas con discrepancias entre la riqueza declarada y la real o con el hecho de que la solubilidad de los compuestos químicos es inferior a la que se declara en la etiqueta. Así, por ejemplo, abonos que declaraban un 36% de materia orgánica tenían efectivamente un 22,3%, abonos que declaraban un porcentaje de azufre del 5% tenían un 3,1%, o abonos que declaraban un porcentaje de calcio de un 8% tenían sólo un 0,6%.
Las infracciones de etiquetado están relacionadas con la falta de información obligatoria y con la presencia de declaraciones no permitidas en relación a las características de los abonos que pueden inducir a confusión al agricultor.
Las actuaciones de la Inspección han derivado en varios expedientes sancionadores que tramita el Servicio Jurídico de la Dirección General de Agricultura y Ganadería. El valor de las sanciones de los expedientes que se resolvieron durante el año 2016 fue de 12.887,64 euros.
