David Ventura / El presidente de Ibiza de Noche y la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (Abone), Jesús Sánchez, quien es también vicepresidente de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, repasa en esta entrevista la delicada situación por la que atraviesa su sector tanto en Ibiza como en el conjunto de Baleares y el incierto futuro que se presenta a corto plazo debido a la pandemia.
Remarca la necesidad de recuperar la actividad este mismo verano tras permanecer más de un año cerrada para que los negocios que siguen en pie puedan subsistir y hace hincapié en la necesidad de regular y «hacer cumplir la ley» en cuanto a las actividades secundarias que promueven los hoteles, que «tienen que estar exclusivamente destinadas a los clientes que están alojados» en los mismos, afirma.
¿Discotecas y salas de fiestas podrán abrir este verano?
Tengo serias dudas de que sea posible, debemos mantener la esperanza. Lo primordial, lo que debemos garantizar, es la seguridad sanitaria, como hemos hecho desde el primer momento en que comenzó esta pandemia.
Somos conscientes de que los recintos cerrados tendrán más restricciones que las actividades en espacios abiertos, eso es incuestionable. Por tanto, tengo muchas dudas de que este verano podamos retomar la actividad como conocimos en otros tiempos.
Por un lado parece complicado meter a 2.000-3.000 personas en un espacio cerrado y sin distancia de seguridad. Sin embargo, tenemos la experiencia reciente del concierto de Love of Lesbian en Barcelona en el que se juntaron 5.000 personas a quienes ese mismo día se les había hecho un test de antígenos. ¿Es posible realizar en Ibiza experiencias de este tipo? ¿Se pueden tomar para garantizar la seguridad o no es un escenario realista?
Esto mismo nos lo planteamos en abril del año pasado. Durante dos meses estuvimos trabajando junto a la Secretaria de Estado de Turismo, con prevención de riesgos laborales y sindicatos para elaborar un documento de protocolos especifico para nuestras salas. Estuvimos trabajando en este protocolo desde la Federación Nacional. Lo elevamos al Ministerio de Sanidad para que lo aprobase y lo aprobó. Pues bien, el Govern balear nunca nos ha dejado testar este documento, y eso que está aprobado por la máxima autoridad, que es el Ministerio de Sanidad. Nosotros hemos hecho este ejercicio de responsabilidad.
Económicamente, ¿se pueden permitir un segundo año cerrados?
Nosotros, que representamos desde discotecas a salas de baile, cafés concierto, bares musicales… estamos cerrados por imperativo legal del Gobierno. Hemos asistido a una estigmatización muy dura, incluso publicada en decretos. Leímos hace unos meses con sorpresa y disgusto como en la exposición de motivos de un Decreto aprobado por el Gobierno, se decía que los establecimientos de ocio nocturnos éramos el principal foco de infección. Nos confundían a nosotros con las fiestas ilegales clandestinas.
En este proceso nos hemos sentido muy abandonados por parte del Govern. Siendo el único sector que ha estado completamente cerrado desde marzo del año pasado hemos tenido serias dificultades para hablar con el Gobierno. Un tercio de los establecimientos que representamos en Baleares ya han tenido que cerrar. Si este año no podemos desarrollar ninguna actividad, el número de establecimientos que va a cerrar será mucho mayor.
Han denunciado la falta de comunicación que tienen con el Govern balear. Finalmente, ¿han podido reunirse con el conseller Negueruela o con algún miembro del Ejecutivo autonómico?
Hemos tenido tres o cuatro reuniones con el Govern en este tiempo, pero solo tuvimos una con el conseller Negueruela, pero fue simplemente para informarnos que no podría abrir ningún negocio de nuestra actividad. Fue una reunión informativa, ni siquiera negociadora. Las otras las hemos mantenido con directores generales de Sanidad, cuando nosotros no somos un problema sanitario.
Ahora parece que las cosas están cambiando. Tenemos prevista para principios del mes de mayo una reunión con el conseller Negueruela. Somos conscientes de que la reivindicación de abrir los negocias tiene que estar basada siempre en la premisa de garantizar la seguridad. Además, se deben tomar medidas para que nuestros empresarios, que están en situación de UCI, puedan, si me permiten la metáfora, subir a planta y después recuperarse de esta enfermedad traumática.
¿Creen que cuando el Govern quiere promocionar Baleares como un destino turístico seguro, es un error no incluir también al sector del ocio nocturno?
Entiendo el desconcierto de los políticos. Nosotros, por el bien de la economía de las Baleares, tenemos que presentarnos como un destino seguro sí o sí, para que al menos algunas actividades puedan recuperarse. En un principio se nos sacrificó al ocio nocturno para salvaguardar el resto de los sectores. Estamos dispuestos a mantener este sacrificio por el bien de la economía de las Baleares, porque si no hay actividad turística la situación económica, que ya es difícil, puede ser dramática.
Pero lo que no podemos entender son las prohibiciones por imperativo legal. Se ha llegado a decretar el cierre de la actividad en calles concretas, como en el West End de Sant Antoni. El sinónimo de prohibir es no gestionar. Creemos que lo que hay que hacer es gestionar.
En esta situación… ¿tienen miedo a que aumente el intrusismo y que cualquier espacio abierto pueda convertirse en una potencial discoteca o sala de fiestas?
Es cierto que las actividades en el exterior van a tener ventajas, pero estas también deben estar sujetas a una normativa. El pasado noviembre tuvimos una sentencia del contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears sobre el Hotel Saratoga, que lo que hace es arreglar por vía judicial lo que los políticos no han sido capaces de hacer, y pone negro sobre blanco una premisa clara: las actividades secundarias de un hotel tienen que estar destinadas a los clientes que están alojados.
Han pasado casi 10 años desde la aprobación de la Ley 8/2012 (Ley de Turismo) para que un juez diga que esas actividades que convierten a un hotel en discoteca o sala de conciertos se pueden hacer sin licencia sólo si van destinadas a sus clientes, de lo contrario se debe pedir la licencia pertinente. Por tanto, en el momento que tengamos que recuperar la actividad hay que hacerlo poniendo las cosas en su sitio. No es posible que un club de playa con capacidad para 500 personas y con licencia solo de restauración acoja una actuación musical para 3.000 o 4.000 personas.
Respecto a la polémica de Abone con los hoteles que ofrecen servicios también como discoteca, ¿en qué situación se encuentra? ¿Judicialmente como está el tema? ¿Crea jurisprudencia?
El dictamen es muy claro. Sin licencia, las actividades de los hoteles deben ir destinadas exclusivamente a los clientes alojados. La impunidad con la que se ha actuado hasta ahora en Ibiza ha quebrado el equilibrio económico. Lo que hacen estos establecimientos hoteleros es mantener al cliente cautivo, ofreciéndole una oferta que se extiende durante todo el día, de manera que éste no abandona el establecimiento, cuando lo que tendría que hacer es disfrutar de la oferta multidisciplinar de la isla.
Estos establecimientos que actúan como hoteles-discoteca están destruyendo la noche de Ibiza, una de las más famosas de todo el mundo. El cliente que no se mueve del establecimiento ya no tiene la experiencia de disfrutar del glamour de la noche ibicenca. Supone el fin a como se ha entendido hasta ahora el ocio nocturno en Ibiza, cuando precisamente es más importante que nunca poner en valor la marca de Ibiza de Noche.
¿Falla la facultad inspectora?
La inspección siempre ha estado en precario. Se deberían dotar a los servicios inspectores de las dotaciones suficientes y aplicar el capítulo sancionador, pero hay muy pocos inspectores.
Los empresarios que hacemos bien las cosas no queremos que nos den una medalla por cumplir, sino que pedimos que a los que incumplen se les sancione. La Ley de Turismo de Excesos no sería necesaria si se aplicara la ley.
En ocasiones, es la maraña burocrática y las disputas entre administraciones lo que dificulta el cumplimiento de la ley. Tuvimos un ejemplo cuando los party boats se convirtieron en un foco de controversias continuas. Año tras año se reunían las distintas administraciones -comandancia marítima, dirección general de puertos, guardia civil del mar, ayuntamientos- para actuar en contra, pero ninguno ha estado dispuesto a ceder su parte de competencia para que una sola administración actuara… Era imposible que se pusieran de acuerdo.
