La Cámara de Comercio se ofrece a ser la ‘recaudadora’ del impuesto turístico

@Noudiari/ La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera ha propuesto al Govern Balear y también al Consell Insular ser la encargada de la recaudación del nuevo impuesto turístico, con la intención de «encontrar una solución que evite que la implantación del impuesto no suponga una dura carga para el sector hotelero, que es quien según prevé la Ley en trámite, deberá asumir la responsabilidad de recaudar».

Desde la Cámara recuerdan que hasta la reforma de la Ley de Cámaras del año 1993, las Cámaras de Comercio se financiaban a través del cobro de una exacción parafiscal denominada ‘recurso cameral permanente’, que consistía en un porcentaje que gravaba de forma progresiva los beneficios netos de la actividad del empresario. Para ello y previa firma de los convenios pertinentes, la Agencia Tributaria cedía a cada Cámara los datos del censo empresarial y la base de tributación sobre la que confeccionar el   citado recurso.

Este antiguo mecanismo de financiación supone, según explican, «una amplia experiencia de las Cámaras en la gestión y recaudación de tributos. Derivada de esta gestión de fondos públicos las Cámaras están obligadas por Ley a presentar una contabilidad perfectamente Auditada, que se envía a la administración tutelante para su fiscalización», en este caso la Consellería de Comercio del Govern. Además, en la actualidad las cuentas auditadas deben ser depositadas también en el Registro Mercantil de Baleares.

Por todo ello, desde la Cámara de Comercio consideran «que encomendar la gestión y recaudación de la llamada ‘ecotasa’ a las Cámaras podría ser muy ventajoso para todos los implicados».Su propuesta pasaría por encargarse de recaudar la tasa al turista directamente «lo que solucionaría el conflicto planteado con el sector de la hosterlería, ya que no deberían soportar la carga de su gestión».

Desde la Cámara de Comercio aclaran que el sistema de cobro a través de sus organismos, «sería una enorme ventaja para la Agencia Tributaria de las Illes Balears, ya que en vez de tener que controlar las potenciales miles unidades de gestión del impuesto (hoteles, apartamentos, hostales, etc.) deberían fiscalizar   únicamente la actuación de las Cámaras de Comercio, es decir, una única entidad responsable de la gestión del tributo».

Estar presentes en las Comisiones

Como es imperativo legal que el impuesto se destine a la finalidad de fomento de un turismo sostenible ecológicamente o a planes con fines de mejora turística, desde la Cámara recuerdan que se prevé crear una Comisión para gestionar los planes que deberán financiarse con el impuesto. Estas Comisiones, proponen, «podrían estar integradas por las Cámaras que podrían encargarse de gestionar este tema, con la debida participación y control de la Administración competente».

El hecho de que las Cámaras se encargaran de la gestión tendría «vocación de futuro».  Explican que «si el sistema se implanta, funciona y no genera malestar entre los sujetos al pago del mismo, no dudamos de que tendrá vocación de permanencia, mucho más allá de la legislatura política».

Un plan B

Pese al ofrecimiento, la Cámara de Comercio recuerda que para ellos la opción ideal «sería que el cobro del impuesto se realizara a través de puertos y aeropuertos pero para que ello sea posible, es necesario que el impuesto se aplique a todos los pasajeros que entren o salgan de la isla, sin distinción de residencia o nacionalidad».  Es decir que todos deberíamos abonar este impuesto.

La propuesta alternativa de la Cámara sería «que se cobrara una tarifa única por salida y por pasajero. Habría que estudiar el coste de la misma y darle una validez de un año (como una especie de abono). Si la cantidad no fuera muy elevada, para los residentes o nacionales que viajen varias veces al año el precio sería mínimo por cada desplazamiento».

Según los representantes de la Cámara, «sería además una manera de premiar a los residentes extranjeros en nuestras islas, frente al turista ocasional».

En cualquier caso, la primera piedra en el camino en este caso estriba en llegar a un acuerdo con AENA y el Ministerio de Formentero y con Puertos del Estado, pero dicen desde la Cámara, «somos conscientes de que en la actualidad es la principal dificultad pero es un tema de consenso político».