La comisión de investigación de las autovías expone 19 conclusiones para ser investigadas

@B.R./ Durante la presentación del documento de conclusiones de la comisión de investigación de las autovías de Eivissa se ha explicado que el ex director de carreteras del Govern balear Carlos Jover, la ex consellera de Obras Públicas del Consell d’Eivissa, Stella Matutes, la también ex consellera de Obras Públicas del Govern y actualmente diputada del PP, Mabel Cabrer, o el expresidente balear Jaume Matas, en  sus comparecencias acreditan «la intencionalidad y la voluntad de asumir el control de todo el proceso» de las carreteras de Eivissa, «así como la vinculación de buena parte de los sobrecostes a determinadas decisiones políticas».

Asimismo, según el documento se constata que la discrecionalidad con que se administraba el dinero de la ejecución de las obras permitía «esquivar» fácilmente los controles públicos por parte de las empresas constructoras como, por ejemplo, de facturas por gastos de publicidad, «una práctica en consonancia con otros casos de presunta corrupción relacionados con la financiación irregular del PP «y que, ahora, están siendo investigados, como la conocida ‘Trama Púnica’.

Según el informe, la manera en que los responsables políticos tomaron las decisiones en cuanto a las autopistas de Eivissa apuntan «la ilegitimidad» de una deuda generada «que deberán asumir las ciudadanas y ciudadanos» y que representa «la segunda hipoteca más grande de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB)» con un canon anual de más de 20 millones de euros, debido a los sobrecostes de «una actuación que tenía que costar, según el convenio de carreteras de 1999, 8,33 millones de euros, que se licitó por 166 millones de euros y que ha acabado costando 600 millones de euros».

El informe resalta «las mentiras y contradicciones» entre los comparecientes «que podrían abrir» vías de investigación adicionales susceptibles de ser judicializadas.

Las conclusiones son las siguientes: 

• Las modificaciones en el proyecto y la metodología de obra, sobretodo relacionadas con deficiencias en el proyecto inicial de las autopistas, se incrementaron los costes de construcción de forma sustancial. Estas modificaciones venían determinadas por las «prisas» en la adjudicación y ejecución, así como por la injerencia política a la hora de tomar determinadas decisiones.
• El proceso de expropiación estuvo plagado de irregularidades, no solo en la ocupación por la fuerza de casas y terrenos de particulares sino también por unos «errores» en la cualificación urbanística de los terrenos eu beneficiaron al grupo de empresas del señor Abel Matutes.

• En el caso de las obras de accesos al aeropuerto de Eivissa, la UTE Acceso Ibiza contó con una ventaja competitiva de cara a la licitación, por la existencia de acuerdos empresariales entre la empresa MAB y empresas del señor Matutes en relación tanto al suministro de áridos por las obras, como en la ubicación de las tierras extraídas.

• Se ha acreditado que el proceso de contratación, como señala la auditoría de Gerens Hill, y la documentación administrativa aportada a la comisión, no se ajustó a derecho por las modificaciones respeto a los pliegos recortes de la contratación incluidas por FCC en su oferta.

• Ha habido un proceso de des-responsabilización política, administrativa y empresarial en las decisiones tomadas, y la voluntad política expresada de «imprimir velocidad al procedimietno» se ha acompañado de decisiones y actos administrativios poco fundamentadas y de una asesoría externa uqe tampoco no ha servido para defender los intereses de la administración.

• Se ha acreditado la intencionalidad y la voluntad de asumir el control de todo el proceso de diseño, concesión, adjudicación y construcción de las carreteras de Eivissa  por parte de determinados dirigentes del Partido Popular, así como la vinculación de buena parte de los sobrecostes a determinadas decisiónes políticas.

  

• La gestión de las tierras ha sido beneficiosa desde el punto de vista económico tanto por la concesionaria del acceso al aeropuerto como por el grupo de empresas del señor Matutes. Se trata de una cuestión que a más del elevado sobrecostes que ha representado y representa para la CAIB, ha generado un impacto paisajístico que se agrava por el hecho de que no se han restituido los terrenos a su situación inicial.

• Es evidente que se ha destruido numeroso patrimonio arqueológico de valor incalculable, hecho que no se tendría que haber producido si las obras de las autopistas de Eivissa se hubieran ejecutado de otra forma. El departamento de patrimonio del Consell d’Eivissa, junto con las empresas responsables de las obras y el director general de obras públicas del Govern, el señor Jover, son los responsables directos de esta desctrucción y del incumplimiento flagrante de la Ley de Patrimonio.

• No se ha podido acreditar la destinación del 1% cultural de ninguna de las dos concesiones- más de 1,5 millones de euros entre las dos- ni para tareas de protección del patrimonio ni para el pago de las esculturas de las rotondas.

• Las empresas adjudicatarias compraron las esculturas de las autopistas a instancias del entonces director de obras públicas del Govern, el señor Jover, quien simultáneamente actuaba desde la vertiente privada como promotor de los propios autores de las esculturas. Estas empresas intentaron también que las esculturas fueran pagadas por la administración a cargo del 1% cultural, cuando se trata de un gasto de ornamentación y jardinería que si forma parte del proyecto, habrían de ser retornadas a las rotondas por parte de las empresas constructoras.

• Se adjudicaron las obras de las autopistas a las empresas que presentaban opción de rescate más cara, que casi hacía inviable este eventual rescate. Este factor juntamente con el desconocimiento del modelo de régimen concesional por parte de los técnicos y funcionarios del propio Govern ha situado la administración en una posición de debilidad delante de las concesionarias, sobretodo delante de la gestión de una concesión con numerosos legítimos judiciales.

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• El mismo expediente de las autovías ha sido gestionado por el señor Jover, la misma persona que asumió decisiones políticas que generaron sobrecostes importantes en las obras, y años después, durante la pasada legislatura, es la misma persona que informa como jefe del departamento de la CAIB sobree stos mismos sobrecostes, para mayor beneficio de las empresas concesionarias.

• Los problemas de drenaje también han sido un factor de sobrecoste de las autovías de Eivissa, pero no se han podido imputar a las empresas concesionarias ya que partían de deficiencias en el proyecto original encargado por parte del Govern balear a la empresa Apia XXI. También se ha detectado en la comisión irregularidades en el proceso de enmienda de este problema durante la pasada legislatura.

• Los mismos responsables de las empresas concesionarias han admitido delante de la comisión que lo que permitió cuadrar las cuentas de las concesionarias es el reconocimiento de sobrecostes por parte de la administración, lo que explica el alto grado de ligitosidad de estas obras.
• El cómputo de vehículos es un elemento determinado del canon que la administración paga a las concesionarias, y se ha hecho servir por parte de las empresas constructoras desde el primer momento porque se les paga más de lo que les pertoca.

• El cambio de criterio de la Intervención General de la CAIB está motivada por las determinaciones de la SEIC2010 que entraron en vigor en 2014, y que establecían cambios en las normas de contabilización de la deuda púbica a partir de las cuales los contratos de concesión pasan a computar como deuda púbica de la CAIB. Este cambio de posición planteó la cláusula 55 como limitativa y a partir de aquí se iniciar el expediente de lesividad.

• Los informes encargados y/o elaborados por la Administración y que han servido para fundamentar las sentencias ratificada por el Tribunal Supremo que condenada a la CAIB a pagar 30 millones de euros a las empresas constructoras se fundamentan en actos fraudulentos e información parcial.

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  La previsión de gasto en comunicación y publicidad de hasta un 2% es una cantidad muy elevada en relación al presupuesto de las obras, y en cambio la justificación de este gasto es inexistente. La existencia de este tipo de cláusulas en lso contrtos de obra públia y su presunto uso de cada a la financiación irregular del PPP está siendo investigado en este momento en el caso de la llamada ‘Trama Púnica’.

• La auditoría de las obras de las autopistas de Eivissa realizada por la firma Gerens Hills en 2010 es la más exhaustiva que se ha realizado y señala numerosas irregularidades en la contratación, ejecución y gestión de las autopistas de Eivissa, pero nos e ha utilizado por parte de la Administración de la CAIB ni de la Abogacía en defensa de los intereses públicos frente a las constructoras.

El informe completo puede consultarse en el siguiente enlace:

RGE_Informe_conclusions_comissió